La filtración de los audios del hospital público de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, ha abierto una grieta incómoda en el discurso sanitario del PP de Madrid. Pero, lejos de cerrarla, Alberto Núñez Feijóo ha decidido ampliarla. El líder del PP ha aprovechado el escándalo para lanzar un ataque directo (aunque medido) al modelo de gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, una de las piezas centrales del relato político del PP madrileño y la joya simbólica de su apuesta por la colaboración público-privada.
En un acto en Don Benito (Badajoz), Feijóo fue contundente al valorar la destitución del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, protagonista de los audios revelados por EL PAÍS, en los que instaba a los directivos del hospital a inflar las listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes o procesos “no rentables” con el fin de incrementar los beneficios del grupo. “Me alegro de que haya sido cesado”, afirmó Feijóo. “Ese tipo de manifestaciones y de conductas son contrarias a los principios básicos que deben regir la sanidad de nuestro país”.
Las palabras no fueron improvisadas. Al exigir “una auditoría con absoluto rigor” sobre el funcionamiento del hospital (incluyendo rendimiento quirúrgico, pruebas diagnósticas, listas de espera y gestión interna), Feijóo colocó un reflector sobre un modelo sanitario que Ayuso defiende como eficiente, ágil y moderno. De forma implícita, el líder del PP nacional trasladó la idea de que la externalización sanitaria, tal y como se ha aplicado en Madrid, necesita vigilancia, transparencia y quizá una revisión profunda.
La crítica fue un paso más allá cuando Feijóo sugirió incluso que los hechos podían tener implicaciones penales: “Si alguien pretende ahorrarse dinero dejando de atender a pacientes, puede haber responsabilidades más allá de las administrativas”. Esta frase, cuidadosamente calibrada, conecta con un mensaje que le permite al líder del PP marcar distancias con los excesos del liberalismo sanitario madrileño sin romper la cohesión interna del partido.
El Gobierno no tardó en leer la fisura. En la Comisión de Justicia del Senado, el ministro Félix Bolaños acusó al PP de “anteponer el negocio a la salud y la vida de la gente”. Para el Ejecutivo, el caso Torrejón confirma un diagnóstico que lleva años defendiendo: la colaboración público-privada sanitaria, cuando se convierte en un negocio opaco, degrada la atención y genera desigualdades.
Los sindicatos médicos, por su parte, rompieron el silencio apenas un día después de que los audios salieran a la luz. Para CCOO, en los territorios donde la gestión sanitaria está en manos de empresas privadas “hay pacientes de primera y de segunda”. UGT fue incluso más tajante: “No nos sorprende; es lo mismo de siempre”. Ambos sindicatos recordaron que llevan décadas reclamando la desaparición del modelo público-privado.
Los audios publicados, procedentes de una reunión del 25 de septiembre entre directivos de Ribera Salud y mandos del hospital de Torrejón, dejan poco margen a interpretaciones benignas. En ellos se escucha a Gallart instando a “dilatar las listas de espera” para elevar la rentabilidad y lograr un EBITDA de cuatro o cinco millones de euros. La rentabilidad, no la atención sanitaria, como horizonte prioritario.
Eso es exactamente lo que Feijóo ha decidido utilizar como palanca política. No contra el Gobierno, sino contra la narrativa del PP madrileño, cuya apuesta por la gestión privada es uno de los pilares de la identidad política de Ayuso. El líder del PP ve en el caso Torrejón una oportunidad doble: mostrar autoridad y pulcritud ética en un asunto que indigna a la ciudadanía (a pesar de que en Galicia también se ha aplicado el mismo modelo), y a la vez reencauzar la posición del partido hacia un modelo sanitario que él pueda defender a escala nacional sin cargar con las sombras del “laboratorio” madrileño.
En la pugna silenciosa por el relato, Feijóo ha encontrado un terreno fértil. Un escándalo que toca un punto especialmente sensible, la salud pública, y que le permite, sin decirlo abiertamente, situarse por encima de las políticas más agresivamente privatizadoras de Ayuso. Un ejercicio de equilibrio político, donde el líder nacional extiende la mano hacia el electorado moderado.