En una discreta sala de reuniones del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas, tres asociaciones de jueces y fiscales sustitutos españoles presentaron esta semana una denuncia que, bajo su apariencia técnica, apunta al corazón de uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema judicial español: la precariedad laboral en la administración de justicia.
Los representantes de las asociaciones (la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), la Plataforma Judicatura Interina (APJI) y la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (APDJSMS)) aseguran que una cuarta parte de la judicatura y la fiscalía españolas vive en una situación de temporalidad crónica. Es decir, que una de cada cuatro personas encargadas de impartir justicia en España carece de estabilidad laboral, derechos sociales plenos y posibilidad de ejercer otra profesión que complemente sus ingresos.
La cifra, por sí sola, resulta incómoda para un Estado miembro que se presenta como defensor del Estado de derecho en la Unión Europea. Pero el diagnóstico de Bruselas, de llegar a formalizarse, podría tener consecuencias mucho más amplias que las meramente laborales.
Abuso estructural
Las asociaciones denuncian lo que describen como un “abuso estructural” en la contratación temporal de jueces y fiscales sustitutos que en la justicia española se han convertido en un pilar de funcionamiento. Estos profesionales (que suplen a magistrados titulares ausentes o cubren plazas vacantes durante largos periodos) ejercen las mismas funciones jurisdiccionales, firman las mismas sentencias y asumen las mismas responsabilidades. Pero lo hacen sin estabilidad y con condiciones salariales y sociales más débiles.
El problema no es nuevo, pero su proyección europea sí lo es. El detonante ha sido el proyecto de ley orgánica para la “estabilización” de jueces y fiscales sustitutos, actualmente en tramitación parlamentaria. El texto, promovido por el Ministerio de Justicia, busca dar respuesta a años de denuncias y pronunciamientos judiciales sobre abuso de temporalidad. Sin embargo, según las asociaciones, el proyecto “no pone fin al abuso ni garantiza la estabilidad”, contraviniendo la Directiva 1999/70/CE, que obliga a los Estados miembros a prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales en el sector público.
Bruselas ya ha intervenido en casos similares. En 2023, la Comisión demandó a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el trato desigual a los jueces honorarios. Más recientemente, las conclusiones del abogado general Norkus en el asunto Obadal reforzaron la tesis de que los Estados deben “eliminar las consecuencias del abuso” y limitar los procesos de estabilización a quienes hayan sido verdaderas víctimas de esa situación.
Problema de diseño institucional
El caso español ilustra una paradoja más amplia: mientras el gobierno de Pedro Sánchez y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enzarzan desde hace años en una disputa sobre la renovación del propio órgano de gobierno de los jueces, los cimientos de la estructura judicial muestran signos de fatiga. La dependencia de jueces sustitutos, muchos de ellos con décadas de experiencia pero sin plaza fija, refleja tanto una política presupuestaria restrictiva como una gestión ineficiente de los recursos humanos.
La situación se agrava por la “incompatibilidad absoluta” que pesa sobre estos profesionales, que les impide ejercer cualquier otra actividad profesional mientras ocupan una plaza temporal. El resultado es un grupo atrapado entre la vocación y la precariedad: plenamente integrados en la maquinaria del Estado, pero sin las garantías que el Estado promete.
Bruselas como árbitro
Las asociaciones no acudieron a Bruselas por mero simbolismo. Solicitaron que la Comisión Europea actúe “con urgencia” para exigir a España un proceso de estabilización restringido (por concurso de méritos y dirigido solo a quienes hayan sufrido abuso) y la creación de una mesa de trabajo permanente entre las partes. En otras palabras, piden que el arbitraje de la Unión sustituya la parálisis interna.
El tema “entra dentro del ámbito de aplicación del derecho comunitario”, lo que abre la puerta a una intervención formal.
Precariedad como síntoma
Más allá del debate jurídico, el caso de los jueces sustitutos pone de manifiesto una cuestión más amplia: la fragilidad institucional en la administración pública española. En sectores tan dispares como la sanidad, la educación o la justicia, la temporalidad se ha convertido en una herramienta de gestión más que en una excepción. Según Eurostat, España lidera la tasa de empleo temporal en el sector público dentro de la Unión.
En la justicia, sin embargo, el problema adquiere una dimensión simbólica. Un Estado de derecho se mide no solo por sus leyes, sino también por las condiciones de quienes las aplican. Un juez temporal, mal pagado y sin estabilidad, no es el rostro que Bruselas quiere asociar a su política de “autonomía judicial” en Europa.
Reto de legitimidad
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido “una solución equilibrada” que combine el respeto a las normas europeas con las limitaciones presupuestarias nacionales. Ya se sabe lo que sucede cuando Sánchez promete algo... Pero cada nuevo aplazamiento erosiona la credibilidad del discurso reformista de Madrid en Bruselas. España ha hecho bandera de su defensa del Estado de derecho frente a los excesos de Polonia o Hungría; sin embargo, la Comisión podría pronto recordarle que la independencia judicial no depende solo de la no injerencia política, sino también de la dignidad profesional de quienes imparten justicia.
En el fondo, la denuncia de los jueces sustitutos trasciende la cuestión laboral. Es una advertencia sobre los límites del modelo administrativo español, que ha convertido la temporalidad en norma y la estabilidad en privilegio. Si Bruselas actúa, no será únicamente por solidaridad gremial, sino para enviar un mensaje más amplio: la defensa del Estado de derecho empieza por casa.