La comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, celebrada este jueves 12 de noviembre, debía servir para explicar los cambios en su Gobierno. Sin embargo, terminó dejando al descubierto una discusión mucho más importante: qué está dispuesta a hacer la presidenta para facilitar el acceso a una vivienda y hasta dónde pretende llegar en su rechazo a las medidas aprobadas por el Ejecutivo central. Entre reproches al Gobierno de Pedro Sánchez, ataques a la huelga general y descalificaciones contra sus adversarios, la cuestión esencial quedó sin una respuesta convincente: cómo conseguir que los madrileños puedan pagar una casa con sus salarios.
Ayuso volvió a presentar la defensa de la propiedad privada como el argumento central de su política residencial. Calificó de «bodrio» el decreto de vivienda y anunció que la Comunidad de Madrid no aplicaría determinadas medidas dentro del margen que le permitan sus competencias. Una posición que va acompañada de su negativa a utilizar los mecanismos de limitación de alquileres previstos en la legislación estatal.
Pero defender el derecho de propiedad y garantizar el acceso a una vivienda no son objetivos necesariamente incompatibles. Precisamente esa compatibilidad es la que debería buscar una política pública capaz de equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos.
Madrid construye viviendas, pero los alquileres siguen en máximos
La presidenta reivindicó los resultados del Plan Vive, con casi 7.000 viviendas entregadas y un objetivo ampliado de 16.500 en 23 municipios. También anunció nuevas promociones de alquiler asequible y defendió que Madrid es líder en construcción de vivienda protegida.
Sin embargo, las cifras de construcción no eliminan por sí solas el problema de accesibilidad residencial.
Según los datos de Idealista correspondientes a octubre de 2026, el alquiler anunciado alcanzó en Madrid capital los 23,4 euros por metro cuadrado, un máximo de su serie histórica. En la Comunidad de Madrid llegó a 21,6 euros, un 5,2 % más que un año antes.
Una vivienda de 70 metros cuadrados en la capital, calculada con ese precio medio de oferta, supondría 1.638 euros mensuales. No representa el alquiler efectivo de todos los hogares, pero permite comprender la magnitud de las dificultades que afrontan quienes buscan casa.
Por tanto, la pregunta que Ayuso debería responder no es únicamente cuántas viviendas anuncia su Gobierno, sino cuántas pueden pagar realmente los trabajadores, los jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos.
Mar Espinar: «Madrid es la región más rica con los servicios públicos más pobres»
La portavoz socialista, Mar Espinar, cuestionó la política económica y residencial del Ejecutivo autonómico. «La vivienda es un problema en todo el mundo, pero es que en Madrid es un problemón», afirmó durante su intervención.
Espinar acusó al Gobierno de permitir que los grandes propietarios y los inversores inmobiliarios condicionen el acceso residencial. También vinculó la crisis de la vivienda con las dificultades que atraviesan la sanidad y la educación públicas.
Su afirmación de que Madrid es la región más rica con los servicios públicos más pobres constituye una valoración política que necesita contrastarse mediante indicadores comparables. Pero su crítica plantea una cuestión de fondo: la elevada actividad económica de una comunidad no garantiza automáticamente que sus habitantes puedan acceder a una vivienda adecuada.
La portavoz socialista defendió las razones que llevaron a miles de personas a secundar la huelga general del 11N. «¿Cómo no va a ir la gente a la huelga, señora Ayuso?», preguntó, después de recordar las expresiones «mafia» y «basura» utilizadas por la presidenta contra determinadas organizaciones sindicales.
El acceso a la vivienda, recordó en esencia la intervención socialista, no puede separarse de los salarios. De poco sirve una mejora de ingresos si buena parte de ella termina absorbida por el alquiler.
Bergerot acusa a Ayuso de dar vía libre a la especulación
Manuela Bergerot fue todavía más explícita al cuestionar las decisiones del Gobierno regional. «En Madrid los precios de la vivienda siguen disparados porque ustedes quieren», afirmó la portavoz de Más Madrid, que acusó al Ejecutivo de permitir la especulación inmobiliaria y de negarse a intervenir sobre las rentas.
La afirmación sobre las intenciones del Gobierno es una acusación política de Bergerot, pero la negativa de Ayuso a aplicar determinados instrumentos de contención de alquileres forma parte de una discrepancia pública y documentada entre ambos modelos. Más Madrid considera que la construcción debe acompañarse de medidas que proporcionen estabilidad a los arrendatarios, limiten prácticas abusivas y amplíen el parque público.
