Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, advierte de que el escenario de la coalición de Gobierno cambiará radicalmente si la Justicia prueba que existió financiación ilegal del PSOE. Así lo ha explicado en una entrevista con La Sexta. Todo ello mientras el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE para que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, “con independencia del destinatario”, y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Es decir, una investigación fiscal en profundidad que nadie, a esta hora, sabe cómo puede terminar. La bomba final contra el sanchismo está activada.
“El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría graves derivaciones”, informa La Sexta. Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es “lo suficientemente clara”.
Un día más, las noticias para Sánchez no son nada halagüeñas. El reconocimiento de Maíllo de que podría romperse la coalición si el caso Koldo no se encapsula, ha causado gran inquietud en Ferraz. Al dirigente de IU le parece que se está produciendo una “teatralización” por parte de PSOE y Junts, la pieza clave que puede hacer caer al Ejecutivo de coalición y abrir un nuevo proceso electoral. Por un lado, Maíllo reconoce que duda de que sea real esa ruptura de Junts, ya que solo podría tener como consecuencia una moción de censura con PP y Vox que no cree que vayan a llevar a cabo porque “va en contra de sus pretensiones”. “No quieren que el Gobierno caiga”, afirma con rotundidad Maíllo. Por otro lado, en cuanto a la postura de Pedro Sánchez, cree que, con sus últimas declaraciones en las que asume incumplimientos de los acuerdos por parte del PSOE, está “achicando el espacio” al partido independentista.
Maíllo asegura que en el debate presupuestario hay un contexto económico que va a poder permitir tomar medidas a las que va a “ser difícil” que Junts diga que no. “Será complicado que Junts explique que se opone cuando hay, por ejemplo, inversiones en Rodalíes”, añade. Por tanto, Maíllo defiende que lo que hay que hacer ahora es centrarse en lanzar una propuesta presupuestaria que suponga, en todo caso, “un coste político al que se oponga”.
Antonio Maíllo destaca que, hasta ahora, nada de lo que han dicho ni Sánchez ni Junts tiene traducción material en la gestión del Gobierno. “En la izquierda no aceptaremos determinadas tesis de Junts y ambos partidos lo saben”, asegura. “En esta especie de duelo, no hay traducción material. Saben que su decisión no tiene otra repercusión que no sea unirse a una moción de censura. Todo lo que no sea eso, son fuegos artificiales”, destaca.
De esta forma, explica que los de Puigdemont están viendo cómo, si no condicionan la política española, “no van a condicionar nada”. “Si PP y Vox ganan unas elecciones, pasarían a la marginalidad absoluta”, recalca, dejando claro que “no se van a salir con la suya” en política de vivienda y social.
El llamado caso Koldo investiga presuntas irregularidades vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia, con implicación de figuras como José Luis Ábalos y Koldo García. El juez Leopoldo Puente requirió a finales de octubre a la Audiencia Nacional que investigase “las incógnitas” existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro de Transportes y a su ayudante. El magistrado remitió al juez Moreno (que también investiga el asunto) el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido.
Desde Sumar, se insiste en que el caso se limita a “tres golfos” y que no afecta al presidente Pedro Sánchez ni al Gobierno en su conjunto. Sin embargo, Yolanda Díaz y otros portavoces de Sumar han marcado una línea roja clara: si se demostrara financiación ilegal dentro del PSOE, la coalición se rompería y habría elecciones anticipadas. Díaz ha avisado de que, si Sánchez no toma medidas de regeneración democrática, la legislatura quedará en sus manos. Ha subrayado que la corrupción es “muy grave” y que la financiación ilegal sería “inaceptable”. ERC también está en esa línea, al igual que Izquierda Unida. Cada vez le queda menos crédito a Pedro Sánchez.