Engordar listas de espera para obtener más beneficios, reutilizar material sanitario desechable y de un solo uso (poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes), falta de transparencia del hospital, represalias contra el personal médico que denuncia las prácticas contrarias al código deontológico… Las supuestas irregularidades detectadas en el hospital público de Torrejón, cuya gestión está en manos privadas, podrían ir más allá de simples irregularidades administrativas para entrar en el terreno de la infracción penal. Estaríamos hablando de un posible caso de corrupción sanitaria, pese a que el Gobierno de Ayuso asegura que todo está normal, que las listas de espera entran dentro de los parámetros y de la media y que no hay nada raro. Sin embargo, el asunto huele tan mal que la analista y tertuliana de TVE Sarah Santaolalla pide que se investigue a los gestores del centro sanitario para saber “cuántos Maseratis tienen aparcados en la puerta del hospital”.
¿Se está haciendo negocio a calzón quitado con la gestión no ya de ese hospital concreto sino con todos los hospitales que el PP está privatizando en aquellas comunidades donde gobierna? Es preciso investigar el caso hasta sus últimas consecuencias y ya tarda un juez en abrir diligencias. De momento, un abogado ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid, según informa Eldiario.es. Sobre la mesa, la posibilidad de que se hayan cometido cinco delitos como prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra el personal trabajador.
La empresa gestora del hospital público de Torrejón ha despedido a parte del personal crítico con la dirección. Es preciso saber por qué. ¿Acaso ha sido una represalia por destapar los hechos? La denuncia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, se fundamenta en la existencia de grabaciones internas en las que “un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos”. En los citados audios, publicados por El País, un directivo indica a los mandos del hospital que se debe rechazar a pacientes “no rentables” y aumentar las listas de espera.
Entre tanto, según informa el portal Infosalus, el Defensor del Paciente ya ha pedido a la Fiscalía investigar al Hospital de Torrejón por reesterilizar y reutilizar catéteres. “La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, investigar al centro tras recibir nuevas denuncias relativas a la reutilización de material sanitario de un solo uso, ha informado la asociación en un comunicado”.
El caso del Hospital de Torrejón ya ha llegado a la Fiscalía. Se han presentado denuncias formales y asociaciones de pacientes han pedido que se investigue, por lo que las posibilidades de que se tramite en Fiscalía son muy altas y, de hecho, ya está en curso. La asociación también ha solicitado a la Fiscalía que indague en las cuentas del centro sanitario.
El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación administrativa tras conocerse los audios. Desde la oposición a Ayuso y desde parte del propio PP nacional se han pedido auditorías y responsabilidades penales, mientras la Comunidad de Madrid guarda silencio. Alberto Núñez Feijóo ha querido alejarse de las prácticas de Ribera Salud, ya que a él, a diferencia de a Ayuso, el caso sí le parece importante.
Feijóo ha pedido a la Comunidad de Madrid una auditoría al Hospital de Torrejón en un recado directo para la lideresa de los populares madrileños. “Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado”, asegura el presidente popular sobre las posibles consecuencias penales en el asunto.