La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar la orden de juicio con jurado contra Begoña Gómez dictada por el juez Peinado ha supuesto un golpe difícil de disimular para el magistrado instructor. No se trata solo de un revés procesal: es una desautorización en toda regla a la pieza central de su instrucción, un mensaje claro sobre los límites que, a juicio del tribunal superior, se han traspasado en este procedimiento.
Sin duda, la Audiencia Provincial ha querido acotar un procedimiento que se estaba convirtiendo en un auténtico circo mediático. Y de paso también frenar los síntomas de grave politización de un caso que ha estado en el centro de la polémica desde el mismo día en que se abrieron las primeras diligencias.
La Audiencia ha sido contundente al señalar que no había razón para enviar a juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno. La resolución desmonta la tesis de Peinado y cuestiona la solidez de los fundamentos que utilizó para sostener la imputación. Además, le afea al instructor la escasa fundamentación jurídica de sus decisiones, es decir, su escaso empaque judicial y sus goteras tanto fácticas como argumentativas. Pocos varapalos más duros se han visto de un tribunal superior hacia un juzgado subordinado. En la práctica, la Audiencia deja la investigación del caso Begoña Gómez en una posición muy comprometida. El instructor pretendía convertir la causa en una especie de teatrillo, un auto de fe inquisitorial en el que entregaba a la hereje Begoña Gómez al pueblo para que fuese la justicia popular la que enjuiciara, no ya a la mujer del líder socialista, sino al sanchismo mismo. Una causa general contra el Gobierno en manos del ciudadano. Nunca antes en democracia se había visto algo así.
Peinado sabía el riesgo que corría abriendo juicio con jurado, más teniendo en cuenta que este tipo de delitos de corrupción suelen terminar en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, no ante tribunales formados por gente lega en Derecho, por gente de la calle. Esa performance, esa jugada un tanto diabólica del juez Peinado, es la que ha tumbado la Audiencia madrileña, que ha decidido poner orden a un circo que se estaba yendo de las manos. Ha sido una enmienda a la totalidad a la forma de ejercer la Justicia de un juez controvertido como el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Una forma de decirle que no son maneras en un sistema democrático.
Aunque el caso ha estado rodeado de ruido político desde el primer día, la corrección llega desde dentro del propio sistema judicial. Y eso tiene un peso específico: no es una crítica externa, sino una enmienda interna. El juez Peinado llevaba meses en el foco mediático por la instrucción del caso. Su insistencia en mantener la causa abierta, pese a la fragilidad de los indicios contra los imputados y a la ausencia de acusación pública –la Fiscalía ha pedido el archivo del sumario y los informes de la UCO no ven delito por ninguna parte en el máster organizado por Begoña Gómez para la Universidad Complutense de Madrid–, había generado tensiones dentro de la carrera judicial y alimentado la percepción de que el procedimiento se sostenía con alfileres. La sensación de politización aumentaba por momentos.
Las polémicas decisiones de Peinado han llegado incluso al órgano disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, que tiene pendiente una decisión sobre el futuro de un juez que, no lo olvidemos, está a punto de la jubilación. La resolución de la Audiencia no solo confirma esas dudas: las amplifica. Deja la sensación de que Peinado ha forzado los márgenes de la instrucción y que su criterio ha quedado aislado frente al de un tribunal colegiado. Tras la revocación, el juez se enfrenta a un escenario incómodo. Su autoridad queda erosionada y su margen de maniobra, reducido. La causa, tal como la había planteado, pierde su columna vertebral. Y cualquier paso que dé a partir de ahora será observado con lupa.
No es habitual que una Audiencia Provincial desmonte de forma tan explícita la decisión de un juez instructor. Cuando ocurre, deja huella. Y en este caso, la huella es profunda. La conclusión es inevitable: el juez Peinado se tambalea, está tocado. No necesariamente hundido, pero sí muy debilitado. Tanto en su margen de maniobra como en su credibilidad como profesional de la Justicia. La Audiencia ha marcado el terreno y ha dejado claro que la instrucción no puede avanzar por donde él pretendía. El caso seguirá su curso, pero ya no bajo el sello antisanchista que, aparentemente, Peinado ha querido imprimirle. El golpe al juez Peinado no es solo jurídico. Es institucional. Y también personal.