El Partido Popular abrió en IFEMA su carrera hacia el 29 de noviembre con Alberto Núñez Feijóo prometiendo “reconstruir” España, José Luis Martínez-Almeida utilizando el caso de Maricarmen para atacar al Gobierno e Isabel Díaz Ayuso llevando el discurso mucho más lejos: fraude electoral, censos supuestamente inflados, instituciones “secuestradas”, una “mafia de Estado” y hasta terrorismo alrededor de la acampada de la Puerta del Sol.
La cuestión no es que el PP ataque al Gobierno en campaña, sino qué queda de esas acusaciones cuando se contrastan con las leyes y los datos.
Lo que Ayuso no acreditó es la afirmación decisiva: grupos terroristas estén “gestionando” la acampada de la Puerta del Sol. No presentó una investigación policial, una resolución judicial ni documento alguno que demostrara que la organización dirige el campamento.
Del terrorismo al supuesto fraude electoral
Ayuso volvió también a insinuar una manipulación de las elecciones mediante “regularizaciones masivas”, la ley de nietos y el voto por correo, llegando a afirmar que el Gobierno tiene “prisa” por “inflar los censos”.
La regularización administrativa de un extranjero no concede el derecho a votar en unas elecciones generales. La LOREG establece que el sufragio corresponde a los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral.
Puede investigarse cualquier irregularidad censal concreta y exigirse la máxima vigilancia electoral, pero vincular inmigración regularizada y fraude en las generales sin aportar pruebas mezcla deliberadamente dos realidades jurídicas distintas.
Ayuso llama ilegal a lo que contempla la Constitución
La presidenta aseguró además que Sánchez utiliza de manera “ilegal” la Diputación Permanente contra el Congreso.
El problema es que el artículo 78 de la Constitución establece expresamente que la Diputación Permanente asume determinadas facultades de las Cámaras cuando estas han sido disueltas, entre ellas las relacionadas con los decretos-leyes previstas en el artículo 86.
Se puede cuestionar políticamente que un Gobierno apruebe determinadas medidas después de convocar elecciones. Lo que no se sostiene es presentar como intrínsecamente ilegal un mecanismo escrito literalmente en la Constitución.
Almeida convierte a Maricarmen en argumento contra Sánchez
Almeida lanzó otra de las frases centrales del mitin: “Antes le dieron una vivienda a Jessica que a Maricarmen”, y reprochó a la izquierda los “290.000 desahucios” registrados durante los últimos ocho años.
El uso de esa cifra necesita una advertencia fundamental. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial contabilizan lanzamientos, que proceden de arrendamientos, ejecuciones hipotecarias y otras causas y que, como advierte el propio CGPJ, afectan a distintos tipos de inmuebles, “no solo viviendas” y, dentro de estas, “no solo vivienda habitual”.
Presentar el acumulado como si fueran 290.000 familias desalojadas personalmente por Pedro Sánchez convierte una estadística judicial mucho más compleja en un eslogan electoral.
Y existe una omisión todavía mayor: Madrid no es un espectador sin competencias.
El Estatuto de Autonomía establece que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. La legislación estatal reconoce además competencias municipales en promoción y gestión de vivienda pública.
Por tanto, Gobierno central, Comunidad y ayuntamientos pueden discutir quién ha hecho más o menos, pero Ayuso y Almeida no pueden atribuirse los éxitos de sus políticas de vivienda y desaparecer de la fotografía cuando aparece un fracaso como el de Maricarmen.
Feijóo modera el tono, pero acepta el mismo marco
Feijóo intentó diferenciarse prometiendo respeto a las Cortes, a la Justicia y a quienes no le voten, pero terminó hablando de un Gobierno que habría “robado a dos manos desde el primer día” y de una “mafia”, expresiones que presentan como responsabilidad colectiva del Ejecutivo hechos que deben determinar los tribunales persona por persona.
Ahí está la principal contradicción del acto de IFEMA: el PP promete restaurar la confianza en las instituciones mientras cuestiona anticipadamente las elecciones, acusa sin demostrar de terrorismo a quienes protestan en Sol y convierte una tragedia habitacional como la de Maricarmen en una disputa para decidir quién puede dar lecciones de vivienda.
Maricarmen no demuestra que toda la responsabilidad sea de Sánchez. Demuestra algo bastante más incómodo: que después de años de políticas estatales, autonómicas y municipales, una mujer de 87 años pudo perder la casa en la que había vivido durante décadas y convertirse, después, en argumento de campaña de los mismos partidos que se reparten las competencias para evitar que situaciones así vuelvan a ocurrir.
Feijóo y sus crisis de identidad
Feijóo, además, hizo algo especialmente significativo con la vivienda: la utilizó como prueba del fracaso de Sánchez, pero evitó explicar en ese gran mitin qué medidas concretas aplicaría para resolverla. Habló de acabar con las “falsas promesas en vivienda” y aseguró a los jóvenes que no se habían “equivocado de país”, sino que les había tocado “el Gobierno equivocado”, pero no desarrolló allí un plan sobre alquileres, parque público, grandes tenedores, suelo o protección frente a los desahucios. Y mientras prometía gobernar “con la verdad por delante” y respetar a las instituciones, endureció inmediatamente el discurso hasta hablar de un Gobierno que habría “robado a dos manos”, de “120 imputados” y de una supuesta orden para contratar “sicarios” y “deshacerse” de la jueza que investigó al hermano de Sánchez, formulaciones que convierten investigaciones judiciales abiertas y responsabilidades individuales todavía por determinar en una condena política colectiva pronunciada desde un mitin. La contradicción es evidente dentro de su propio discurso: Feijóo reclama prudencia institucional y respeto al Estado de derecho mientras presenta como hechos concluyentes acusaciones cuya última palabra corresponde precisamente a los tribunales que asegura querer proteger.
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