La sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid de este jueves, 12 de noviembre, ha dejado una sucesión de descalificaciones contra las organizaciones sindicales y los profesores de la enseñanza pública que va mucho más allá de una discrepancia política sobre la huelga general del 11N. Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, han utilizado términos como «mafia», «terror sindical», «parásitos» y «matones» para desacreditar a UGT, CCOO y a quienes participaron en unas movilizaciones convocadas para reclamar salarios dignos, vivienda asequible y mejores servicios públicos.
La dureza de las palabras contrasta con el reconocimiento constitucional del papel de las organizaciones sindicales y del derecho de huelga. Los artículos 7 y 28 de la Constitución no condicionan esos derechos a que las reivindicaciones resulten cómodas para los gobiernos, aunque su ejercicio debe respetar los derechos de quienes deciden no secundar los paros.
Vox llama «parásitos sindicales» a los convocantes del 11N
La portavoz de Vox abrió su intervención calificando la huelga de operación política al servicio de Pedro Sánchez.
«Estos parásitos sindicales convocaron una huelga general, pero no una huelga general contra el Gobierno causante de esta situación, sino una huelga contra la oposición», afirmó Pérez Moñino.
La diputada continuó hablando de «matones sindicales» y acusó a las organizaciones convocantes de intimidar a los trabajadores que acudían a sus puestos. También preguntó a Ayuso si no había llegado el momento de «cortarles el grifo» de la financiación pública.
Sin embargo, los sindicatos no permanecieron ocho años inactivos, como aseguró Vox. Existen convocatorias, protestas, negociaciones colectivas y movilizaciones documentadas durante ese periodo. Criticar el momento elegido para una huelga es legítimo; presentar toda la actividad sindical anterior como inexistente no se corresponde con esa trayectoria.
Ayuso rechazó retirar indiscriminadamente las ayudas, recordando que determinadas partidas responden a obligaciones legales y actividades de formación y prevención de riesgos laborales. La presidenta defendió esa financiación y, al mismo tiempo, mantuvo sus acusaciones contra las organizaciones que la reciben.
Ayuso habla de «terror sindical» y acusa a los profesores de ser vagos
El enfrentamiento adquirió especial gravedad cuando Ayuso abordó las huelgas educativas.
La presidenta aseguró que se habían perdido 400.000 horas lectivas y denunció que numerosos estudiantes todavía no habían recibido determinadas clases. También defendió a los docentes que continúan trabajando y acusó a los sindicatos de perseguir a los directores de los centros educativos.
Pero su intervención no terminó ahí. «Para ellos trabajar no es un castigo. Para los vagos... De hecho, lo de vaga general en catalán me encanta. Sí, ustedes, que son muy vagos», declaró en la Asamblea.
La frase introduce una descalificación que trasciende la discusión sobre los servicios mínimos. El juego de palabras con vaga, que significa huelga en catalán, fue utilizado para llamar vagos a sus adversarios políticos en el contexto de las movilizaciones sindicales.
El mensaje difundido posteriormente a través del canal oficial de WhatsApp de Ayuso reproduce parte de ese discurso, pero modifica su presentación: mantiene la acusación de vagancia y omite la referencia explícita al juego de palabras con vaga general. Por tanto, no es correcto afirmar que la presidenta nunca dijo esas palabras, pero tampoco que el mensaje permita conocer íntegramente cómo las pronunció y en qué contexto.
Las 400.000 horas lectivas no explican por qué protestan los profesores
La Consejería de Educación sostiene que las horas de clase perdidas rondan las 400.000 y que casi el 60 % del profesorado no ha secundado ninguna jornada de huelga. Esas cifras tienen su origen en los balances administrativos de la Comunidad de Madrid y no han sido verificadas mediante una auditoría independiente.
Además, el seguimiento de la huelga ha sido desigual. Los primeros días registraron una participación significativamente mayor que las últimas jornadas, según los datos ofrecidos tanto por la Administración como por las organizaciones convocantes.
Lo que Ayuso apenas aborda cuando enumera las consecuencias del paro son sus causas: la reducción de las ratios, la recuperación de horarios lectivos, la mejora salarial, la disminución de las tareas burocráticas y el refuerzo de la atención a la diversidad.
El profesorado no está reclamando menos educación, sino cambios en las condiciones en las que debe impartirla. Que una huelga ocasione dificultades al alumnado es una consecuencia que merece atención, pero no invalida automáticamente las reivindicaciones de quienes la convocan.
