El juez Juan Carlos Peinado ha decidido ir a por todas para sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La decisión es arriesgada, ya que la Audiencia Provincial ha afeado al polémico magistrado su falta de argumentación jurídica para poner a la primera dama ante un tribunal formado por un puñado de ciudadanos legos en derecho (la decisión no encaja en los supuestos previstos por la ley). Su paso se interpreta en medios judiciales como una huida hacia adelante, un todo o nada. Y el instructor a punto de la jubilación podría enfrentarse a un nuevo revés del tribunal madrileño superior.
Peinado sostiene que los hechos investigados (relacionados con presuntos delitos de tráfico de influencias) deberían ser enjuiciados por un jurado popular. Sin embargo, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece un catálogo cerrado de delitos sometidos a este tipo de tribunal, entre los que no se incluyen los delitos contra la Administración pública que se atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno. Esta discrepancia jurídica es la que previsiblemente llevará a la Audiencia Provincial a pronunciarse de nuevo sobre la actuación del magistrado.
No sería la primera vez que la Audiencia Provincial corrige decisiones de Peinado en esta causa. En resoluciones anteriores, el tribunal ya ha enmendado autos del instructor por considerar que se extralimitaban o que no se ajustaban a los requisitos procesales. La insistencia del juez en mantener la vía del jurado podría, según fuentes jurídicas, desembocar en un nuevo toque de atención institucional.
El debate no es menor. La elección del órgano de enjuiciamiento condiciona el desarrollo del proceso y, en este caso, ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de dotar al caso de una dimensión mediática adicional. La Audiencia Provincial, sin embargo, ha mostrado en ocasiones anteriores una postura más estricta respecto al encaje legal de las decisiones del instructor.
Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha reiterado que la causa carece de base jurídica y ha solicitado en varias ocasiones su archivo. La Fiscalía también ha cuestionado la consistencia de la investigación, subrayando la ausencia de indicios sólidos. En este contexto, la discusión sobre el jurado aparece como un elemento más en un procedimiento marcado por la tensión institucional y la atención mediática.
Si la Audiencia Provincial vuelve a corregir al juez Peinado, el caso podría entrar en una nueva fase de desgaste para el instructor, cuya actuación ya ha sido objeto de varias quejas y diligencias disciplinarias. De momento, el juez Peinado ha convocado, para mañana miércoles, a Begoña Gómez con el fin de notificarle por tercera vez su decisión de que un tribunal del jurado sea el encargado de juzgar la causa abierta en su contra, informa Efe.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid reitera así su determinación de someter a jurado el proceso que afecta a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara su anterior resolución por falta de fundamentación.
Es la tercera citación a los tres investigados para trasladarles el envío del procedimiento al jurado. Ya lo hizo previamente respecto a una pieza separada por malversación y sobre la causa principal por tráfico de influencias. Ambas investigaciones fueron finalmente acumuladas en un único procedimiento, siguiendo las directrices de la Audiencia Provincial. La comparecencia de este miércoles, obligatoria conforme a la Ley del Jurado, servirá para perfilar las imputaciones. Como en las dos convocatorias anteriores, ni Begoña Gómez ni los otros dos encausados tienen previsto acudir al juzgado, que añaden que no se ha requerido un dispositivo de seguridad especial.
En esta vista, el magistrado deberá concretar los cargos y las partes podrán exponer su postura sobre el rumbo del caso: si procede el archivo o la continuación con nuevas diligencias. Los tres investigados ya han interpuesto recursos de reforma contra la más reciente resolución del juez Peinado. En todos los casos solicitan el sobreseimiento de la investigación, que, según la defensa de Gómez, se dirige contra ella por su condición de “cónyuge del presidente del Gobierno”.
En su auto, Peinado enumera los indicios que, a su juicio, apuntan a delito: que Gómez, “desde su posición prevalente como esposa del presidente del Gobierno”, convocara reuniones en Moncloa para impulsar una cátedra universitaria o remitiera “cartas sugiriendo, de forma directa o indirecta, la adjudicación de concursos públicos”. El juez aprecia posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo en las actuaciones atribuidas a Gómez para promover y financiar una cátedra en la Universidad Complutense, en su relación con Barrabés y en el uso de su asesora.