Cada vez que el Gobierno lleva la revalorización de las pensiones al Parlamento, el PP de Feijóo vota en contra. Le da igual que se trate de una medida justa para garantizar el poder adquisitivo de nuestros jubilados, le importa poco que miles de personas se echen a la calle para defender su derecho constitucionalmente reconocido. Feijóo da la orden de bloqueo y los pensionistas ven cómo se esfuman 50 euros de su paga. ¿Por qué lo hace? El gallego tiene alergia a esta prestación básica para el sostenimiento del Estado de bienestar.
En primer lugar, a la derecha española ya no le gusta el actual sistema de pensiones. En Vox quieren privatizarlo y que cada cual se pague lo suyo (para muestra lo que piensan las juventudes ultras, que ven a los pensionistas boomers como parásitos de la sociedad), mientras que muchos prebostes del PP coquetean también con esa idea. De ahí que cuando llegue el momento de votar en el Congreso, el grupo popular diga no a la revalorización. Tiene la pistola de Vox en el cogote para que rompa con el consenso bipartidista en materias esenciales como las pensiones y siga por la senda de la batalla cultural y el odio antisanchista.
La política española vive desde hace años un debate recurrente sobre el futuro del sistema público de pensiones. En ese marco, Alberto Núñez Feijóo ha adoptado una posición que bien podría definirse como “alérgica” a las pensiones: una mezcla de desconfianza hacia el modelo actual, resistencia a las reformas expansivas y una insistencia en la sostenibilidad financiera que, según sus detractores, se traduce en propuestas que recortan derechos o abren la puerta a la privatización. Feijóo no lo dice públicamente, pero es de los que creen que el Estado gasta demasiado en pensiones. Y quiere recortar por ahí. Rajoy ya lo hizo, recuérdese cuando metió la tijera sin piedad en medio de la crisis. Quitó pensiones y rescató bancos, esa es la auténtica filosofía social del Partido Popular.
Desde su llegada a la presidencia del Partido Popular, Feijóo ha repetido que el sistema de pensiones “no es sostenible” en los términos actuales. Aunque la sostenibilidad es un debate legítimo en cualquier democracia, la insistencia del líder popular en que el modelo “no aguanta” puede ser interpretada como una forma de sembrar dudas sobre la viabilidad del sistema público.
Sospecha permanente
En varias intervenciones, Feijóo ha cuestionado el aumento de las pensiones conforme al IPC, la capacidad del Estado para financiar las prestaciones futuras, las reformas aprobadas por el Gobierno para reforzar ingresos, y la propia arquitectura del sistema de reparto. Este discurso, centrado en el riesgo y la alarma, contrasta con la visión de quienes defienden que el sistema es sostenible si se refuerzan los ingresos y se mantiene el vínculo con la inflación. De ahí surge la idea de que Feijóo tiene “alergia” a las pensiones: no porque se oponga a ellas en abstracto, sino porque su narrativa se construye sobre la sospecha permanente.
Uno de los momentos más significativos fue la oposición del PP a la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Mientras el Gobierno defendía que las pensiones debían mantener su poder adquisitivo, Feijóo argumentó que vincularlas a la inflación era “insostenible” y que generaría un agujero en las cuentas públicas. Esta posición reveló una concepción restrictiva del sistema: la idea de que los pensionistas deben asumir parte del coste de la inflación, en lugar de proteger su renta. Todo es un enorme bulo del líder popular: el sistema puede garantizarse si se racionaliza y se gestiona bien. Hay dinero en la caja, pero debe usarse bien.
Poder adquisitivo
La revalorización con el IPC es uno de los pilares del pacto social español, y cuestionarla se interpreta como un intento de volver a la fórmula de recortes aplicada en 2013. Feijóo no confía en el sistema público tal como está diseñado y prefiere fórmulas que reduzcan el gasto, aunque eso implique pérdida de poder adquisitivo para millones de personas. Aunque evita hablar abiertamente de privatización, su insistencia en los planes privados de pensiones y en el ahorro individual ha sido interpretada como un guiño a un modelo mixto donde el peso del sistema público se reduce. El PP ha defendido incentivos fiscales para planes privados y ha criticado la reforma que refuerza los planes de empleo colectivos.
Para sus detractores, esta orientación no es casual: forma parte de una visión donde el sistema público debe contener su crecimiento y donde la responsabilidad del futuro recae cada vez más en el individuo. La “alergia” a las pensiones, en este sentido, no es solo retórica, sino programática: una preferencia por desplazar parte del sistema hacia el mercado.
Feijóo llegó a la política nacional con la promesa de moderación. Sin embargo, en materia de pensiones, su discurso se ha alineado con posiciones más duras que las que defendió como presidente de Galicia, donde mantuvo un tono más pragmático. Se ha radicalizado tanto por influencia de Vox que cualquier día propone privatizar el sistema bajo la fórmula público privada que tanto le gusta al PP.
Feijóo utiliza las pensiones como arma política, no como un debate de Estado. Forma parte de su intento por dinamitar el diálogo social (esto lo hace para satisfacer a la patronal). Mientras las últimas reformas de pensiones han sido pactadas con sindicatos y empresarios, Feijóo ha rechazado esos acuerdos y ha cuestionado su legitimidad. Para quienes defienden el modelo de concertación, esta actitud muestra una falta de compromiso con el consenso que ha sostenido el sistema durante décadas.
En campaña, Feijóo ha advertido de que las reformas del Gobierno “ponen en riesgo” el futuro de los jóvenes y ha sugerido que el sistema podría colapsar si no se aplican ajustes. Este tipo de mensajes, centrados en el miedo, refuerzan la idea de que su visión de las pensiones es esencialmente negativa. Generar desconfianza en un sistema que depende precisamente de la confianza intergeneracional arrastra al país a un suicidio colectivo. Rompe la cohesión social. Fractura la sociedad española entre jóvenes y mayores, el último paso en la guerra cultural propuesta por la extrema derecha.
Tenemos un aspirante a presidente del Gobierno que desconfía del sistema público, que cuestiona sus mecanismos de protección y que prioriza la contención del gasto sobre la garantía de derechos.