Los interinos conocen el guion: denuncias de abuso, demandas de temporalidad, concursos dudosos o estabilizaciones mal diseñadas; titulares incómodos; y, a veces, una demanda por honor sufragada con presupuesto público para imponer silencio.
Eso tiene nombre y método: SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública). No buscan justicia; buscan cansancio, coste y miedo. La novedad es que la Unión Europea ha convertido la defensa frente a esas tácticas corruptas en una herramienta utilizable, también cuando el dedo en la llaga lo ponen empleados públicos temporales, plataformas de interinos o sus asesores.
La Directiva (UE) 2024/1069 fija un kit mínimo en materia civil y mercantil con dimensión transfronteriza: desestimación temprana de pretensiones manifiestamente infundadas, caución a cargo del demandante (security for costs), condena en costas e incluso sanciones a funcionarios implicados cuando hay abuso, y un cortafuegos frente a sentencias de terceros países usadas como ariete reputacional.
La Recomendación (UE) 2022/758 empuja a extender esa lógica a lo administrativo y lo penal. Para el colectivo de interinos, esto se traduce en un cambio práctico: cuando el discurso verse sobre interés público (gestión de personal, calidad del servicio, legalidad de procesos selectivos, protección de derechos laborales), el contraataque judicial puede y debe recibir un filtro de proporcionalidad reforzado.
España debe transponer la Directiva antes del 7 de mayo de 2026. Hasta entonces, no se está desarmados. La Directiva y la recomendación están ya en vigor y es aplicable citarlas y los jueces deben resolver de conformidad. En el orden civil, el art. 247 LEC permite reprimir la mala fe procesal; el art. 394 LEC hace pagar las costas a quien utiliza el pleito como altavoz; y, si asoma una medida cautelar mordaza, la caución del art. 728 LEC puede poner precio inmediato al intento. En lo contencioso-administrativo, la ponderación cautelar y la caución del art. 133 LJCA, junto al régimen de costas del art. 139, ofrecen palancas suficientes para encarecer el escarmiento. Cuando además existe elemento transfronterizo, es decir, la difusión paneuropea de la información, plataformas o proveedores fuera de España, partes domiciliadas en distintos Estados miembros, el paquete anti-SLAPP europeo entra en juego con todas sus herramientas.
El encaje para interinos es claro: la participación en el debate público sobre el funcionamiento de la Administración y los derechos de su personal es interés público en estado puro. Informes, auditorías, hilos explicativos, requerimiento de informes, dictámenes y ahora algoritmos; de tribunas y testimonios de afectación no son “deslealtad institucional”: son control democrático.
Muchos interinos han callado y callado sobre las "deslealtades institucionales" de precisamente aquellos que ahora los tiran por el retrete. Eso ahora puede acabarse si éstos quieren.
Si una administración decide litigar para neutralizar ese control, la petición de desestimación temprana y de caución para costas (para la administración) deja de ser una ocurrencia y pasa a ser la primera línea de defensa. Si el pleito se impulsa por la vía administrativa o con medidas cautelares desproporcionadas, la Recomendación legitima es pedir un test anti-abuso y un reparto de costas que disuada de repetir la jugada.
Ciertamente, si el honor de la institución es tan frágil, tal vez convenga protegerlo con buena gestión, con transparencia y no con pólvora del rey; y si el erario es el muñeco de entrenamiento, que nadie se sorprenda cuando el juez presente la factura completa. Para los interinos, la anti-SLAPP no es un eslogan: es una nueva herramienta procesal que convierte el “calla y no te metas” en “si te metes conmigo, paga”.