El Congreso de los Diputados reabre este martes con un pleno extraordinario que funciona menos como trámite legislativo y más como test de resistencia política. El Ejecutivo afronta la convalidación de varios decretos clave sin tener asegurada una mayoría suficiente, en una Cámara fragmentada donde cada votación se ha convertido en una negociación al límite. El foco inmediato está en la subida de las pensiones, pero el trasfondo es más amplio: la estabilidad parlamentaria del Gobierno vuelve a quedar en entredicho al inicio del año político.
El decreto ley de revalorización de las pensiones llega al pleno con un apoyo insuficiente. El PP ha confirmado su voto en contra y Junts ha dejado claro que no lo respaldará en los términos actuales. Aunque los posconvergentes eviten pronunciarse explícitamente sobre el sentido de su voto, su abstención no basta para salvar el decreto. El Ejecutivo se enfrenta así a una paradoja habitual en esta legislatura: una medida socialmente popular queda bloqueada por la arquitectura política que la acompaña.
Pensiones, rehén legislativo
El rechazo no se dirige al núcleo del decreto sino a su envoltorio. Tanto el PP como Junts cuestionan que la subida de las pensiones vaya ligada a otras disposiciones, en particular la moratoria de los desahucios. Ambos grupos reclaman una votación separada y han presentado o anunciado iniciativas propias para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El mensaje es claro: el problema no es el qué sino el cómo.
Desde el punto de vista del Gobierno, aceptar el troceo del decreto supondría admitir que su estrategia legislativa es vulnerable al chantaje parlamentario. Desde la óptica de la oposición, mantener el paquete intacto es una forma de forzar apoyos por acumulación. El choque no es técnico sino político, y refleja un Congreso donde los decretos ley se han convertido en campos de batalla simbólicos.
Junts como árbitro inevitable
Si el decreto de pensiones ya nace con dificultades, el decreto de ayudas al transporte público se mueve directamente en terreno minado. Junts ha avanzado que tampoco lo apoyará y el PP defiende redirigir esos recursos a infraestructuras y mantenimiento de la red viaria. A diferencia del caso de las pensiones, aquí el Gobierno tampoco cuenta con el respaldo de Podemos, que considera insuficientes las ayudas y exige un transporte público completamente gratuito.
El resultado es que, una vez más, Junts se erige en árbitro decisivo de la legislatura. Su capacidad para inclinar votaciones clave sin asumir el coste político completo del rechazo refuerza su centralidad estratégica. Para el PSOE y Sumar, esta dependencia constante tiene un precio: cada pleno extraordinario confirma la fragilidad de una mayoría construida voto a voto.
El Gobierno que no cede
Pese al escenario adverso, el Ejecutivo ha optado por la firmeza. El PSOE descarta retirar o fragmentar los decretos, mientras Sumar emplaza a los grupos que se oponen a explicar públicamente por qué rechazan medidas de impacto social directo. La estrategia es trasladar el coste político del bloqueo a la oposición y convertir la votación en un ejercicio de rendición de cuentas ante la opinión pública.
Sin embargo, esta táctica tiene límites. En un Congreso fuera del periodo ordinario de sesiones y convocado de forma extraordinaria, el simbolismo pesa tanto como los números. Cada derrota o concesión alimenta el relato de un Gobierno que gobierna pero no controla del todo la Cámara.
El frente ferroviario
Más allá de los decretos, la agenda parlamentaria estará marcada por la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida, así como los problemas recurrentes en Rodalies. En la Diputación Permanente, PP y Vox, junto con Junts y ERC, volverán a exigir el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, convirtiendo la gestión ferroviaria en un eje de desgaste político.
La ofensiva no se limita al ministro. También se debatirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre Venezuela y sobre lo que la oposición define como una escalada de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Aunque Sánchez comparecerá finalmente el 11 de febrero, ya en periodo ordinario, la acumulación de solicitudes dibuja un clima de presión constante.
Legislatura en equilibrio inestable
El arranque del año parlamentario confirma una tendencia conocida: la legislatura avanza en un equilibrio inestable, donde cada decreto es una negociación y cada pleno una prueba de supervivencia. El Gobierno conserva la iniciativa política, pero no el control automático de la Cámara. La oposición, fragmentada pero coordinada en momentos clave, ha aprendido a explotar esa debilidad.
En este contexto, el debate sobre pensiones y transporte trasciende su contenido inmediato. Se trata de algo más profundo: la dificultad de gobernar en minoría en un sistema diseñado para mayorías claras.