La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en el caso Begoña Gómez –la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés– han pedido que no se abra juicio oral por la inexistencia de delito.
Según fuentes presentes en la declaración citadas por La Sexta, la acusación popular y la particular –de la Universidad Complutense– han pedido ya la apertura de juicio oral contra los tres investigados.
La Policía tuvo que alejar a la veintena de manifestantes concentrados a la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla con banderas de España y carteles de Hazte Oír y Vox. Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, que lidera la acusación popular, aseguró en los Juzgados de Plaza de Castilla que no van a pedir prisión provisional para Begoña Gómez. “Sí pedirán la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante el Juzgado o Tribunal”, añade la cadena privada de televisión.
“La intención del juez Peinado es que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, por personas de a pie que, entre otros, deben cumplir un requisito: no tener ya una opinión formada sobre el caso. Y vista la polarización en la que vivimos, ¿cómo garantizar nueve personas totalmente imparciales?”, informa La Sexta.
Cada dos años, en los años pares y durante la segunda quincena de septiembre, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizan un sorteo público. De este modo, se genera una lista de candidatos potenciales para toda la provincia, que está vigente durante dos años.
Los requisitos para formar parte de ese listado son: ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en cualquier municipio de la provincia donde se haya cometido el delito y no estar impedido de manera física, psíquica o sensorial para realizar las funciones del jurado.
La comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado ha empezado a las 18.20 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Se trata de la audiencia previa de cara al futuro juicio por cuatro presuntos delitos, y en la que la acusación popular pedirá que se le retire el pasaporte y que firme cada 15 días en el juzgado.