Bergerot planteó directamente a la presidenta si le parecía mal impedir determinadas subidas del alquiler durante dos años o reforzar la protección de las personas vulnerables frente al desahucio. También anunció su intención de avanzar hacia los contratos indefinidos y una fiscalidad más elevada para los grandes propietarios. «Vamos a freír a impuestos a los multipropietarios que viven de las rentas», declaró, en una intervención que también incluyó propuestas de expropiación cuyo alcance jurídico no detalló.
Estas medidas son discutibles y merecen una evaluación de sus consecuencias, pero al menos identifican instrumentos concretos de actuación frente al problema residencial.
Vox quiere desregular, pero no explica cómo abaratar la vivienda
La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, aprovechó su intervención para defender una amplia desregulación, recortes del gasto administrativo y restricciones migratorias.
También aseguró que el Partido Popular y Vox están «condenados a entenderse».
En materia de vivienda, su discurso no ofreció un programa detallado que permita calcular cuántos pisos adicionales se construirían, a qué precios llegarían al mercado o cómo se garantizaría el acceso de quienes no pueden asumir las rentas actuales.
Vox relacionó la presión sobre los recursos públicos con la inmigración, pero no aportó en esa intervención un estudio que demuestre que sus propuestas migratorias vayan a resolver el déficit de vivienda asequible.
Reducir burocracia puede facilitar determinadas promociones. Sin embargo, no basta con anunciar desregulación para demostrar que las viviendas resultantes estarán al alcance de los trabajadores.
Y ahí reside una de las principales debilidades del debate: el PP reivindica la construcción; Vox reclama menos regulación; pero ninguno presentó en esa sesión una explicación suficiente de cómo esas políticas conseguirían reducir el esfuerzo económico de las familias que buscan vivienda.
PP, Vox y Junts rechazan los decretos, pero la protección antidesahucios sale adelante
La discusión de la Asamblea coincidió con una votación determinante en el Congreso. La Diputación Permanente convalidó, por 35 votos frente a 34, el decreto que refuerza la protección antidesahucios, incorpora medidas sobre alquileres temporales y permite determinadas prórrogas extraordinarias de los contratos.
El PP, Vox y Junts votaron en contra. En cambio, el segundo decreto, que pretendía establecer contratos de alquiler de duración indefinida bajo determinadas condiciones, fue rechazado por 35 votos frente a 34. A los votos negativos del PP, Vox y Junts se sumó el PNV. Esta diferencia es fundamental: el Congreso no aprobó los alquileres indefinidos, aunque sí permitió mantener otras medidas de protección residencial.
La posición del Partido Popular y Vox frente a ambos textos resulta especialmente relevante porque sus dirigentes insisten en denunciar la crisis de vivienda mientras rechazan instrumentos estatales diseñados para intervenir sobre ella. Ese rechazo puede responder a objeciones jurídicas o económicas legítimas, pero exige explicar qué alternativas ofrecen y con qué resultados previsibles.
La vivienda exige respuestas, no una nueva batalla de insultos
Ayuso tiene derecho a defender un modelo basado en aumentar la construcción y proteger la propiedad. También tiene la obligación política de explicar sus resultados y reconocer sus límites. La realidad es que Madrid continúa registrando precios extraordinariamente elevados, mientras el acceso a una primera vivienda se convierte en una dificultad persistente para numerosos hogares.
El enfrentamiento con los sindicatos, las acusaciones contra el Gobierno central y los reproches a quienes respaldaron la huelga del 11N no modifican esa situación. La presidenta puede rechazar la regulación de los alquileres, pero ese rechazo no sustituye a una política de vivienda capaz de demostrar que los precios dejarán de alejarse de los salarios.
Y Vox puede exigir menos regulación, pero tampoco queda eximido de explicar cómo garantizaría el acceso residencial sin las medidas de protección que critica.
El debate de la Asamblea de Madrid deja, por tanto, una pregunta sin resolver para el Gobierno autonómico y para quienes comparten su oposición a las medidas estatales: si construir más es la respuesta suficiente, ¿por qué acceder a una vivienda sigue siendo tan difícil para tantas familias madrileñas?
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