La Justicia abre diligencias previas tras una denuncia presentada por Podemos contra el Ministerio de Economía por un presunto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. La denuncia sostiene que el gobierno no actuó para detener el comercio de armas con Israel a pesar de las denuncias sobre el genocidio en Palestina.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, adelantó en rueda de prensa que la jueza encargada del caso ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la denuncia, presentada originalmente en septiembre de 2025. Fernández acusó al Ejecutivo de mantener una “complicidad impune” con lo que denominó “Estado terrorista de Israel” y reclamó que se detenga de inmediato cualquier comercio de armas con dicho país, así como el tránsito por territorio español de armamento destinado a él.
“Si esa complicidad no termina por la voluntad política de este Gobierno, esperemos que sea la Justicia la que le obligue a hacerlo”, afirmó Fernández, subrayando que Podemos confía en que el procedimiento judicial “llegue hasta el final”.
La denuncia se fundamenta en la presunta “inacción deliberada” del Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo, que, según Podemos, debía haber detenido las operaciones de comercio y tránsito de armamento con Israel. La formación política recuerda que ya en febrero de 2024 solicitó formalmente la revocación de todas las autorizaciones de exportación y la suspensión de cualquier comercio armamentístico, y que el Ministerio no respondió a esos requerimientos. Para Podemos, el silencio administrativo equivale a un consentimiento tácito para mantener los contratos en vigor.
Entre octubre de 2023 y abril de 2025, el Ejecutivo habría formalizado contratos con empresas israelíes por un valor total de 1.041 millones de euros, según los datos aportados por la denuncia. Podemos considera que estos acuerdos constituyen una contribución directa a la violencia de Israel en territorio palestino, describiéndolos como una forma de complicidad con lo que denomina “genocidio israelí contra el pueblo palestino”.
El caso plantea cuestiones legales y políticas de amplio alcance. Por un lado, está la presunta responsabilidad penal de un ministerio por omisión frente a conflictos internacionales y violaciones de derechos humanos. Por otro, se encuentra el debate sobre la política exterior española y su alineamiento con socios estratégicos en el comercio de armamento, un sector que mueve miles de millones de euros anuales y genera tensiones recurrentes entre criterios de seguridad nacional, comercio y ética internacional.
España, como miembro de la Unión Europea y signataria de tratados internacionales sobre comercio de armas y derechos humanos, tiene obligaciones legales para evitar la exportación de armamento que pueda ser usado en violaciones graves del derecho internacional humanitario. La denuncia de Podemos, en este contexto, se interpreta como un intento de que la justicia examine si esas obligaciones fueron incumplidas por inacción administrativa.
La instrucción de este caso servirá también para clarificar los límites de la responsabilidad política y administrativa frente a decisiones estratégicas de comercio internacional, así como la capacidad de los tribunales para intervenir cuando se denuncia complicidad en conflictos armados externos. Más allá de las consideraciones judiciales, el procedimiento evidencia la creciente presión social y política sobre la estrategia de exportación de armas española y la tensión entre intereses económicos, relaciones internacionales y respeto a los derechos humanos.
Mientras la Fiscalía analiza el caso, el gobierno se enfrenta a un escrutinio público, en este caso desde la izquierda, cada vez más intenso sobre su papel en el comercio de armas con Israel y la necesidad de equilibrar compromisos internacionales con obligaciones legales y éticas.