La Unidad Militar de Emergencias (UME) nació en 2005 como una herramienta del Estado para responder con rapidez y eficacia ante incendios, inundaciones, nevadas y otras emergencias que superaban la capacidad de los servicios autonómicos. Durante casi dos décadas, su prestigio ha crecido gracias a intervenciones rápidas, profesionales y muy visibles. Sin embargo, el escenario para el que fue diseñada ya no es el mismo. El cambio climático está multiplicando la frecuencia, la intensidad y la simultaneidad de los desastres naturales, y la UME (con su estructura actual) empieza a quedarse pequeña para un país que afronta un riesgo creciente y sostenido. Haría falta una inversión mucho mayor para afrontar con garantías el desafío climático que se avecina.
España es uno de los territorios europeos más expuestos al calentamiento global. Las olas de calor son más largas y extremas, los incendios forestales se comportan como megaincendios difíciles de contener, y las lluvias torrenciales provocan inundaciones repentinas que arrasan infraestructuras y cultivos. La catástrofe que vive Andalucía estos días es la mejor prueba del fenómeno (Valencia ya la vivió con la dana de octubre de 2024 que dejó 230 muertos y miles de millones en pérdidas). A esto se suman fenómenos menos visibles, pero igual de dañinos, como la sequía estructural o la erosión del suelo.
En este contexto, la UME se ha convertido en un recurso imprescindible. Pero también en un recurso insuficiente. Su plantilla ronda los 3.500 efectivos, una cifra que puede parecer elevada, pero que se queda corta cuando varias emergencias coinciden en el tiempo o cuando un desastre requiere semanas de intervención continuada. La simultaneidad de las crisis (en algunos casos se han registrado incendios en varias comunidades, inundaciones en otras y necesidad de apoyo logístico en una tercera) ya no es una excepción, sino una tendencia.
Los incendios forestales son el ejemplo más claro de esta nueva realidad. En los últimos años, España ha sufrido fuegos que avanzan con una velocidad y una intensidad inéditas, alimentados por temperaturas extremas, sequedad del terreno y vientos erráticos. Estos incendios, conocidos como de “sexta generación”, generan su propia meteorología, dificultan el trabajo de los equipos terrestres y obligan a desplegar medios aéreos de forma masiva.
La UME ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, pero su estructura no está pensada para enfrentarse de manera simultánea a varios incendios de este tipo. Cada gran incendio exige cientos de efectivos, maquinaria pesada, logística, comunicaciones y relevos constantes. Cuando el fuego se multiplica en distintos puntos del país, la unidad se ve obligada a priorizar, dejando a los servicios autonómicos con menos apoyo del deseado.
Las inundaciones repentinas provocadas por las danas (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) se han convertido en otro frente crítico. En apenas unas horas, un episodio de lluvias torrenciales puede anegar barrios enteros, cortar carreteras y dejar a miles de personas incomunicadas. La UME es clave en las labores de rescate, achique de agua, restablecimiento de servicios básicos y apoyo a la población afectada.
Pero estos episodios son cada vez más frecuentes y más violentos. La capacidad de la UME para desplegarse rápidamente es una ventaja, pero su número limitado de efectivos y vehículos especializados hace que, en ocasiones, no pueda cubrir todas las zonas afectadas con la rapidez necesaria. La geografía española, con zonas rurales dispersas y orografía compleja, añade dificultad a una unidad que debe dividirse para atender emergencias simultáneas.
La UME fue diseñada como una fuerza de intervención rápida, no como un cuerpo permanente de gestión climática. Su misión original era reforzar a los servicios autonómicos y locales en situaciones excepcionales. Pero lo excepcional se ha convertido en habitual. Y lo habitual, en insufrible.
El cambio climático no solo multiplica las emergencias, sino que las hace más largas. Un incendio puede durar semanas. Una inundación puede requerir meses de recuperación. Una sequía prolongada exige apoyo logístico continuado. La UME, con su estructura militar y su tamaño limitado, no puede sostener un ritmo de intervención permanente sin riesgo de agotamiento operativo.
Ante este panorama, cada vez más voces plantean la necesidad de reforzar la UME o incluso de crear un sistema nacional de gestión climática más amplio, que combine recursos civiles y militares. Algunas propuestas incluyen aumentar la plantilla de la UME para poder atender emergencias simultáneas sin comprometer la capacidad de respuesta; crear unidades regionales de intervención climática que trabajen de forma coordinada; invertir en tecnología avanzada, desde drones de vigilancia hasta sistemas predictivos basados en inteligencia artificial; reforzar la prevención, con más brigadas forestales, limpieza de montes y planes de gestión del agua; mejorar la coordinación entre administraciones autonómicas, estatales y europeas.
La UME ha demostrado ser una herramienta valiosa, pero no puede ser la única columna vertebral de la respuesta climática del país. El desafío requiere una estrategia más amplia, más estable y más ambiciosa.
El cambio climático no es un fenómeno futuro: ya está aquí. Y sus efectos seguirán intensificándose en las próximas décadas. España necesita prepararse para un escenario en el que las emergencias climáticas serán constantes, no excepcionales. La UME seguirá siendo un actor fundamental, pero necesita más recursos, más personal y un marco estratégico adaptado a la nueva realidad.
Si no se actúa con rapidez, el país corre el riesgo de que su principal herramienta de respuesta quede desbordada justo cuando más se la necesita. La UME no se queda pequeña por falta de capacidad, sino porque el mundo que la rodea ha cambiado más rápido que ella. Y ahora toca decidir si España quiere que siga siendo un recurso de élite o si prefiere dejarla sola ante un desafío que ya supera los límites de cualquier unidad.