Josep Jover es abogado, jurista, libertario y pirata. Durante años fue la cabeza visible de la lucha contra el canon digital y que terminó en el TJUE, tribunal que determinó que se trataba de una tasa abusiva y que no cumplía con la legislación europea. Fue coordinador de la comisión jurídica del 15-M en Barcelona, estuvo involucrado con la sentencia del TJUE sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas y en la sentencia, también del TJUE, sobre el llamado céntimo sanitario. Durante años también lideró la lucha legal de los denunciantes de corrupción españoles en los tribunales europeos que terminó con la aprobación de la Directiva de Protección. En los últimos años, junto con juristas de reconocido prestigio, ha representado a asociaciones y federaciones de trabajadores públicos temporales.
Desde abril de 2025 acumula 25 demandas admitidas en el Tribunal General de la UE por el tema de los interinos. ¿Qué retrato haces del momento?
Es un punto de inflexión. Llevamos años denunciando un abuso estructural de temporalidad; desde abril hemos logrado 25 admisiones y, además, con un salto cualitativo: la velocidad. Lo que antes tardaba meses ahora llega en días. Para quien lleva 10, 15 o 20 años en precario, esto significa que Europa está escuchando y que hay recorrido real para exigir reparación y cambios de sistema.
¿En qué sectores está viendo más impacto?
Educación y Justicia. Son dos pilares del Estado social que no pueden sostenerse sobre la precariedad. En ambos, los interinos han demostrado mérito y capacidad cada curso y cada guardia, pero el sistema no les ha dado una salida conforme al Derecho de la UE. La estabilización no puede ser un eslogan; tiene que ser una solución eficaz.
¿Quién le ha acompañado en la trinchera?
La confianza que me han dado CGT, Pindoc y Somos Sindicalistas. Esa confianza no es abstracta: abre puertas probatorias, permite organizar cronologías, localizar testigos y pedir expedientes. Son sindicatos de base, incómodos para el abuso, que se quedan cuando las luces se apagan. Y, por supuesto, el papel decisivo lo tienen los propios interinos, que sostienen aulas, hospitales, ayuntamientos y juzgados a diario.
La sentencia del TJUE contra Grecia del 09-10-2025 (C-368/24) impone sanciones por no ejecutar un fallo de 2014 sobre el vertedero de Zakynthos. ¿Qué lección deja para España y para los interinos?
Que el artículo 260 TFUE no es decorativo: si un Estado no ejecuta, hay sanción real. La idea-fuerza es “efectividad y disuasión”: la UE no se conforma con promesas, quiere resultados. No es un calco de nuestro frente contencioso, pero sí un mensaje claro para cualquier administración que normalice el abuso o la inacción: cuando el incumplimiento persiste, llegan las consecuencias.
¿Hay otros casos o señales europeas en la misma línea (Italia, criterios de multas)?
Sí. Este año se han visto procedimientos por falta de ejecución también frente a Italia, y la Comisión ha actualizado la metodología para proponer sanciones bajo el 260 TFUE, afinando el cálculo de sumas a tanto alzado y multas coercitivas en función de la capacidad de pago. Traducción: más previsibilidad… y menos margen para mirar a otro lado. Cada vez más el camino pasa por ahí.
¿Qué aportan las conclusiones del Abogado General del 09-10-2025 en el asunto “Obadal” (C-418/24) al debate español?
Dos ideas: primero, que en España faltan medidas realmente efectivas para prevenir y sancionar el abuso en el empleo público; segundo, que la conversión automática no es “obligatoria” por principio, pero si no hay una alternativa eficaz, el sistema incumple. Esto encaja con lo que venimos defendiendo: o hay estabilización con garantías, o debe haber una reparación integral capaz de disuadir, y eso no son los 20 días por año.
Con 25 admisiones desde abril, ¿qué ha aprendido del “cómo”?
Que el tiempo importa y la prueba manda. Cronologías finas, méritos ignorados, grabaciones, algoritmos de baremación, correos de aviso, actas de tribunales… Cuando se documenta bien, el relato cambia y el Derecho se activa. Y también que la estabilización mal diseñada no arregla un problema estructural; puede incluso perpetuar disfunciones si no es efectiva y disuasoria.
¿Qué mensaje envía usted a la Administración que defiende “opositar o nada”?
Opositar es un instrumento, no una coartada. Si la herramienta se usa para mantener abusos, incumple el Derecho de la UE. Hay que restaurar la situación y prevenir la repetición: estabilización eficaz o, cuando no sea viable, indemnización integral (daño emergente, lucro cesante y daño moral). Y transparencia radical: sin opacidad en baremaciones ni algoritmos, el mérito real aflora.
Una última reflexión para nuestros lectores y para los interinos...
A los interinos de Educación y Justicia: organizad la prueba hoy, no mañana. Pedid los expedientes completos, las actas y las grabaciones; solicitad por transparencia los algoritmos de baremación y su documentación técnica; guardad nóminas, contratos y cortes de servicio; y sumad fuerzas con CGT, Pindoc y Somos Sindicalistas. Cada documento es un ladrillo; con 25 admisiones desde abril ya hemos levantado el andamio. Ahora toca rematar: casos mejor probados, más rápidos… y con efecto disuasorio para que el abuso no vuelva. Desde el primer momento, el formulario de la demanda redactado por nosotros se hizo público. Cualquier abogado o sindicato puede utilizarlo, como así se ha hecho; en este grave tema no hay exclusividades.