El Tribunal Supremo está teniendo muy en cuenta las fechas del calendario a la hora de tomar decisiones importantes sobre el futuro de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Si la filtración de la sentencia condenatoria por revelación de secretos se produjo el 20N, día de celebración fascista en memoria de la muerte de Franco, ahora se especula con que puede publicar la resolución en el puente de la Constitución, quizá para compensar. ¿Qué está queriendo decirnos el alto tribunal con estas aparentes coincidencias que quizá no lo sean tanto?
Las casualidades no existen, y cuando el sector conservador del Supremo decidió filtrar su fallo a los medios el día de la muerte del dictador envió, sin duda, un mensaje al Gobierno de Sánchez, que no lo olvidemos, pasará a la historia como el que exhumó los restos del tirano del Valle de los Caídos para trasladarlos al cementerio de Mingorrubio. Ahora, quizá para dar una de cal y otra de arena, sopesa pronunciarse precisamente el día que los españoles celebran la promulgación de su Carta Magna, la que permitió la transición de un régimen fascista a una democracia. Curioso cuando menos.
El Supremo comunicó primero la decisión (inhabilitación y multa con indemnización para el novio de Isabel Díaz Ayuso) sin publicar aún la sentencia íntegra, una práctica que sin constituir una anomalía legal sí que se antoja ética y moralmente cuestionable. Lo normal es que los juzgados y tribunales den a conocer sus resoluciones a los medios de comunicación después de notificar a las partes. Ese es el procedimiento judicial habitual en el ordenamiento jurídico español. Así le logran varias cosas: garantizar derechos procesales (las partes deben conocer la decisión antes que la opinión pública, para poder ejercer recursos o actuaciones posteriores); evitar filtraciones a medios de comunicación de confianza (la notificación oficial asegura que la información sea exacta y completa, sin depender de rumores o interpretaciones parciales); y otorgar transparencia y seguridad jurídica (la publicación en medios es importante, pero nunca debe sustituir la comunicación oficial a quienes están directamente afectados).
En el caso del fiscal general del Estado, lo que generó polémica fue que se adelantó el fallo a la prensa antes de que las partes tuvieran la sentencia íntegra en sus manos, algo que se percibió como una anomalía respecto a la práctica habitual. Al haber dos votos particulares, la sentencia debe recoger tanto la fundamentación mayoritaria como las discrepancias. Esto requiere tiempo de redacción y revisión, eso es lo que alegan fuentes del Supremo para justificar el retraso a la hora de dar a conocer el contenido íntegro de la resolución.
Aunque desde el Gobierno se calificó de “anómalo” que se conociera el fallo antes de la sentencia, fuentes judiciales señalan que es un procedimiento habitual: primero se anuncia el fallo y después se publica la sentencia completa. Pero algo sigue sin cuadrar. Llama poderosamente la atención la rapidez con la que se ha filtrado la decisión y la calma que están demostrando los magistrados a la hora de redactarla. Sobre todo, cuando expertos juristas han denunciado que la propia sentencia es cuando menos polémica. El Supremo condena al fiscal general del Estado sin pruebas concluyentes, ya que los periodistas que tuvieron contacto con el caso negaron que la fuente que les reveló el dosier tributario de Alberto González Amador, novio de Ayuso, fuese el fiscal general del Estado. Todos ellos aseguraron que ya tenían en su poder la información antes de que la Fiscalía emitiera la famosa nota de prensa para aclarar que no había ofrecido ningún pacto al abogado de la pareja de la presidenta madrileña para rebajar penas por delitos fiscales, sino que había sido exactamente al revés. Fue el letrado quien, tras reconocer los delitos de su cliente, proponía un acuerdo de conformidad al Ministerio Público.
Todo ese bulo fue ampliamente difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de cabecera de la lideresa, tal como él mismo ha reconocido en sede judicial. Hay máxima expectación para averiguar cómo van a redactar los magistrados los fundamentos jurídicos para condenar al responsable de la Fiscalía. ¿Cómo piensan articular una sentencia que se basa solo en indicios indirectos sin una prueba concluyente? Quizá ahí esté la razón del retraso en dar a conocer el fallo. Sus señorías se lo están pensando, dándole vueltas al papel, para reducir el impacto de las críticas. No lo tienen claro y se están tomando su tiempo. Se la van a coger con papel de fumar, como suele decirse, y van a leer una y cien veces cada párrafo para no incurrir en ningún desliz. No solo porque está en juego la credibilidad de la sala penal del Supremo, sino porque cualquier inexactitud, error o falta de concreción en la redacción puede dar al traste con todo el juicio por nulidad. De hecho, el fiscal general del Estado ya tiene avanzado el recurso ante el Tribunal Constitucional por daño a sus derechos fundamentales.
Hay demasiadas cuestiones raras en todo este caso. Y más aún después de saberse que tres magistrados que condenaron a García Ortiz impartieron un curso en la sede de una de las acusaciones particulares personadas en la causa poco antes del histórico fallo. Se trata de los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia que está por redactar), Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, según han confirmado fuentes del Tribunal Supremo. “Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal”, se escucha al magistrado Arrieta en una grabación adelantada por TVE mientras los asistentes al curso ríen a carcajadas. Revelador.