Isabel Díaz Ayuso ha elevado este viernes su enfrentamiento con la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol al anunciar el cierre temporal de la estación de Metro para efectuar trabajos urgentes de limpieza y seguridad.
Lo ha hecho durante una entrevista en esRadio con Federico Jiménez Losantos, en la que ha responsabilizado a los manifestantes del deterioro de la plaza, de supuestos perjuicios económicos a los comerciantes y de una situación de insalubridad que, según su Gobierno, afecta a las instalaciones del suburbano. La presidenta también ha acusado a Pedro Sánchez de promover deliberadamente el caos en Madrid.
Pero detrás de esta nueva escalada política existe un conflicto más complejo que el relato de Ayuso: una movilización social nacida de la crisis de vivienda, una controversia judicial sobre los límites del derecho de reunión y unas necesidades de mantenimiento del Metro que deben evaluarse con criterios técnicos, no partidistas.
Ayuso anuncia el cierre del Metro en plena ofensiva contra los manifestantes
«Me acaban de comunicar que vamos a tener que cerrar la estación de Sol de Metro porque hay que hacer trabajos de limpieza urgentes y de seguridad», declaró Ayuso.
La presidenta aseguró que la medida había sido solicitada por los servicios de prevención de riesgos laborales y los sindicatos, y afirmó que debía adoptarse inmediatamente.
Cuando Losantos le preguntó por la duración del cierre, respondió que se mantendría al menos durante las labores de limpieza porque, según sostuvo, existían condiciones de insalubridad en el interior. Sin embargo, durante la entrevista no ofreció un horario concreto de clausura ni presentó la documentación técnica en la que se fundamentaba la decisión.
El anuncio debe distinguirse de otro hecho ya confirmado: el miércoles 14 de octubre, los accesos a la estación de Sol habían sido cerrados temporalmente por orden policial ante el riesgo de aglomeraciones coincidiendo con las movilizaciones educativas.
En aquella ocasión, el Consorcio Regional de Transportes comunicó medidas específicas para garantizar determinados transbordos.
Por tanto, no todos los cierres de Sol han respondido a la misma causa. El anunciado ahora se presenta como una intervención sanitaria y de mantenimiento, cuya necesidad, alcance y duración deben quedar debidamente documentados.
El informe del amoníaco: qué se ha demostrado realmente
La Comunidad de Madrid ha recurrido a un nuevo argumento para exigir el levantamiento de la acampada: la presencia de residuos orgánicos y concentraciones de amoníaco en accesos y conductos de ventilación de Metro.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió el jueves una carta a la Delegación del Gobierno en la que advertía de la acumulación de orines, excrementos y otros residuos.
Según la información difundida por el Ejecutivo autonómico, los análisis ambientales detectaron concentraciones de amoníaco que alcanzaban el 80% del valor límite de exposición laboral. Es un dato que exige atención, especialmente cuando están implicadas las condiciones de trabajo del personal de mantenimiento. Pero también conviene explicar qué significa realmente.
Alcanzar el 80% de un valor límite no equivale a superarlo. Tampoco permite concluir automáticamente que no exista ningún riesgo, porque la evaluación depende del tiempo de exposición, las condiciones de medición y las tareas que deben realizar los trabajadores.
El problema es que la cifra difundida no permite, por sí sola, establecer que toda la estación se encuentre en condiciones incompatibles con el servicio ferroviario.
Para comprobarlo sería necesario conocer el informe técnico íntegro, los puntos de muestreo, las concentraciones exactas, la duración de las mediciones y las recomendaciones de prevención. Si existe un riesgo laboral, debe corregirse inmediatamente. Pero la protección de los trabajadores exige medidas verificables, no utilizar una medición aislada como prueba de todas las acusaciones políticas contra una protesta.
La Justicia ha rechazado el desalojo urgente que pretendía Ayuso
La ofensiva del Gobierno madrileño contra la acampada no comenzó con el anuncio de cierre del Metro.
Desde finales de septiembre, el Ejecutivo autonómico ha reclamado reiteradamente a la Delegación del Gobierno que ordene el desalojo de los manifestantes.
También acudió a los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 5 de octubre la petición de desalojo inmediato presentada por la Comunidad mediante medidas cautelarísimas. Posteriormente, el 7 de octubre, volvió a denegar las medidas cautelares solicitadas.
La resolución señaló que no se había acreditado, en aquel momento procesal, la inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno necesaria para sostener la pretensión planteada.
Este matiz es fundamental: el tribunal no declaró que cualquier modalidad de acampada fuera indefinidamente legal, pero tampoco aceptó la pretensión de Ayuso de imponer judicialmente su desmantelamiento urgente. Además, tuvo en consideración el posible impacto de un desalojo sobre el derecho de reunión y los riesgos derivados de una intervención policial forzosa.
La presidenta puede cuestionar políticamente la actuación de la Delegación del Gobierno. Lo que no puede hacer es presentar como definitivamente resuelta a su favor una controversia en la que los tribunales han rechazado, hasta ahora, las medidas urgentes que solicitaba.
