El Tribunal Supremo retomó la vista del juicio con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio, esperado por su papel en la difusión del bulo sobre el supuesto pacto entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, dejó claro que fue él mismo quien ayudó a propagar esa versión manipulada. Rodríguez reconoció haber enviado mensajes a varios periodistas en los que aseguraba que el ministerio público había ofrecido un acuerdo al empresario, aunque en realidad fue su abogado quien lo propuso.
“Yo di a los periodistas exactamente lo que la Fiscalía había dicho”, explicó ante los magistrados, admitiendo que difundió el contenido de un correo electrónico del fiscal del caso, Julián Salto, sin tener en cuenta el mensaje previo del abogado de González Amador en el que se reconocían los delitos fiscales. Esa omisión alteró completamente el sentido de la comunicación y desató una tormenta mediática que buscó, según la Abogacía del Estado, “debilitar la credibilidad de la Fiscalía General del Estado y proteger a la presidenta madrileña”.
“Mi obligación es cuidar la reputación de la presidenta”
Rodríguez intentó justificar su actuación asegurando que actuó movido por la defensa de Ayuso. “Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta”, dijo ante los magistrados. “Cuando ha entrado en tela de juicio su reputación, es cuando he salido a hablar”. Según su versión, intervino públicamente porque la investigación sobre la pareja de Ayuso “ponía en peligro” la imagen de la presidenta.
También describió a González Amador como una “víctima” de un sistema injusto. “No es un delincuente. No es un defraudador. Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no se lo ha permitido”, insistió. Pese a que el propio abogado del empresario había propuesto un pacto que implicaba admitir los delitos fiscales, Rodríguez trató de convertir el caso en un ejemplo de persecución política.
La Abogacía desmonta su versión
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general Álvaro García Ortiz, aportó pruebas que contradicen el relato del jefe de gabinete. Mostró un mensaje de WhatsApp que Rodríguez envió a un periodista de El País antes de las ocho de la tarde del 13 de marzo de 2024, en el que ya sostenía la versión falsa de que la Fiscalía había ofrecido el pacto y luego lo había retirado “por órdenes de arriba”. El propio Rodríguez reconoció que ese mensaje era suyo, pese a haber dicho minutos antes que solo empezó a difundir esa versión cuando El Mundo publicó su primera noticia tergiversada, más de una hora después.
La abogada del Estado, Consuelo Castro, lo acorraló aún más al recordarle sus publicaciones en redes sociales, donde afirmaba que si lo llamaban a declarar “iría para adelante”. “Era un pronóstico, y no desacertado”, respondió con cierta ironía, consciente de que estaba en el banquillo de los testigos de un juicio que ha puesto bajo los focos a todo el entorno de Ayuso.
Un relato lleno de contradicciones
El testimonio de Rodríguez mostró una serie de contradicciones. Según su versión, el 12 de marzo de 2024 el propio González Amador le había enviado una fotografía del correo del fiscal para informarle de que “todo estaba terminando” y que el acuerdo era inminente. Sin embargo, al día siguiente, Rodríguez difundió la versión opuesta: que la negociación se había roto por una supuesta intervención política. “Si todavía no se ha llegado al acuerdo, alguien lo habrá parado desde arriba”, llegó a decir ante la fiscal, que le reprochó que no existía ningún indicio de ruptura.
El fiscal Diego Lucas, encargado del caso contra González Amador, ya había denunciado las “maniobras dilatorias” de la defensa del empresario para evitar que su cliente declarara. “A partir del verano de 2024 ya no tenían tanta prisa. Querían que él no llegara a declarar”, explicó.
González Amador se desmarca de su propio abogado
Tras la declaración de Rodríguez, fue el turno de Alberto González Amador, que trató de distanciarse del correo en el que su abogado proponía el pacto. Aseguró no haber participado “en ningún intercambio de correos” con la Fiscalía y se presentó como una víctima mediática. “Con la publicación del mail, pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. El fiscal general me había destrozado por completo”, declaró.
Pese a ello, admitió que dio permiso a su letrado para “negociar una conformidad”, lo que en la práctica implicaba aceptar los delitos fiscales. Según dijo, su principal preocupación era no perjudicar a Ayuso: “Intuía que en Hacienda sabían que era su pareja, y quería solucionarlo rápido y sin ruido”.
La sombra del poder y el relato de la víctima
Las declaraciones de ambos —el jefe de gabinete y la pareja de la presidenta— trazan una estrategia política y mediática destinada a trasladar la culpa hacia otros. Rodríguez intentó justificar la difusión de un bulo como un acto de lealtad institucional, mientras González Amador se presentó como un ciudadano injustamente señalado. Pero los hechos documentados demuestran que la cadena de filtraciones partió del entorno de la propia Ayuso, y que fue su equipo el que alimentó la confusión con versiones contradictorias.
En el fondo, el juicio no solo analiza una posible revelación de secretos, sino también el uso del poder institucional y mediático para proteger intereses personales. Miguel Ángel Rodríguez lo resumió, quizás sin querer, en una frase que revela la lógica de todo el caso: “Cuando entra en tela de juicio la reputación de la presidenta, es cuando salgo yo”.