El magistrado Juan Carlos Peinado ha vuelto a citar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El instructor la emplaza a las 12.00 horas del próximo 1 de abril (en plena Semana Santa), al igual que a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, también imputados, según informa Efe. Pero lo más importante de la decisión del controvertido magistrado es que vuelve a insistir en transformar la causa en un proceso con jurado popular, pese a que la Audiencia Provincial de Madrid le anuló esa vía el pasado mes de febrero por falta de argumentación.
De esta manera, cabe preguntarse si esta vez Begoña Gómez acudirá a la citación del juez. Su abogado, Antonio Camaño, ya ha asegurado que “la presencia del imputado no es indispensable”.
La causa que mantiene bajo sospecha a la mujer del líder socialista desde 2024 ha vuelto a dar un giro inesperado. La decisión de Peinado ha sorprendido a juristas y observadores políticos. La Audiencia Provincial fue clara en su resolución: el instructor no había justificado adecuadamente por qué la causa debía tramitarse mediante un jurado popular, una vía reservada a delitos muy concretos y que exige una motivación sólida. ¿Han aparecido nuevas pruebas? No parece, pero el instructor insiste en sus posiciones jurídicas.
En lugar de corregir el defecto señalado o reconducir el procedimiento por la vía ordinaria, Peinado ha optado por volver a activar el mismo mecanismo, esta vez acompañándolo de una argumentación más extensa. Según fuentes jurídicas, el magistrado pretende demostrar que la Audiencia no prohibió el uso del jurado en sí, sino que exigió una fundamentación más completa. En otras palabras, Peinado interpreta que la resolución no le cerró la puerta, sino que le pidió que explicara mejor por qué quiere abrirla.
Esta lectura, sin embargo, no es unánime. Otros juristas consideran que la Audiencia fue inequívoca: el procedimiento por jurado no era adecuado para los hechos investigados y, por tanto, insistir en él podría interpretarse como una forma de desafiar el criterio del tribunal superior.
La nueva convocatoria a Gómez llega en un momento especialmente sensible. El 1 de abril cae en plena Semana Santa, un periodo en el que la actividad institucional se ralentiza y la atención mediática se dispara. La elección de la fecha no ha pasado desapercibida.
El año pasado, cuando Peinado convirtió por primera vez la causa en un procedimiento con jurado y citó a la esposa del presidente, solo acudió su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. La defensa se apoyó entonces en una circular de la Fiscalía que establece que “la presencia del imputado no es indispensable” en determinadas fases del proceso.
Ahora, la incógnita es si Gómez volverá a optar por no acudir. La citación, al coincidir con un periodo vacacional, añade presión mediática y política, pero no modifica el marco legal: la defensa podría volver a argumentar que su presencia no es obligatoria. La insistencia del magistrado en activar un jurado popular es uno de los elementos más controvertidos del caso. Existen varias hipótesis que circulan en ámbitos jurídicos y políticos. En primer lugar, una interpretación estricta de la resolución de la Audiencia. Peinado podría considerar que la Audiencia no prohibió el jurado, sino que solo anuló su decisión por falta de motivación. Desde esta perspectiva, bastaría con corregir el error, con reforzar la argumentación jurídica para volver a plantearlo.
En segundo lugar, el procedimiento con jurado tiene particularidades que pueden alargar los plazos y modificar el reparto de competencias. Algunos analistas creen que Peinado busca mantener el control del caso durante más tiempo o evitar que la causa sea archivada prematuramente.
Y en tercer término, el jurado popular, al ser un órgano compuesto por ciudadanos, puede proyectar una imagen de neutralidad. En un caso con fuerte carga política, el magistrado podría considerar que esta vía reduce el riesgo de acusaciones de parcialidad.
Otros expertos sostienen que la insistencia en el jurado es difícil de justificar desde el punto de vista técnico. Los delitos investigados no encajan claramente en el catálogo de competencias del tribunal del jurado, y la Audiencia ya ha mostrado su rechazo. Desde esta óptica, la insistencia de Peinado podría interpretarse como una obstinación procesal.
Aunque la causa es estrictamente judicial, su impacto político es innegable. La esposa del presidente del Gobierno está citada por un juez que ha visto varias de sus decisiones anuladas, y la insistencia en el jurado popular añade un elemento de excepcionalidad que alimenta el debate público. El Gobierno ha evitado pronunciarse directamente, pero fuentes del entorno de Sánchez consideran que la actuación del magistrado está generando un “ruido” que afecta a la estabilidad institucional.