La protesta nació de una crisis de vivienda que Ayuso evita abordar
La acampada comenzó tras las movilizaciones del 26 de septiembre en protesta por el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo de la emergencia residencial.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid reclama medidas como contratos de alquiler indefinidos, la congelación de precios, la lucha contra determinadas prácticas fraudulentas y mayores garantías frente a los desahucios. Son reivindicaciones políticas que pueden discutirse, aceptarse o rechazarse. Pero no desaparecen porque se denuncien problemas de limpieza en una plaza.
La dificultad para acceder a una vivienda constituye uno de los principales problemas sociales de Madrid. La responsabilidad de afrontarla no corresponde únicamente al Gobierno central. El Ayuntamiento y la Comunidad disponen de competencias en urbanismo, vivienda, promoción pública y políticas residenciales. Sin embargo, Ayuso ha presentado la acampada principalmente como una operación política para perjudicar su imagen.
«Sánchez ha decidido boicotear Madrid», afirmó durante la entrevista. La acusación supone atribuir una intención deliberada al presidente del Gobierno sin presentar pruebas de que haya organizado la protesta con ese objetivo.
Comercios arruinados y manifestantes que no pagan impuestos: las generalizaciones de Ayuso
La presidenta sostuvo que los comercios y restaurantes de las inmediaciones se encontraban vacíos porque los ciudadanos tenían miedo de acudir a la zona. También aseguró que los manifestantes estaban arruinando a quienes trabajan y pagan impuestos. Sin embargo, no aportó cifras de facturación, comparaciones de afluencia comercial ni estudios económicos que permitan determinar el alcance real de los perjuicios.
La existencia de molestias, restricciones de movilidad o pérdidas en determinados establecimientos debe investigarse. Pero no permite afirmar sin datos que toda la actividad comercial del distrito Centro haya quedado arruinada.
Especialmente despectiva fue su acusación a los participantes de la protesta: «Y a ti te da igual, porque como tú no has pagado impuestos ni has creado un puesto de trabajo, te da igual todo».
¿En qué información se basa para afirmar que quienes protestan no pagan impuestos?
Ninguna de las pruebas aportadas permite establecer la situación fiscal o laboral de los manifestantes. Entre las personas que participan en movilizaciones por la vivienda puede haber trabajadores asalariados, autónomos, estudiantes, pensionistas y desempleados. Presentarlos colectivamente como ciudadanos ajenos al esfuerzo económico del país es una descalificación política, no un hecho demostrado.
Del vandalismo a las acusaciones de terrorismo
Ayuso también denunció daños en monumentos, dificultades para la circulación de ambulancias y agresiones a periodistas. Son denuncias que, cuando se refieren a hechos concretos, deben investigarse y recibir la respuesta legal correspondiente. Pero la responsabilidad por una agresión o un acto vandálico debe atribuirse a quienes lo cometen, no automáticamente a todas las personas que ejercen su derecho a manifestarse.
La escalada verbal del Gobierno madrileño ha incluido incluso sospechas sobre la posible presencia de personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas públicas concretas que permitan acreditar que la acampada esté organizada o controlada por una organización terrorista. La diferencia entre solicitar que las autoridades investiguen una sospecha y presentar esa sospecha como un hecho demostrado es esencial en un Estado de derecho.
El Metro necesita limpieza, pero Madrid necesita soluciones de vivienda La situación de Sol plantea obligaciones para todas las administraciones.
Si los accesos y conductos de Metro necesitan limpieza urgente, deben establecerse las medidas preventivas correspondientes y ejecutarse los trabajos. Si existen obstáculos para vehículos de emergencia, deben garantizarse corredores seguros. Si se producen daños al patrimonio o agresiones, deben investigarse.
Pero ninguna de esas actuaciones sustituye la obligación de responder a las reivindicaciones sociales que originaron la protesta. Tampoco demuestra que la movilización sea una conspiración organizada por Pedro Sánchez para perjudicar a Ayuso.
La presidenta ha convertido el deterioro de la imagen de la Puerta del Sol en uno de los principales argumentos de su ofensiva política, mientras la discusión de fondo sigue siendo cómo garantizar el acceso a una vivienda asequible.
Ayuso tiene derecho a exigir seguridad y limpieza. Los trabajadores de Metro tienen derecho a unas condiciones laborales adecuadas y los comerciantes, a desarrollar su actividad. Pero quienes protestan pacíficamente también tienen derechos.
Lo que resulta difícil de justificar es que una emergencia sanitaria alegada por la Administración termine utilizándose como argumento político para desacreditar a miles de personas sin separar los hechos demostrados de las acusaciones.
Porque detrás de las tiendas de campaña no hay únicamente una controversia sobre el estado de la Puerta del Sol. Hay una crisis de vivienda que no se resolverá limpiando una estación de Metro ni convirtiendo a quienes la denuncian en enemigos de Madrid.
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