Los 320.000 liberados y los edificios atribuidos a CCOO
Ayuso también afirmó que en España existen «320.000 liberados sindicales» que cobran para participar en movilizaciones. No aportó durante su intervención un documento que permita comprobar esa cifra ni distinguió entre representantes sindicales, delegados con horas de representación y trabajadores totalmente liberados de sus funciones habituales.
Son categorías diferentes. Presentarlas como equivalentes impide comprobar cuántas personas están realmente dispensadas de su trabajo ordinario.
La presidenta añadió que CCOO disponía de 52 edificios públicos y que esos inmuebles equivalían a 1.415 viviendas. La documentación disponible introduce una corrección sustancial: los 52 edificios corresponden conjuntamente a UGT y CCOO, no exclusivamente a Comisiones Obreras. Además, las 1.415 viviendas son una estimación hipotética de transformación de superficies, no pisos existentes que los sindicatos estén ocultando a las familias.
Se trata de inmuebles pertenecientes al Patrimonio Sindical Acumulado, cuya cesión para actividades sindicales y empresariales está regulada desde 1986.
Una precisión jurídica que conviene destacar
Los edificios del Patrimonio Sindical Acumulado no son una concesión discrecional que pueda equipararse sin más a disponer de viviendas. La Ley 4/1986 regula su cesión a organizaciones sindicales y empresariales. Además, la Constitución española protege la libertad sindical y el derecho de huelga.
Mar Espinar lleva al Pleno los pagos de Okdiario y la defensa de Koldo
La portavoz socialista, Mar Espinar, respondió a las descalificaciones de Ayuso recordando las reivindicaciones de los manifestantes. «No son jetas, son ciudadanos que están pidiendo algo tan básico como un salario decente y poder acceder a una casa», afirmó.
Espinar también preguntó por la financiación pública recibida por Okdiario y por los pagos realizados desde su empresa editora para sufragar la defensa judicial de Koldo García.
La existencia de esos pagos está documentada: las facturas aportadas a la Audiencia Nacional suman 242.000 euros, IVA incluido. Sin embargo, ese hecho no demuestra por sí solo que el dinero procediera de contratos públicos madrileños ni acredita las finalidades ilícitas que Espinar atribuyó a la operación.
La dirigente socialista resumió sus críticas con una frase: «En el Partido Socialista, quien la hace la paga. En el Partido Popular, quien la hace le paga».
Bergerot reivindica los piquetes y exige respeto a los sindicatos
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, respondió con una defensa expresa de la organización colectiva. «La fuerza sindical es la fuerza de la fraternidad. La fuerza de los sindicatos es la fuerza de los que solos se rompen, pero juntos lo pueden todo y son irrompibles», declaró.
Bergerot también exigió responsabilidades por las actuaciones policiales durante la huelga del 11N y pidió a Ayuso que respetase a quienes habían participado en la movilización. «Lávese la boca antes de hablar de los sindicatos y de la huelga», afirmó.
La dirigente de Más Madrid vinculó las protestas de los profesores, trabajadores e inquilinos con un mismo problema: el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a servicios públicos y a una vivienda.
El Gobierno madrileño anuncia más controles sobre las huelgas
Ayuso terminó su intervención educativa anunciando nuevas actuaciones para garantizar las clases y reforzar los controles durante los paros.
La Comunidad de Madrid ya ha comunicado medidas de recuperación de actividad lectiva, ampliación de servicios mínimos y nuevas instrucciones sobre neutralidad política en los centros. Estas medidas deberán aplicarse respetando tanto el derecho a la educación como el derecho fundamental de huelga. Ninguno de los dos puede utilizarse para eliminar el otro.
La sesión dejó una cuestión de fondo que no resuelven los insultos ni las estadísticas aisladas: cómo garantizar la continuidad de la enseñanza mientras se atienden las reivindicaciones de quienes trabajan en ella.
Los profesores pueden ser criticados por sus decisiones, y los sindicatos deben responder de sus actuaciones como cualquier organización. Pero las acusaciones de comportamiento mafioso, fraude o financiación irregular necesitan pruebas concretas, no únicamente su reiteración desde una tribuna parlamentaria. La discusión sobre las huelgas de Madrid merece algo más que una sucesión de descalificaciones. Merece datos completos, negociación y respuestas a los problemas que han llevado a miles de trabajadores a movilizarse.
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