El juez Juan Carlos Peinado celebrará mañana lunes la audiencia preliminar a la que ha citado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, como acusada en el caso del máster para la Universidad Complutense de Madrid. Peinado tomó esta decisión después de que el abogado de la primera dama pidiera un aplazamiento porque ya tenía agendado otro procedimiento para la fecha inicial prevista, el día 9 de junio.
Así lo acordó el juez instructor en un auto en el que fijó para las 18 horas de mañana la audiencia preliminar con “la obligación de comparecer”. El magistrado insistió en que tanto Gómez como los otros dos investigados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, “deberán comparecer personalmente”, “con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública” si no lo hicieran. Es decir, Peinado advirtió a la mujer de Sánchez de que podría terminar detenida de no atender el requerimiento judicial. La amenaza de prisión no ha caído en saco roto en Moncloa, que ha decidido que la primera dama acuda a presencia del juez instructor. Este, previsiblemente la informará de sus derechos ante la apertura de un juicio con jurado por cuatro delitos, apropiación indebida, malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Juan Carlos Peinado también avisó al fijar la primera fecha de que, si no acudían los procesados, podría adoptar medidas cautelares sobre ellos para evitar “el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia”. Cabe recordar que las acusaciones particulares, en representación de organizaciones ultraderechistas, han pedido a Peinado que tome medidas ante el riesgo de fuga.
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez y la medida está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. A la audiencia preliminar del lunes también están convocadas (además de los acusados y sus defensas) la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.
Además, la Fiscalía apoya el recurso de la mujer del presidente del Gobierno, que ha pedido que sea interrogado como testigo el otro director de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, Juan Manuel Ruano. De esta manera, Begoña Gómez espera poder probar que el curso de posgrado se hizo siguiendo escrupulosamente los protocolos universitarios.
El fiscal defiende que la solicitud de practicarle una testifical a este cargo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) “no resulta una diligencia inútil o ajena al posicionamiento mantenido por la defensa”. En este sentido, alude a que el “nombre” de Ruano “ha surgido en diferentes ocasiones”, que a él han hecho referencia otros testigos en sede judicial y que “aparece reflejado en documentos” obrantes en el sumario del caso Begoña Gómez.
“Al Ministerio Público no le parece desproporcionado que se le reconozca a la esposa de Pedro Sánchez la defensa del derecho a la declaración de Ruano. Así como a la ratificación de las tres periciales de parte que presentó para negar perjuicio económico a la UCM, que su cátedra extraordinaria fuese constituida irregularmente y que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, se hubiese excedido ilícitamente de sus funciones profesionales”, informa La Razón.
Se prevé que la comparecencia de mañana sea tensa. Se trata de un trámite crucial que podría terminar con la esposa de un presidente del Gobierno sentada en el banquillo de los acusados ante un jurado, algo inédito en democracia. Todo ello mientras el hermano de Sánchez, David Sánchez, espera sentencia sobre su caso por la adjudicación de una plaza de músico en la Diputación de Badajoz, y mientras Zapatero espera también para declarar ante el juez Calama por el rescate de Plus Ultra. Entramos en una semana clave para el sanchismo, más aún después de que ministros del Gobierno hayan denunciado que en la Justicia española hay jueces prevaricadores haciendo política.