La instrucción del llamado caso Begoña Gómez va camino de los dos años y, lejos de avanzar hacia una resolución clara, se ha convertido en un laberinto judicial que parece no tener salida. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se enfrenta a la recta final de su carrera –se jubila en septiembre– con una causa que sigue abierta, cuestionada y sometida a un escrutinio institucional sin precedentes. El próximo 16 de abril deberá decidir si envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno o si vuelve a prorrogar la instrucción, una posibilidad que él mismo ha dejado abierta pese a la proximidad de su retiro.
El caso (la organización de un máster por parte de Gómez para la Universidad Complutense de Madrid) ha estado marcado desde el inicio por una sucesión de decisiones controvertidas, filtraciones, diligencias anuladas y advertencias de instancias superiores. Incluso se han publicado artículos de prensa en los que se apunta a que Peinado ha podido llevar a cabo una instrucción prospectiva, es decir, lo que en Derecho anglosajón se conoce como fishing expedition (salir a ver qué delitos se le pueden pescar a un imputado determinado, en este caso la esposa del presidente del Gobierno). Todo ello con fines políticos: alargar la instrucción hasta 2027, fecha de las elecciones generales, para desgastar al Ejecutivo de coalición. De ahí que la causa, que según expertos se tendría que haber cerrado a las primeras de cambio por falta de pruebas (la Fiscalía y la UCO no han hallado pruebas concluyentes), se asemeje a un bucle sin fin.
La investigación, que comenzó con acusaciones de tráfico de influencias y malversación, ha ido perdiendo piezas por el camino. La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en varias ocasiones el rumbo del procedimiento, anulando registros, vetando líneas de investigación basadas en conjeturas y retirando imputaciones a personas vinculadas a la actividad profesional de Begoña Gómez. Entre los tirones de orejas al magistrado, los varios avisos que la Audiencia ha dado al instructor para que no indague en el rescate de la compañía aérea Air Europa, ya que no existen pruebas de corrupción en esa operación estratégica del Gobierno Sánchez que costó más de 500 millones de euros. Peinado cree que puede haber indicios de que la mujer del líder socialista hizo las veces de intermediaria con los empresarios de la empresa afectada por la quiebra, pero cada vez que ha intentado reabrir el asunto, el órgano superior se lo ha cerrado.
A pesar de estos reveses, Peinado ha mantenido viva la causa mediante sucesivas ampliaciones de la instrucción. En octubre de 2025 ya decidió prolongarla seis meses más para “recibir todos los informes pendientes”, advirtiendo de que, de no hacerlo, podría producirse una caducidad que impidiera investigar “todos los flecos necesarios”. Ese argumento ha sido recurrente en su estrategia: la idea de que siempre queda algo por aclarar, algún documento por solicitar o algún testimonio por escuchar. Pero esa lógica ha derivado en un círculo vicioso que ha convertido la instrucción en un proceso interminable. El caso Begoña Gómez parece no tener fin.
La situación se ha complicado aún más en las últimas semanas. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto nuevas diligencias informativas contra Peinado por una presunta filtración a un medio de comunicación de información reservada del caso. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha iniciado el trámite para determinar si procede incoar un expediente disciplinario, un paso que se suma a otras quejas previas por actuaciones del magistrado. La sombra de la investigación disciplinaria añade un elemento de presión institucional que no es habitual en un procedimiento de estas características.
El resultado es un escenario en el que la causa parece avanzar sin avanzar. Cada vez que se acerca un plazo clave, surge un nuevo motivo para extender la instrucción. Cada vez que una instancia superior corrige una decisión, se abre otra línea de investigación. Y cada vez que el caso parece encaminarse hacia su cierre, aparece un nuevo episodio que lo devuelve al punto de partida. Es un bucle que desgasta a todas las partes implicadas y que alimenta la percepción de que la causa se ha convertido en un fin en sí misma.
La defensa de Begoña Gómez ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de fundamento de la investigación y ha recurrido varias de las decisiones del juez. En septiembre de 2025, cuando Peinado propuso enviar a juicio a Gómez por un presunto delito de malversación relacionado con el nombramiento de una asesora en Moncloa, la defensa anunció inmediatamente un recurso. Posteriormente, la Audiencia Provincial terminó anulando la decisión de abrir juicio con jurado por malversación, lo que supuso un nuevo revés para el magistrado.
La acumulación de decisiones corregidas por instancias superiores ha alimentado un debate más amplio sobre la actuación del juez. Expertos y analistas han expresado su preocupación por la deriva del procedimiento, mientras que otros han defendido la independencia del magistrado frente a las críticas. Pero lo cierto es que pocas investigaciones han generado tanta controversia interna en la judicatura como esta.
El contexto político tampoco ayuda a desactivar la tensión. El caso afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno, lo que convierte cualquier movimiento judicial en un acontecimiento de enorme repercusión mediática y partidista. PP y Vox han utilizado la causa como arma política, mientras que el Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la existencia de una campaña de acoso. En ese clima, cada decisión del juez Peinado se interpreta en clave política, lo que añade más presión a un procedimiento ya de por sí complejo.