El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene opciones limitadas de revertir su condena del Tribunal Supremo, por revelación de secretos, ante el Constitucional (TC). Aunque puede presentar un recurso de amparo y juega a su favor la existencia de dos votos particulares, así como la dimensión política que ha tomado el caso, las probabilidades de éxito son reducidas. Para empezar, primero deberá presentar un incidente de nulidad ante el Supremo (que rara vez prospera) y solo después podrá acudir en amparo ante el más alto tribunal. Podría darse por supuesto que la mayoría de magistrados progresistas del Constitucional terminarán dando la razón a Ortiz, atrapado en una pesadillesca trampa ayusista, pero esa situación de desequilibrio a favor del sector más izquierdista de la judicatura tampoco garantiza una sentencia absolutoria. Las causas de casación están tasadas por ley, son habas contadas, como suele decirse coloquialmente, de modo que García Ortiz tiene escaso margen de maniobra.
El Supremo ha condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El delito, revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico con datos fiscales reservados, es suficientemente grave como para acabar con su carrera como fiscal.
El incidente de nulidad en el Supremo, paso previo para acceder al Constitucional, es una opción remota. Una vez descartada esa vía, el TC revisará si se han vulnerado derechos fundamentales (como el derecho a la tutela judicial efectiva, al honor o a la presunción de inocencia). También puede solicitar al TC que suspenda la ejecución de la pena mientras se resuelve su recurso. Esto le permitiría seguir en funciones temporalmente, aunque la decisión depende de la valoración del tribunal. Sin embargo, todo apunta a que Pedro Sánchez ya tiene sustituto para relevarlo. Si finalmente el Constitucional le da razón podría ser restituido en su cargo, pero si se rechaza el recurso solo le quedaría ya acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o solicitar un indulto del Gobierno. Ambas vías se antojan complicadas.
La existencia de votos particulares en el Supremo refuerza la idea de que hubo dudas jurídicas relevantes. Podría alegar que la información difundida tenía un interés público y que su actuación se enmarcaba en la transparencia institucional.
El carácter inédito de la condena a un fiscal general abre margen para cuestionar la proporcionalidad de la sanción. Pero el fallo del Supremo es condenatorio y firme, con mayoría clara. El TC no revisa pruebas ni hechos, solo posibles vulneraciones de derechos fundamentales. El componente político del caso puede jugar en su contra, dado el impacto mediático y la presión institucional.
El Tribunal Constitucional tiene una mayoría de magistrados de perfil progresista, fruto de las renovaciones pactadas en los últimos años entre el Gobierno y el Parlamento. De los 11 magistrados, la mayoría han sido propuestos por el Gobierno o por instituciones alineadas con posiciones progresistas. No significa que el TC vaya a fallar automáticamente a favor del fiscal general, pero sí que puede haber una mayor receptividad hacia argumentos relacionados con derechos fundamentales, proporcionalidad de la condena y garantías procesales.
En casos de gran impacto institucional, la orientación ideológica del tribunal suele influir en la interpretación de los derechos, aunque las decisiones se justifican siempre en términos jurídicos. La mayoría progresista podría valorar con más sensibilidad la idea de que la actuación del fiscal general estaba vinculada al interés público y a la transparencia institucional. También podría ser más proclive a conceder una suspensión cautelar de la condena, permitiéndole seguir en el cargo mientras se estudia el recurso.
Sin embargo, el TC no revisa hechos ni pruebas, solo examina si se vulneraron derechos fundamentales. Esto limita mucho el margen de maniobra, aunque Ortiz tiene una posibilidad real: que se le reconozca que se vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo con todas las garantías, incluida la necesidad de aportar pruebas concluyentes. La mayoría progresista en el Constitucional mejora las opciones políticas y jurídicas de García Ortiz, pero no garantiza un resultado favorable. El tribunal puede optar por una interpretación más garantista, aunque la firmeza de la condena del Supremo sigue siendo un obstáculo importante.
Las posibilidades reales de éxito de García Ortiz en el Constitucional son reducidas, aunque no inexistentes. El recurso de amparo es una vía compleja, pero los votos discrepantes y la singularidad del caso todavía le otorgan cierto margen para la esperanza. En cualquier escenario, el proceso ante el Constitucional tendrá un fuerte impacto político y marcará un precedente en la relación entre la Fiscalía y el poder judicial en España.