A escasas horas de que arranque oficialmente la campaña electoral y bajo el eco reciente de la huelga general convocada por la crisis habitacional, la Diputación Permanente ha partido por la mitad la ofensiva gubernamental en materia de vivienda. Según se desprende del desarrollo de la sesión parlamentaria, el órgano de guardia de la Cámara Baja ha resuelto el pulso en dos bloques nítidos y por la mínima diferencia matemática. El Ejecutivo logró salvar el primer real decreto-ley (que prohíbe los desahucios, prorroga los alquileres durante dos años y fija un tope de subida del 2%) por 35 votos a favor frente a 34 en contra, pero vio caer el segundo texto, que pretendía instaurar la prórroga automática e indefinida de los contratos. El marcador se invirtió por 34 votos frente a 35 tras el voto negativo del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La sesión estuvo diseñada por el Ejecutivo como un escaparate político. El objetivo era conectar las reivindicaciones escuchadas en las calles durante el paro del miércoles con la agenda legislativa de la coalición progresista. Tanto el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, orientaron sus intervenciones a movilizar al electorado sensible con el problema residencial, sortearon las restricciones de la Junta Electoral mediante llamadas directas a la defensa de los derechos sociales frente a lo que calificaron como los intereses del bloque rentista y los fondos de inversión.
Giro decisivo del PNV
El desenlace de las dos votaciones refleja las tensiones internas que atraviesan la geometría variable del Parlamento en el tramo final de la legislatura. Mientras el PSOE, Sumar y sus socios habituales de izquierda respaldaron ambos decretos, la diputada del PNV Maribel Vaquero marcó distancias con el Ejecutivo. Le reprochó la ausencia de diálogo previo. Y advirtió que la protección de los inquilinos vulnerables no debe construirse a costa de desproteger a los pequeños propietarios.
Esta posición resultó determinante para unir los votos jeltzales al rechazo frontal expresado por el Partido Popular, Vox, UPN y Junts. Coincidieron en señalar el carácter electoralista e intervencionista de unas medidas que consideran perjudiciales para la oferta disponible en el mercado del alquiler.
Incluso dentro del propio espacio progresista afloraron reproches significativos durante el debate. Aunque convalidaron las iniciativas gubernamentales, tanto la portavoz de Podemos, Ione Belarra, como la diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero dirigieron severas críticas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Reclamaron su dimisión por las actuaciones policiales registradas durante los piquetes y manifestaciones de la jornada de huelga. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, combinó los elogios a la gestión de Bustinduy con advertencias al Partido Socialista sobre la necesidad de mantener un rumbo reformista firme en el próximo ciclo político.
Tensión dialéctica
Más allá del contenido normativo de los decretos, el desarrollo de la Diputación Permanente estuvo dominado por un tono de extrema crispación verbal que anticipa la dureza de las próximas dos semanas de campaña. Los observadores parlamentarios destacan los enfrentamientos directos entre portavoces de distintos grupos. Como el cruce entre el diputado popular Sergio Sayas, quien calificó la acción del Gobierno de incompetente y la huelga de hipócrita, y el ministro Bustinduy, quien replicó aludiendo al historial de transfuguismo del parlamentario navarro.
Igualmente tenso resultó el choque entre los representantes de las fuerzas independentistas catalanas. El diputado de Junts Josep Maria Cruset tachó los decretos de estafa política. Gabriel Rufián acusó a la formación posconvergente de alinearse con la derecha económica y exhibió un billete de cincuenta euros sobre su escaño. En paralelo, la ministra Isabel Rodríguez admitió el marcado carácter electoral de su intervención, reivindicó el incremento presupuestario de su departamento hasta los 14.000 millones de euros y evidenció que el debate sobre los alquileres ha quedado definitivamente integrado como uno de los ejes centrales que arbitrarán el voto ciudadano el próximo 29N.
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