El debate sobre el mercado laboral ilustra a la perfección la disociación que existe entre la fría estadística de los despachos ministeriales y la sufrida realidad de los centros de trabajo. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez agita con orgullo triunfalista la superación de barreras históricas en la afiliación a la Seguridad Social —impulsadas en gran medida por la inyección demográfica de los procesos de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros y por los ajustes estacionales del sector educativo—, la ciudadanía experimenta en su día a día los estragos de la precariedad. La temporalidad camuflada. Y unos salarios que no logran acompasar el ritmo del coste de la vida. La tasa de paro estructural, que se niega a abandonar los dobles dígitos de manera consistente, continúa siendo el gran fracaso sistémico de la economía nacional. Castiga con especial saña a los menores de veinticinco años, a los mayores de cuarenta y cinco. Y convierte la estabilidad en un lujo al alcance de pocos.
El PSOE: continuismo reformista y salario mínimo por ley
La estrategia del PSOE pivota sobre el continuismo reformista y el compromiso de seguir elevando las rentas del trabajo a través del BOE. Los socialistas proponen consolidar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mediante una reforma legal que garantice, de forma permanente y constitucionalizada, que el sueldo mínimo equivalga al 60% del salario medio nacional. Asimismo, el PSOE insiste en retomar la estancada reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin merma salarial. Con el horizonte de alcanzar las 36 horas en 2030. Acompañada de una Ley de Usos del Tiempo y del reparto obligatorio de parte de los beneficios empresariales entre la plantilla en las grandes corporaciones.
Para el PSOE, la modernización del mercado de trabajo pasa por la intervención regulatoria y el refuerzo del diálogo social. Concibe el incremento salarial de origen normativo como el motor de la demanda interna. La lógica es sencilla. Si los trabajadores cobran más, consumen más. Y si consumen más, las empresas venden más y pueden contratar más. Es la vieja receta keynesiana aplicada al siglo XXI.
El PP: flexibilidad y competitividad como columnas vertebrales
Por su parte, el PP rechaza de plano el intervencionismo gubernamental en las condiciones del contrato de trabajo. Sitúa la competitividad de las empresas y la libertad de pacto en la columna vertebral de sus propuestas. El modelo popular aboga por sustituir la reducción de la jornada laboral impuesta por ley por mecanismos de "jornada flexible" y un "banco de horas" pactado directamente entre empresarios y trabajadores dentro del ámbito de la negociación colectiva.
Para los populares, la prioridad no es encarecer los costes normativos de la contratación. Es aligerar la asfixia fiscal que sufren las PYMES y el colectivo de trabajadores autónomos. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo promete medidas de impacto directo para los creadores de empleo. Una "tarifa cero" para nuevos autónomos durante su primer año de actividad. La exención total de cotizaciones a la Seguridad Social durante doce meses para el trabajador autónomo que contrate a su primer empleado. Y la exención del IVA para quienes facturen por debajo de los 85.000 euros anuales.
Según la visión del PP, solo flexibilizando el mercado, reduciendo las cargas sociales empresariales y estimulando la productividad se conseguirá elevar el salario medio real sin destruir empleo. La rigidez, argumentan, es el principal enemigo de la creación de puestos de trabajo. Y la mejor política social es un empleo estable y bien remunerado, no una subvención permanente.
Vox: derogación y desregulación radical
En una línea de impugnación directa del actual marco laboral, Vox plantea una enmienda a la totalidad a las reformas de la última década. Propone explícitamente derogar la Reforma Laboral de Pedro Sánchez. La formación encabezada por Santiago Abascal fundamenta su propuesta laboral en una rebaja masiva de las cotizaciones sociales que pagan las empresas. Y en la supresión de las cuotas de autónomos cuyos ingresos no alcancen el SMI.
Paralelamente, Vox apuesta por una desregulación del mercado mediante su principio de "derogar tres normas por cada una nueva". Y la erradicación total de las subvenciones públicas a sindicatos y patronales, a los que acusa de parasitismo institucional. Asimismo, la propuesta laboral de Vox entronca de forma directa con su discurso migratorio. El partido aboga por la "prioridad nacional" en la contratación laboral y el acceso a las ayudas públicas. Propone mayores controles fronterizos para impedir la regularización de trabajadores en situación administrativa irregular. Y endurecer los requisitos de entrada de mano de obra extranjera para proteger los salarios de la población nativa.
Es un discurso que conecta con el malestar de aquellos trabajadores que sienten que la competencia desleal de la inmigración irregular presiona sus salarios a la baja. Y que ven en la desregulación una forma de liberar a las empresas de las cargas que, según ellos, les impiden crecer y contratar.
El Frente Amplio: el trabajo como conquista
Por último, el Frente Amplio adopta la posición más beligerante contra el poder corporativo. El programa del Frente Amplio exige llevar de inmediato la jornada laboral por ley a las 35 horas semanales sin reducción de sueldo. Así como el encarecimiento drástico de las indemnizaciones por despido para dotarlas de un carácter disuasorio y verdaderamente reparador ante arbitrariedades empresariales.
En el ámbito de las pensiones y la jubilación, la coalición plantea revertir los retrasos en la edad de retiro para permitir la jubilación con el 100% de la pensión a los 65 años de forma universal. Suprimiendo el tope máximo a las bases de cotización —el denominado destope de las rentas altas— y aplicando recargos obligatorios a las empresas hiperautomatizadas o de intensivo uso de Inteligencia Artificial para financiar la caja de la Seguridad Social. Para la candidatura liderada por Ada Colau, la estabilidad laboral no es un agregado macroeconómico que dependa de la benevolencia del mercado. Es una conquista de derechos que exige la intervención decidida del Estado para repartir el trabajo, reducir la brecha salarial y dignificar las rentas de las clases trabajadoras.
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