El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, por sugerir en un escrito que los policías que sirven de escolta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de la justicia, según han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Cabe recordar que el pasado fin de semana el juez notificó a la primera dama que le requisaba el pasaporte tras abrirle juicio oral por cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Peinado ha pedido que Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, comparezcan en su juzgado, para entregar el documento, el mismo día que el presidente Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre los últimos casos judiciales que afectan al Gobierno.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró a las 9.00 horas de este lunes una reunión en la que se estudió un posible expediente sancionador al juez Peinado. La reunión ha sido tensa, ya que la mayoría es conservadora y la presidenta, Isabel Perelló, podía hacer uso de su voto de calidad en caso de empate.
La reunión tuvo lugar de manera presencial en la sede de este organismo, después de que la presidenta del CGPJ plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión inicialmente convocada para ayer pero que se aplazó hasta hoy para posibilitar un debate.
El expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según han explicado a Efe fuentes jurídicas. En el auto, el magistrado apunta que “no cabe duda” de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la “más enérgica queja” al CGPJ y solicitó la adopción de “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”. En reacción a las decisiones de Peinado, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “anómala” la investigación contra la esposa de Sánchez, afirmando que el juez “ha dictado resoluciones incomprensibles y alejadas del derecho”.
La apertura de expediente no significa que Peinado vaya a ser sancionado. Con la apertura del dosier, se activa un procedimiento reglado que puede prolongarse durante meses. El primer paso será el nombramiento de un instructor, un magistrado designado por la Comisión Disciplinaria del CGPJ que se encargará de analizar si las palabras de Peinado constituyen una falta grave de acuerdo con el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona la “falta de consideración” hacia otros funcionarios públicos. Además, el juez se jubila en septiembre, de modo que hay pocas posibilidades de que se pueda actuar contra él en activo. Fuentes jurídicas señalan que el expediente no estará terminado antes del verano en ningún caso.
A partir de ese momento se abre una fase de investigación interna. El instructor podrá solicitar documentación, pedir informes a la Policía o a la Fiscalía y requerir otras alegaciones. Si se aprecian indicios de infracción, se formulará un pliego de cargos, al que Peinado podrá responder aportando pruebas o explicaciones.
Tras esa fase, el instructor elevará una propuesta de resolución a la Comisión Disciplinaria, que será la encargada de decidir si archiva el expediente o si impone una sanción. Las posibles sanciones por falta grave van desde una amonestación hasta una multa de 6.000 euros, pasando por el traslado forzoso o incluso la suspensión de funciones por un periodo máximo de tres años. Solo en casos excepcionales se contempla la separación de la carrera judicial, una medida reservada para faltas muy graves. Nada de eso tendrá ya consecuencias por la jubilación del magistrado.
El expediente se produce en un momento de máxima tensión institucional, con el caso Begoña Gómez en el centro del debate político y mediático. Aunque el procedimiento disciplinario es independiente de la causa penal, su evolución podría influir en la percepción pública del proceso y en la posición del propio juez instructor.