El escándalo del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha dejado de ser un asunto de mala praxis empresarial para convertirse en una prueba de estrés político y jurídico del modelo de gestión sanitaria madrileño. Lo que comenzó como la filtración de audios incómodos se ha transformado ahora en un frente judicial con potenciales consecuencias penales, institucionales y sistémicas. La Fiscalía aprecia indicios de prevaricación.
El detonante fue una información publicada el 3 de diciembre por El País, que reveló grabaciones del CEO de Ribera Salud —empresa concesionaria del hospital— en las que presuntamente se instaba a rechazar pacientes, alargar listas de espera y reducir intervenciones quirúrgicas con un objetivo explícito: aumentar los beneficios entre cuatro y cinco millones de euros. No se trataba de una discusión técnica sobre eficiencia, sino de una lógica de rentabilidad aplicada a un servicio público esencial.
De la gestión discutible al reproche penal
Las consecuencias no se hicieron esperar. Tras varias denuncias presentadas ante la Fiscalía de Madrid por el PSOE-M, Más Madrid y el abogado Javier Flores, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha dado un paso decisivo: considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en los artículos 404 y siguientes del Código Penal.
El avance no es menor. La fiscal investigadora ha decidido incoar diligencias y judicializar el caso, acumulando las denuncias presentadas tanto por los partidos políticos como por la Asociación El Defensor del Paciente. El procedimiento se tramitará en el Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, lo que desplaza el caso del terreno político al estrictamente judicial.
Desde el punto de vista jurídico, el núcleo del asunto es delicado. La prevaricación exige una resolución arbitraria dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. En un hospital de titularidad pública pero de gestión privada, la frontera entre responsabilidad empresarial y responsabilidad administrativa se vuelve difusa. Precisamente ahí reside la relevancia estructural del caso: no solo se investiga a directivos de Ribera Salud, sino también una posible omisión de los deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.
El papel de la Administración Ayuso
Las denuncias coinciden en un punto clave: la pasividad (o tolerancia) del poder público. El PSOE de Madrid señala expresamente una posible omisión de los deberes de control contractual, inspección y supervisión. Más Madrid va más allá y plantea hasta seis posibles delitos, entre ellos prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación discriminatoria de prestaciones públicas.
Este enfoque desplaza el foco desde la conducta de una empresa concreta hacia el diseño institucional del modelo concesional. Si la Administración delega la gestión pero no ejerce un control efectivo, el incentivo económico puede terminar imponiéndose sobre el interés general. En ese escenario, la externalización sanitaria no reduce riesgos: los redistribuye de forma opaca.
El hecho de que la Fiscalía haya remitido toda la documentación al juzgado refuerza la idea de que no se trata de meras irregularidades administrativas, sino de posibles conductas penalmente relevantes. En términos políticos, supone un cuestionamiento directo de la colaboración público-privada en la sanidad madrileña.
Pacientes como variable de ajuste
El trasfondo ético del caso es difícil de ignorar. Alargar listas de espera, rechazar pacientes o reducir intervenciones no son decisiones neutras: tienen consecuencias directas sobre la salud y, en algunos casos, sobre la vida de las personas. Cuando estos efectos se producen para mejorar márgenes de beneficio, la lógica mercantil entra en conflicto frontal con los principios del sistema sanitario público.
La denuncia de la Asociación El Defensor del Paciente añade un elemento aún más inquietante: la presunta reutilización de material sanitario de un solo uso. De confirmarse, no solo se trataría de una vulneración contractual o administrativa, sino de un riesgo directo para la seguridad de los pacientes. Es el tipo de acusación que convierte un debate técnico sobre eficiencia en un problema de salud pública.
El Hospital de Torrejón no es una anomalía aislada, sino parte de un modelo de gestión sanitaria externalizada implantado en Madrid desde hace más de una década. Sus defensores argumentan que introduce competencia, eficiencia y ahorro. Sus críticos sostienen que crea incentivos perversos y debilita la rendición de cuentas.
El recorrido judicial del caso será largo y su desenlace incierto. Pero, con independencia de las responsabilidades penales que se determinen, el episodio ya ha dejado una conclusión política clara: cuando la provisión de servicios públicos esenciales se rige por contratos complejos y objetivos de rentabilidad, la línea entre eficiencia y abuso se vuelve peligrosamente fina.