La enorme polémica del Hospital de Torrejón no es una anécdota ni un malentendido técnico: es la consecuencia directa de un modelo sanitario impulsado y sostenido por los gobiernos del Partido Popular en Madrid y, hoy, defendido sin complejos por Isabel Díaz Ayuso. Un hospital público, financiado con dinero público, gestionado por una empresa privada cuyo consejero delegado ha ordenado aumentar listas de espera, rechazar procesos no rentables y sacrificar derechos de pacientes con el único objetivo de incrementar beneficios.
La gravedad no reside solo en las órdenes, sino en lo que expresan: que en la sanidad madrileña actual, el interés empresarial va antes que el interés sanitario.
Un hospital público gestionado para ganar dinero
El Hospital de Torrejón es un centro del Servicio Madrileño de Salud, pero su gestión está en manos del Grupo Ribera Salud. La Comunidad de Madrid paga un canon fijo por cada habitante, independientemente de si ese paciente acude o no al hospital. Eso significa que, cuanto menos se gasta en diagnósticos, tratamientos o personal, más beneficio obtiene la empresa.
Además, el hospital cobra cantidades adicionales por atender a pacientes que no tienen asignado el centro, pero deciden acudir a él mediante el sistema de libre elección. Con esa estructura, reducir actividad o retrasar procedimientos costosos no es un fracaso: es negocio.
Por eso no sorprende que, en una reunión con una veintena de directivos, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenase “desandar el camino” de la reducción de listas de espera y diese instrucciones explícitas para “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”.
"En castellano llano: operar menos, gastar menos y aumentar los beneficios"
Directivos despedidos por denunciar vulneraciones de derechos
Lo más grave es que las personas que intentaron frenar estas prácticas no fueron escuchadas, sino despedidas.
La directora gerente del hospital, Pilar Navarro, denunció internamente que las órdenes podían suponer una “vulneración de los derechos de los pacientes” y una “mala praxis asistencial”. Dos días después fue despedida.
Poco después, tres altos cargos —el director médico, la directora de enfermería y el director de calidad y experiencia del paciente— presentaron otra denuncia interna. Fueron despedidos al día siguiente.
Sus alertas eran concretas:
-
Priorizar pacientes “no cápita” rentables.
-
Retrasar cirugías de pacientes “cápita”.
-
Suspender diálisis peritoneal “no cápita” por su coste.
-
Derivar a otros hospitales procedimientos caros.
Todo ello afectaba al derecho de libre elección y, sobre todo, a la salud de personas que necesitaban tratamiento.
Tras la investigación interna, la empresa concluyó que no había evidencias de infracciones y archivó las denuncias.
El mensaje que envía el sistema es demoledor:
quien defiende la ética sobra; quien mejora los números merece protección.
Ayuso: control político sin control real
Cuando se destaparon los audios, la Consejería de Sanidad reaccionó convocando una reunión de urgencia y enviando un equipo para “constatar la adecuada prestación del servicio”. También aseguró que “no se tolerará ninguna actuación que perjudique el acceso a la asistencia sanitaria”.
Pero, al mismo tiempo, afirmó que “no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”.
Es decir, lo que demuestran las grabaciones y las denuncias no es todavía considerado incumplimiento.
Y mientras tanto, el Gobierno regional ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos cinco años al Grupo Ribera Salud para sostener el hospital. Y el pasado julio aprobó otro rescate de 32,7 millones para hacer frente a sus deudas.
Un hospital público, pagado por todos, rescatando a una empresa privada, mientras esa misma empresa da órdenes para ahorrar dinero retrasando atención sanitaria.
"Con esa estructura, reducir actividad o retrasar procedimientos costosos no es un fracaso: es negocio"
Esta no es una desviación aislada: es la lógica del modelo.
Cuando el objetivo es ahorrar en pacientes
El sistema está diseñado para que lo rentable sea:
-
Atender procesos breves y baratos, como partos o cirugías menores.
-
Captar pacientes que vienen de otros centros, porque generan ingresos extra.
-
Evitar o retrasar procedimientos caros que “rompen” el margen de beneficio.
Por eso el hospital es líder en partos y procedimientos ambulatorios. No porque tenga una filosofía innovadora, sino porque son actividades con buen rendimiento económico.
Y por eso, según los audios, se desaconseja la atención a procesos más costosos, como la diálisis peritoneal de pacientes “no cápita”.
Si el tiempo de espera o la gravedad clínica entorpecen las cuentas, las cuentas mandan.
Reacción institucional: palabras, pero no responsabilidades
Tras el escándalo, el CEO se ha “apartado voluntariamente” de la gestión del hospital mientras se realiza una auditoría “en profundidad”. La empresa ha insistido en que “la prioridad son los pacientes”.
Pero resulta imposible separar este caso concreto de la responsabilidad política.
Ayuso defiende el modelo, rechaza revertirlo, lo financia incluso cuando fracasa y lo presenta como ejemplo de libertad.
¿Libertad para quién?
Para los madrileños, no.
Para las empresas, sí.
El modelo Alzira: la promesa que terminó en rescate
El Hospital de Torrejón no es una idea original de Madrid. El esquema proviene del modelo Alzira, implantado por el Grupo Ribera Salud en la Comunitat Valenciana.
Allí también se prometió eficiencia.
Allí también se pagaba un canon fijo por habitante.
Allí también se justificó la privatización como modernidad.
El resultado fue:
-
Pérdidas millonarias.
-
Rescates públicos.
-
Incremento del coste por habitante.
-
Protestas y falta de transparencia.
Al final, el Gobierno valenciano tuvo que recuperar el hospital.
En Madrid, en cambio, se mantiene lo que en otro lugar se desmontó por ineficaz y caro.
Lo que está en juego
El caso de Torrejón demuestra algo muy simple:
Cuando un hospital público está diseñado para generar beneficios, tarde o temprano alguien decide que un paciente es un coste y no una prioridad.
Si la Comunidad de Madrid no quiere más escándalos, debe asumir lo obvio:
la salud no puede gestionarse con las reglas de un supermercado.
Porque cuando la rentabilidad manda, el derecho a la asistencia sanitaria deja de ser un derecho y se convierte en un producto.
Y ese, le pese o no a Isabel Díaz Ayuso, no es un modelo sanitario: es un negocio.