El juez Peinado no tiene prisa en cerrar el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El sumario del máster de la Complutense va ya para dos años y promete eternizarse sin que sepamos cuándo puede terminar. Pero Peinado no solo se toma con calma los asuntos que afectan a Moncloa. Los expedientes que tienen que ver con la memoria histórica y con los crímenes del franquismo también los aparca sin fecha. Según el diario Público, “un año después de admitir a trámite la querella de un militante antifranquista torturado en 1975 por la Policía política del régimen, el juez Juan Carlos Peinado reactiva la instrucción y cita al querellante, C.S.S, y a uno de los policías denunciados para el próximo 22 de junio, a las 10.30 horas”. Un año para echar andar un procedimiento, lo que contrasta con la rapidez con la que dio curso al sumario contra la mujer de Sánchez.
Según informa la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, ha citado al denunciante y a un miembro de la Brigada Político-Social. Lo hace en una providencia, fechada el pasado 11 de febrero, en la que además certifica que otro de los agentes denunciados ha fallecido y ordena a la Policía que averigüe la identidad completa de otros tres, según Efe.
CEAQUA recuerda que fue hace más de un año, el 22 de enero de 2025, cuando el juzgado admitió a trámite la querella de Carlos Serrano Suárez contra cinco miembros de la Brigada Político-Social por presuntas torturas sufridas en octubre de 1975, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
“La coordinadora valora la reactivación del proceso porque puede suponer un impulso relevante en la tramitación de la causa y un avance en la investigación judicial, a la vez que pone de manifiesto que tanto la admisión a trámite de esta querella como las citaciones ante el juez siguen siendo, a día de hoy, situaciones excepcionales”, añade Público.
“El Estado español continúa lejos de revertir las políticas de impunidad que, con carácter general, impiden la investigación judicial de los crímenes cometidos durante el franquismo. Y por eso reitera su demanda para que se adopten medidas legislativas que garanticen plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la transición”.
Según Público, “hay que recordar que desde 2014 se han presentado más de 150 querellas en el Estado español por crímenes contra la humanidad. Desde la entrada en vigor de la ley de memoria democrática en 2022 se han presentado 25 querellas criminales de las que hay activas cuatro”.
Primera víctima de la historia
Las diferentes querellas avanzan al amparo de la ley de Memoria. El pasado año, Blanca Serra, la primera víctima de la policía franquista que declara ante la Fiscalía en un caso de torturas, se mostró esperanzada en que su investigación sirva para “recuperar un pasado que no ha acabado” y para que “la juventud sepa” qué sucedió: “Hoy es un gran día para la memoria”.
Serra compareció ante la fiscal delegada de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Expósito, a raíz de la denuncia que presentó ante el ministerio público para pedir que se investiguen las torturas que sufrió en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, cuando fue detenida por la policía franquista.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por Blanca Serra, en su primera investigación para indagar las torturas perpetradas durante el franquismo en base a la ley de Memoria Democrática de 2022, que insta a llevar a cabo procesos que permitan satisfacer “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.