El Tribunal Supremo también sentencia a Feijóo

La posición tibia del líder del Partido Popular ante la resolución condenatoria contra el fiscal general del Estado no ha gustado nada entre los magistrados conservadores

10 de Diciembre de 2025
Actualizado el 11 de diciembre
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El magistrado del Supremo Manuel Marchena en una imagen de archivo.
El magistrado del Supremo Manuel Marchena en una imagen de archivo.

La publicación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado un terremoto político y judicial. Sin embargo, lo más llamativo es que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha mostrado tímido a la hora de entrar a matar a Pedro Sánchez a cuenta de este asunto. En general, el PP está marcando perfil bajo, lo cual da una idea de lo polémico que ha sido el veredicto condenatorio, por revelación de secretos, contra el ya ex máximo responsable del Ministerio Público.

Quien más lejos ha ido en las críticas al Gobierno ha sido Miguel Tellado, el portavoz parlamentario popular, quien ha asegurado que nos encontramos ante una “sentencia histórica”. Además, pide la dimisión en bloque del Gobierno Sánchez. Tellado recuerda que es la primera vez en democracia que un fiscal general del Estado resulta condenado (en este caso por revelar los secretos tributarios de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso).

Llama la atención que Feijóo, esta misma mañana en la sesión de control al Gobierno, no se haya referido a la escandalosa sentencia que traerá cola, ya que condena al fiscal general sin una prueba directa y en base a meros indicios, conjeturas o sospechas como que la filtración debió partir del despacho de García Ortiz o de “personas de su entorno”. El líder del PP ha pasado de puntillas y ha formulado una pregunta a Sánchez que nada tiene que ver con lo acontecido en el Supremo en las últimas horas, en concreto “¿qué credibilidad tiene su Gobierno?” tras el caso Koldo. De esta manera, el jefe de la oposición centra el tiro sobre los presuntos amaños en el Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos y también en otro caso aún más reciente, como las denuncias por presunto acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar. Y es que ni siquiera Feijóo tiene claro que la sentencia que acaba de salir del horno del Supremo esté limpia de polvo y paja y sea presentable y acorde con los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, penal y procesal.

Por lo visto, el dirigente conservador no ha querido hacer sangre con la famosa sentencia que sí, que pasará a la historia, tal como dice su lugarteniente Tellado, pero de la infamia judicial. El fallo está cogido con palitos y cañas, adolece de una alarmante falta de pruebas directas contra García Ortiz y viene a reconocer, implícitamente, que no hay evidencia directa de que el exfiscal filtrara el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador. Además, la condena se basa en indicios y presunciones, lo que muchos juristas consideran insuficiente para una condena penal. Por si fuera poco, ha quebrado aún más al tribunal (división interna con cinco magistrados conservadores frente a dos que emitieron un voto particular defendiendo la absolución). Esta fractura refleja la controversia jurídica y alimenta la percepción de que no hubo consenso claro a la hora de redactar el veredicto. Por último, cabe referirse a la interpretación extensiva del delito de revelación de datos que hace el tribunal, al considerar que la nota de prensa oficial de la Fiscalía emitida para aclarar el bulo sobre los delitos del novio de Ayuso, propalado por el asesor de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, constituye de por sí base suficiente para condenar a García Ortiz. Los juristas más críticos sostienen que responder a una noticia falsa con información oficial no debería equipararse a un delito.

Todo ello ha llevado a alimentar las sospechas de lawfare o guerra sucia judicial en el Tribunal Supremo. Retornan las acusaciones de politización, mientras el Gobierno y sus aliados denuncian una “caza de brujas judicial” contra el Ejecutivo. El impacto institucional de la resolución no tiene precedentes, y eso lo sabe Feijóo, que ha preferido no meterse en ese barro y pasar palabra, como suele decir coloquialmente. Lo cual no ha debido gustar a los Marchena’s boys, o sea, al grupo de magistrados conservadores que ha puesto semejante disparatada sentencia. Los jueces esperaban un respaldo mucho más firme del jefe de la derecha clásica española, pero no lo han tenido. Y ahora se sienten defraudados. Tampoco han gustado esas dudas de Feijóo al entorno de Ayuso, que ha vuelto a ver en la posición timorata del líder un síntoma claro de “maricomplejinismo”, ese trastorno del PP habitualmente denunciado por Federico Jiménez Losantos. El gurú de la radio de la caverna se la tiene jurada al gallego como en su día se la juró a Rajoy. “Feijóo no está pertrechado para la guerra a muerte con Sánchez”, asegura. Además, le llama “cateto” por ir a reunirse con la patronal catalana en la órbita de Junts para pedirle los 7 votos que le faltan de cara a la moción de censura contra el inqulino de Moncloa. Esa actitud “quejumbrosa” no le ha gustado al locutor, que ya tiene en la diana a Feijóo por blandito. Cada minuto que pasa parece más insostenible la situación del actual líder del PP, sobre todo después de que las últimas encuestas le den un bajo índice de popularidad por debajo incluso de Sánchez y del propio Abascal. Esto huele a que la derechona política, judicial y mediática quiere hacerle un Casado al dirigente genovés.

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