La situación profesional del juez Juan Carlos Peinado ha cambiado de forma significativa en las últimas horas. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener abierta la denuncia del ministro Félix Bolaños contra el magistrado por el interrogatorio al que le sometió en Moncloa lo deja en una difícil posición. La comisión disciplinaria cerrado todas las quejas abiertas contra Peinado, salvo el expediente que tiene que ver con el titular del departamento de Justicia. Sobre ese asunto, el promotor disciplinario tendrá que seguir investigando si se vulneraron los derechos del interrogado.
Hasta hoy, la sensación general era que el instructor del Juzgado Número 41 de Madrid se sentía impune en su intento de acabar con la mujer del presidente del Gobierno (imputada por la organización de un máster para la Universidad Complutense) y de paso con el sanchismo, auténtico objetivo de la operación orquestada desde las cloacas de ciertas organizaciones ultraderechistas con el permiso del sector conservador de la judicatura. Y en cierta manera esa sensación de que Peinado era intocable estaba justificada. El ala dura de los jueces, el búnker, amparaba sin ambages la instrucción del caso Begoña Gómez. Sin embargo, con el tiempo el asunto que antes ocupaba los grandes titulares de los periódicos de la caverna se ha ido desinflando como un globo viejo. La prueba definitiva de corrupción contra la primera dama no aparece y hasta la UCO asegura que no ve delito de enriquecimiento personal por ningún lado. Ni cuentas corrientes en B, ni dinero negro, ni paraísos fiscales en el Caribe. Nada de nada. La incapacidad del magistrado para encontrarle un renuncio a la esposa del líder socialista ha terminado por frustrar a quien antes le apoyaba y a quien había depositado en él todas las esperanzas de derrocamiento de la familia monclovita (y no será porque no le haya dedicado tiempo al caso, lo ha aparcado todo para centrarse solo en ese sumario convertido en auténtica obsesión).
Hoy Peinado se ve más solo que nunca. Estaba seguro de que todas las quejas contra él serían archivadas y la cúpula le ha fallado. Ya no puede contar con la Fiscalía (que ha rechazado de plano su investigación) ni con la UCO, y tampoco se fía de sus superiores de la Audiencia Provincial y del CGPJ. Las tentaciones de abandonar son fuertes.
El aviso de las últimas horas del CGPJ no cae en saco roto. Supone un duro tirón de orejas que ha causado un profundo malestar en el polémico juez, que incluso está pensando en arrojar la toalla y cerrar el caso. Es una seria advertencia a las maneras de un profesional del derecho que juega siempre al límite del reglamento. Y no solo lo dicen eminentes juristas como José Antonio Martín Pallín o Javier Pérez Royo; lo ha dicho también la Audiencia Provincial de Madrid, que ha revocado no pocas decisiones del magistrado (mayormente su intento de investigación del rescate de la compañía Air Europa, tantas veces abierta por Peinado como cerrada por el tribunal madrileño) y hasta le ha afeado que “la verdad no se puede buscar a cualquier precio”. Todos estos indicios (tanto los emanados de la decisión del CGPJ de investigar a Peinado como los reveses de la Audiencia) llevan a pensar que Peinado está perdiendo su manto de protección. Ya no es ese juez valiente jaleado desde la extrema derecha que iba a poner contra las cuerdas a la familia de Pedro Sánchez.
La actuación de Peinado en diversas diligencias recientes, especialmente aquellas relacionadas con investigaciones de alto impacto mediático, ha generado un debate creciente sobre los límites de la función jurisdiccional, la independencia judicial y los mecanismos de control interno del Poder Judicial. En este contexto, la posibilidad de que el magistrado que dio cuartelillo a las organizaciones fascistas de este país pueda enfrentarse a una sanción disciplinaria ha comenzado a tomar forma, proyectando una sombra que condiciona tanto su futuro profesional como la percepción pública del caso. Todo ello teniendo en cuenta que el magistrado se jubila en poco menos de seis meses, cuando cumplirá la reglamentaria edad de 72 años. Muchos en el CGPJ no ven la llegada de la hora del retiro del juez justiciero del sanchismo y si pudieran lo mandaban ya mismo al dique seco. Con Peinado apartado de la profesión, es más que probable que el caso Begoña Gómez tenga los días contados. Quien venga a ocupar su plaza quizá no tenga entre sus prioridades de agenda continuar con un asunto embarrado de política que se había convertido en una cuestión personal del magistrado cuando no en una patata caliente para la Justicia española.
El origen de esta tensión se encuentra en una serie de decisiones procesales que han sido cuestionadas por distintos actores jurídicos y políticos. Algunas de estas resoluciones han sido interpretadas como excesivas, otras como carentes de motivación suficiente, y otras como incursiones en ámbitos que, según sus críticos, exceden el marco estrictamente judicial. Aunque el CGPJ se encuentra en una situación de interinidad prolongada, sus órganos disciplinarios siguen operativos, y varias asociaciones de jueces han señalado que determinadas actuaciones podrían ser objeto de revisión.
La clave del debate reside en determinar si las decisiones del juez Peinado se enmarcan dentro de la discrecionalidad judicial (un espacio legítimo que permite interpretar la ley y dirigir la instrucción) o si, por el contrario, han cruzado líneas que podrían considerarse incompatibles con las obligaciones de imparcialidad, proporcionalidad y respeto a los derechos procesales, todas ellas amparadas por la Constitución y el actual ordenamiento jurídico. La frontera entre una instrucción rigurosa y una actuación susceptible de reproche disciplinario es, en ocasiones, difusa, y este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de esa complejidad.
Aunque por ahora no se ha hecho público ningún procedimiento formal contra el juez Peinado, fuentes jurídicas señalan que la presión mediática y las quejas presentadas por distintas partes podrían desembocar en una revisión más exhaustiva de su actuación. La mera posibilidad de que se estudie una sanción ya ha generado inquietud en el entorno judicial, donde se teme que este tipo de situaciones pueda interpretarse como un intento de condicionar la labor del instructor.
El caso también ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el sistema disciplinario de los jueces. Algunos expertos consideran que los procedimientos actuales son demasiado opacos y lentos, lo que dificulta tanto la protección de los magistrados frente a presiones externas como la depuración de responsabilidades cuando se producen actuaciones impropias.
Mientras tanto, el juez Peinado continúa desempeñando sus funciones, aunque bajo una atención mediática que condiciona inevitablemente su trabajo. Está en la diana del CGPJ. A partir de ahora el juez sabe que cualquier paso en falso podría ser el final del asunto que lleva entre manos. La posibilidad de una sanción, aunque todavía lejana, actúa como un elemento de incertidumbre. Si finalmente se abriera un expediente disciplinario, el proceso sería largo y complejo, con fases de investigación, alegaciones y resolución. En ese escenario, el impacto sobre la carrera del magistrado podría ser significativo, tanto en términos de reputación como de futuro profesional. Pero incluso si no se llegara a ese punto, el mero hecho de que la cuestión esté sobre la mesa ya supone un desgaste considerable.