Dice Rosa Villacastín que está muy bien hablar de la corrupción del PSOE, pero que tenemos que hablar “de todos” los casos, también los del PP. Y tiene razón. Da la sensación de que la UCO y la Justicia se está dando mucha prisa en resolver los asuntos de corrupción del PSOE, mientras que los que afectan a la derecha se eternizan, se ralentizan o duermen el sueño de los justos. Estos días de escándalos estamos viendo cómo la trama Koldo estalla amenazando con hundir al PSOE mientras expedientes que tienen que ver con los negocios del novio de Ayuso y sus contratos de Quirón, el caso Montoro, el caso Zaplana, las presuntas negligencias de Mazón, los protocolos de la vergüenza en Madrid, la privatización del hospital de Torrejón, el escándalo de las mamografías en Andalucía, la financiación de Vox y las trapacerías de Villarejo se eternizan de forma exasperante.
¿Hay una Justicia a dos velocidades? ¿Es la Justicia igual para todos? Al fiscal general del Estado se le ha juzgado y condenado en tiempo récord mientras el novio de Ayuso, que lo llevó al Supremo, sigue sin ser sentado en el banquillo de los acusados por sus delitos fiscales. La Constitución establece un poder judicial independiente y garante de la igualdad ante la ley. Sin embargo, en la práctica, muchos ciudadanos perciben que no todos los casos avanzan con la misma celeridad. Procesos como los ERE de Andalucía o las investigaciones sobre la financiación irregular en distintas federaciones socialistas han sido instruidos con notable rapidez. En algunos de estos casos, las imputaciones y juicios llegaron en cuestión de meses, generando titulares constantes y un impacto político inmediato. Analistas señalan que la presión mediática y la relevancia institucional de los acusados contribuyeron a acelerar los procedimientos.
En cuanto a los casos vinculados a la derecha, se han producido dilaciones y recursos interminables. Macrocausas como la trama Gürtel o el caso Kitchen han tardado años en instruirse, con recursos, apelaciones y fragmentaciones que han ralentizado el proceso. La percepción ciudadana es que los casos que afectan al Partido Popular y a otros partidos de la derecha se eternizan en los tribunales, llegando incluso a perder fuerza mediática por el paso del tiempo. Esta lentitud erosiona la confianza en la igualdad de trato judicial.
A día de hoy, hay numerosos casos que salpican al PP que avanzan con ostensible parsimonia. La causa contra el novio de Ayuso y los contratos con Quirón, por ejemplo. Alberto González Amador aparece en los registros internos de Quirón Salud con una identidad falsa (“Alberto Burnet González”) y cargo de director de proyectos. Se investiga su papel en comisiones y contratos millonarios con Quirón, empresa que recibe unos 5.000 millones de la Comunidad de Madrid. Esto plantea un conflicto de intereses entre la gestión pública y los negocios privados vinculados a su entorno. El asunto es complejo, pero los delitos fiscales por los que está acusado Amador se han ralentizado. Cualquier ciudadano normal tendría ya una sentencia por una causa similar, más teniendo en cuenta que hay un informe de Hacienda que constata la existencia del delito. El novio de Ayuso no. Incluso se habla de la posibilidad de que la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por revelación de datos de su expediente tributario, podría servirle a “Burnet” González para solicitar la anulación de todo el procedimiento.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está imputado por crear una red de influencias que favoreció a empresas gasistas mediante reformas legislativas, a cambio de pagos al despacho Equipo Económico, fundado por él. Se le atribuyen delitos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho. La causa avanza lentamente.
El exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión por el caso Erial, relacionado con mordidas en concesiones de ITV y el Plan Eólico. También se le impusieron multas millonarias e inhabilitación. Zaplana recurrió al Supremo su condena bajo el argumento de “pruebas fabricadas”. El expresidente valenciano pide su absolución acusando al fiscal de buscar delatores “clandestinamente”. El casi sigue abierto.
Tras dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana por su nefasta gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón mantiene su condición de aforado como diputado autonómico. Esto significa que solo puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, lo que complica posibles causas judiciales. Se ha superado ya un año desde la tragedia y Mazón ni siquiera ha sido imputado. ¿Tan complicado es, después de más de un año, llevarlo ante la jueza de Catarroja para que explique qué hizo durante aquella tarde fatídica? A Ximo Puig ya le habrían metido la perpetua.
Durante la pandemia, se aplicaron protocolos que impedían derivar ancianos de residencias a hospitales. Se estima que 7.291 personas murieron en geriátricos madrileños, la mayoría privatizados, bajo estas directrices. El Gobierno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está bajo sospecha de graves negligencias, pero la causa se ha cerrado y se ha abierto en sucesivas ocasiones y en diferentes juzgados. ¿Dará explicaciones Ayuso algún día? No parece probable. Goza de inmunidad y no solo política.
El hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por Ribera Salud, está en el centro de un escándalo: audios filtrados muestran que se ordenaba rechazar pacientes menos rentables, engordar listas de espera y reutilizar material sanitario. Se trata de un escándalo sanitario de proporciones mayúsculas, pero aún no se ha abierto causa para investigar el asunto. Algo parecido a lo que ocurre en Andalucía con el escándalo de las mamografías. Cientos de mujeres denuncian la derivación masiva de pruebas a hospitales privados, mientras en centros públicos se hacían muchas menos pruebas, poniendo en riesgo su salud. Se cuestiona la externalización de cribados de cáncer de mama y la falta de cobertura suficiente.
En cuanto a Vox, el Tribunal de Cuentas lo multó con más de 800.000 euros por aceptar donaciones irregulares entre 2018 y 2020. Además, se investiga la fundación Disenso y las últimas noticias hablan de un presunto desvío de donaciones y fondos solidarios para los afectados de la dana de Valencia gestionados por Revuelta, una organización juvenil próxima al partido de Abascal. El Supremo anuló una sanción previa de 233.000 euros, pero la sombra de la financiación irregular persiste.