La política española atraviesa un ciclo donde la gobernabilidad se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo extremo y la gestión de las expectativas sociales choca frontalmente con la cruda realidad aritmética del Congreso. El Consejo de Ministros se enfrenta esta semana a una prueba de fuego que trasciende lo administrativo para adentrarse en lo puramente ideológico, evidenciando las costuras de una legislatura de alta tensión. Tras el revés parlamentario sufrido hace apenas siete días, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se ve obligado a trocear el decreto del escudo social como única vía para salvar la revalorización de las pensiones, tal y como ha publicado El País. Esta maniobra no es solo una solución técnica de última hora, sino la confesión de una realidad política incómoda: España posee un Gobierno progresista que se ve obligado a legislar bajo el dictado implícito de una mayoría parlamentaria conservadora en cuestiones económicas clave.
El uso de los decretos ómnibus ha sido, hasta ahora, la herramienta predilecta de la Moncloa para forzar el apoyo de sus socios de investidura, pero la resistencia de Junts y el PNV ha dinamitado esta estrategia de "todo o nada". El partido de Carles Puigdemont ha marcado una línea roja en la moratoria antidesahucios, argumentando que la normativa actual desprotege al pequeño propietario y fomenta indirectamente la vulnerabilidad jurídica de quienes ponen sus inmuebles en alquiler. Al separar las medidas, el Gobierno busca blindar el bienestar de diez millones de jubilados, pero a cambio deja en una situación de extrema precariedad la continuidad de la protección residencial para miles de familias. Esta fragmentación de la norma permite que la subida de las pensiones se apruebe con comodidad, pero aísla el conflicto de la vivienda, exponiéndolo a una derrota parlamentaria casi segura si no se aceptan las exigencias de los nacionalistas de derechas.
La decisión de Félix Bolaños de desvincular las pensiones de la política de vivienda es una apuesta de mínimos que prioriza la estabilidad de los pensionistas frente a las exigencias de los socios de izquierda. Para el sector de Sumar, representado por figuras como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, este escenario supone ceder ante lo que califican como un chantaje ideológico de las derechas. Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra atrapado en una paradoja constante, donde debe gestionar la presión de ERC y Podemos para no abandonar a los más vulnerables, mientras negocia compensaciones económicas para los arrendadores que satisfagan a Junts. En este complejo tablero de ajedrez, el escudo social ya no es solo una red de seguridad para la ciudadanía, sino el principal escenario de una batalla por el relato político donde el pragmatismo se impone sobre la cohesión ideológica de la coalición.