El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado posponer al próximo 15 de junio a las 18.00 horas la citación de Begoña Gómez a una audiencia previa al posible juicio con jurado en su contra, que inicialmente estaba fijada el 9 de junio y que el letrado de la mujer del presidente del Gobierno pidió retrasar, informa Efe.
El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si envía a la primera dama a juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En el auto dictado este martes, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso “expreso” de que, si se ausentan a la comparecencia, serán “conducidos por la fuerza pública”.
Hace solo unos días, el abogado de Begoña Gómez acusaba al juez Peinado de llevar el procedimiento a “una velocidad de crucero” incompatible con las garantías del proceso penal, al considerar que el magistrado actuaba “como si tuviera excesiva prisa” por cerrar la instrucción. La respuesta del magistrado parece ser esta: ralentizar un poco más la instrucción, quizá una forma de castigo por la “rebeldía” del letrado.
El caso estaba ya terminado y Peinado incluso había dictado auto de juicio con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos ellos investigados por la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Este retraso supone más tiempo para que la defensa pueda preparar alegaciones, solicitar nuevas diligencias o insistir en la práctica de diligencias que el juez había rechazado, como la citación del codirector de la cátedra de la universidad que trabajó con Begoña Gómez o la ratificación de informes periciales. Pero también da un tiempo para que las organizaciones ultraderechistas personadas como acusación particular puedan pedir más actuaciones. En realidad, el aplazamiento es un freno a la intención del juez de comunicar cuanto antes la apertura de juicio con jurado y la celebración de la vistilla de medidas cautelares. Una pausa o interludio en un proceso muy cuestionado por falta de motivación en algunas decisiones, según han señalado tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo en resoluciones previas que han corregido el magistrado.
Peinado, que se encuentra a meses de su jubilación, ha mostrado interés en dejar encarrilada la causa antes de retirarse, incluso proponiendo que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. El aplazamiento dificulta ese calendario acelerado: retrasa la comunicación formal de cargos y la eventual elevación a juicio; puede obligar al juez a justificar mejor sus decisiones, especialmente después de que instancias superiores hayan anulado piezas separadas por falta de motivación o por considerarlas prematuras; debilita la narrativa de urgencia que el magistrado parecía imprimir al procedimiento.
El caso, unido a otro polémico juicio, el que se celebra estos días contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por la adjudicación de una plaza de músico, es un foco de tensión política. Sin duda, el abogado de la defensa, Antonio Camacho, reforzará su relato de que la instrucción está plagada de irregularidades y decisiones inaceptables, como ya argumentó en su recurso contra la citación del 9 de junio.