Hasta la Inteligencia Artificial cree que se ha desatado una “caza de brujas” contra el Gobierno. Cuando se le pregunta al oráculo/robot de turno si hay “lawfare” o guerra sucia en España, la IA contesta rotundamente que “sí”, que “se habla de una caza de brujas judicial” contra el Gobierno de Pedro Sánchez, “especialmente tras la condena del fiscal general del Estado y las investigaciones abiertas contra miembros de su entorno”. La máquina infalible no niega que exista el problema, al contrario, admite que la politización judicial está ahí.
La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelar secretos del expediente tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso ha causado estupor, conmoción y gran alarma social. Reconocidos juristas y expertos en Derecho se llevaban ayer las manos a la cabeza tras comprobar que no hay ninguna prueba contra Álvaro García Ortiz, de modo que el fallo se ha basado en meras conjeturas y suposiciones. Es decir, sus señorías han puesto una sentencia interpretativa, valorativa, subjetiva, más allá del relato fáctico. Al fiscal general (ya ex) lo condenan por la filtración de un correo sobre la pareja de la presidenta de Madrid que en ningún momento ha sido probada y por divulgar una nota de prensa aclaratoria de un bulo, el difundido por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la lideresa. El despropósito cometido por la mayoría del tribunal (cinco magistrados han condenado y dos, Ferrer y Polo, han optado por la absolución en un voto particular), es tal que podría decirse que el Tribunal Supremo ha dilapidado el escaso crédito que le quedaba ya. Desde ayer, el Estado de derecho ha entrado en quiebra.
Los principales argumentos en contra de la sentencia se centran en la falta de pruebas directas, la interpretación demasiado arriesgada y atrevida de los indicios y el voto particular de dos magistradas que defendieron la absolución del reo. En primer lugar, el fallo llega a conclusiones trascendentales con meras hipótesis sin contrastar y sin poder probar, ni por un solo momento, que García Ortiz fue la persona que filtró el famoso correo sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso. De esta forma, el derecho a la presunción de inocencia salta por los aires, sobre todo cuando sus señorías redactan ese párrafo para los anales del Derecho procesal en el que vienen a decir que si la filtración no partió del propio fiscal general seguramente partió de ”una persona de su entorno inmediato”. Imaginación al poder. De alguna manera, la sentencia reconoce que no existe evidencia directa de que García Ortiz filtrara el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y, aun así, condena. Ni siquiera le ha valido al tribunal el testimonio de los periodistas que comparecieron en la vista oral y que afirmaron, tajantemente, que su fuente no fue el máximo responsable de la Fiscalía. A los jueces de Estrasburgo les dará un síncope cuando caiga en sus manos semejante delirio o chapuza judicial.
En cuanto al segundo argumento condenatorio, la interpretación extensiva del delito de revelación de secretos que hacen los magistrados, resulta más que discutible que se pueda llegar a un veredicto de culpabilidad a partir de una nota de prensa de la Fiscalía. Responder a una noticia falsa con información oficial no debería ser delito. Es filosófica y metafísicamente imposible y admitir lo contrario supone elevar la mentira a los altares jurisprudenciales. A lo largo de los 233 folios de sentencia, lo que viene a decirse es que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Goebbels ha entrado en el Supremo por la puerta grande.
El jurista Martín Pallín desmonta el constructo de Marchena y los suyos: el derecho al secreto no era absoluto para el defraudador, era compartido con la Administración tributaria, que tenía abierto el expediente, y por la Fiscalía, que tenía la obligación de hacer prevalecer el interés general, en este caso desmontar el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad al contribuyente evasor (en realidad, fue exactamente al revés, fue el abogado de Amador quien le ofreció el acuerdo a la Fiscalía para rebajar penas a su cliente al entender que estaba pillado en graves irregularidades con el fisco).
Y, en tercer lugar, y no menos grave que lo anterior, viene a decir el Supremo que si el fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil es porque algo tenía que ocultar. Una vez más, conjeturas descabelladas elevadas a la categoría de sentencia. Es evidente que a García Ortiz le asistía el derecho al borrado de su terminal porque así lo establece, por razones de seguridad, el protocolo de la Fiscalía. Sienta una grave jurisprudencia el tribunal, ya que, a partir de ahora, borrar un wasap puede ser considerado delito. Todos estamos en el punto de mira.
Llegados a este punto, no podemos por menos que sentir una inquietud profunda ante esta Justicia selectiva, irracional e inquisitiva que ha instaurado la mentira como ley. Estamos sin duda ante un caso de carácter político, lo que vuelve a poner encima de la mesa algo que muchos llevamos denunciando desde hace tiempo: la existencia de “lawfare” en España. Si todo un fiscal general puede ser condenado a la inhabilitación profesional y a la muerte civil con una sentencia tan floja e incoherente en sus razonamientos jurídicos, y lo que es peor, sin pruebas concluyentes, ¿qué garantías puede tener un ciudadano de a pie de que, llegado el caso, tendrá un juicio justo? Ninguna.
La sentencia es, sin duda, histórica, tal como dice el preboste del PP Miguel Tellado. Y es verdad que va a pasar a la posteridad, pero para mal. El fallo genera inseguridad jurídica, dinamita varios artículos de la Constitución y provoca desafección en la ciudadanía. Lo que nos queda por ver en los próximos días o semanas es más de lo mismo. La caza de brujas no ha hecho más que comenzar. A Pedro Sánchez juraron liquidarlo el día que pactó con Podemos y Puigdemont y era cuestión de tiempo que lo subieran al cadalso. Estamos asistiendo, ya lo hemos dicho otras veces en esta columna, a un golpe de togas, a un golpe blando. Dejando aparte el caso Koldo, un feo asunto que huele a corrupción por los cuatro costados, el futuro judicial para la familia monclovita es más que negro. Begoña Gómez puede darse por condenada por su maldito máster y la misma suerte va a correr el hermano del presidente por sus maniobras orquestales. Ni uno ni otro tienen posibilidad alguna de salir airosos de sus respectivos pleitos. El odio antisanchista se ha apoderado del sector reaccionario de nuestra judicatura, las paredes del Supremo rezuman bilis antiizquierdista. “Estás hundido. Eres un dictador. Hoy tendría que caer tu Gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais pa’lante”, dice un MAR más desatado y ebrio de rencor que nunca. En esas manos maquiavélicas estamos. Miedo.