La Puerta del Sol vuelve a convertirse en el escenario de un enfrentamiento político e institucional, esta vez por una protesta que comenzó reclamando soluciones para Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada después de vivir durante 71 años en su domicilio, y que ha terminado abriendo un conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno. José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra Francisco Martín si no interviene para poner fin a la acampada, mientras centenares de personas continúan instaladas en la plaza para reclamar medidas urgentes en materia de vivienda.
La controversia ha adquirido una nueva dimensión después de que el alcalde asegurase este lunes, durante una entrevista en Telecinco, que la Policía Municipal solicitó la colaboración de la Policía Nacional para impedir la instalación de las tiendas de campaña, pero que los agentes estatales recibieron instrucciones de no actuar. Una afirmación que sitúa el enfrentamiento en el terreno de las competencias policiales y que el regidor utiliza para responsabilizar a la Delegación del Gobierno de la permanencia de los manifestantes en Sol.
Almeida acusa a Francisco Martín de permitir deliberadamente la protesta
El alcalde considera que la manifestación del sábado no amparaba la posterior instalación del campamento y ha reclamado que la Delegación del Gobierno intervenga para restablecer la normalidad. Según su versión, la Policía Nacional apenas mantuvo presencia en la plaza cuando comenzaron a colocarse las primeras tiendas.
Almeida ha denunciado una supuesta dejación de funciones y ha acusado al delegado de utilizar las movilizaciones sociales con una finalidad electoral, relacionando lo sucedido con las protestas registradas durante la Vuelta Ciclista de 2025. También ha advertido de que el Ayuntamiento está estudiando distintas alternativas si la acampada se prolonga, incluida la posibilidad de actuar por la vía legal.
Su posición se suma al comunicado difundido el domingo por el Gobierno municipal, que cuestionaba la actuación de la Delegación y reclamaba explicaciones sobre la retirada de los agentes nacionales cuando comenzó el asentamiento.
Desde el Consistorio sostienen que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro de las condiciones legalmente establecidas y consideran que la transformación de una marcha en un campamento permanente plantea un problema de ocupación del espacio público.
Francisco Martín rechaza intervenir mientras no existan alteraciones del orden público
La Delegación del Gobierno mantiene una posición diferente. Francisco Martín ha defendido que la Policía Nacional continuará desempeñando sus funciones de seguridad y ha rechazado que exista una justificación para actuar contra los participantes mientras la protesta se desarrolle sin disturbios.
Fuentes de la Delegación también han negado haber recibido una solicitud oficial y directa de desalojo por parte del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid, pese a las críticas públicas de ambas administraciones.
La discrepancia revela dos interpretaciones distintas sobre la intervención policial: el Gobierno municipal reclama actuar por considerar que el campamento excede lo comunicado para la manifestación, mientras la Delegación sostiene que la ausencia de incidentes no justifica una actuación de la Policía Nacional para disolverlo. Ninguna de esas posiciones, por sí sola, resuelve la discusión jurídica sobre la permanencia de la acampada.
Ayuso también señala al Gobierno y Más Madrid reclama soluciones para la vivienda
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha intervenido en la controversia acusando al Gobierno central de actuar de manera ilegal por no impedir la acampada. El Ejecutivo regional comparte las críticas municipales sobre la actuación de la Delegación del Gobierno y cuestiona que se traslade a la Policía Municipal la responsabilidad de resolver la situación.
Desde la oposición municipal, Rita Maestre ha respondido a las declaraciones de Almeida reclamando que Ayuntamiento y Comunidad atiendan las reivindicaciones de los manifestantes. La portavoz de Más Madrid ha anunciado que su grupo llevará al próximo Pleno una moción de urgencia para solicitar la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la paralización del Plan Reside.
Maestre ha relacionado las protestas con las dificultades que afrontan las personas mayores para conservar sus viviendas y ha citado también el caso de Paquita, una vecina de 83 años de La Latina cuyo lanzamiento permanece suspendido cautelarmente. La formación reclama que las administraciones madrileñas utilicen sus competencias en vivienda y adopten medidas para limitar las subidas de los alquileres.
Maricarmen pide desde el hospital que continúe la movilización
Mientras se intensifica el enfrentamiento entre las administraciones, Maricarmen permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón tras el desahucio ejecutado el pasado miércoles. Su situación ha impulsado una movilización que reunió el sábado a unas 25.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno, y que posteriormente se transformó en una acampada convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Desde el hospital, la mujer ha enviado un mensaje de agradecimiento a las personas que están participando en la protesta y las ha animado a continuar defendiendo sus reivindicaciones. Los organizadores reclaman medidas para frenar los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler y garantizar una mayor protección de los inquilinos frente a la pérdida de sus viviendas.
La protesta se desarrolla, además, en vísperas del Consejo de Ministros de este martes, en el que el Gobierno pretende abordar un nuevo real decreto sobre vivienda. Las organizaciones convocantes presionan para que la norma incorpore medidas de protección residencial y han vinculado la continuidad de la acampada a las decisiones que adopte el Ejecutivo.
De este modo, el conflicto abierto en la Puerta del Sol presenta dos dimensiones que avanzan simultáneamente: por un lado, la disputa institucional sobre quién debe intervenir y bajo qué condiciones para poner fin al asentamiento; por otro, las reivindicaciones de quienes reclaman que las administraciones adopten medidas concretas ante el encarecimiento del alquiler y la pérdida de la vivienda habitual.
Mientras Ayuntamiento y Delegación del Gobierno mantienen sus posiciones enfrentadas, los manifestantes continúan en Sol y el caso de Maricarmen permanece pendiente de una solución residencial que le permita recuperar la estabilidad después de haber perdido su hogar.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.