El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha remitido un escrito al juez Peinado en el que lamenta, entre otras cosas, que no haya llamado a declarar a testigos que beneficiaban la versión de su cliente de que el famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid fue organizado por la primera dama bajo todas las garantías legales y administrativas. Las declaraciones que han sido practicadas, asegura el letrado, han sido por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. “Algo similar ocurre con la testifical del codirector de la cátedra”, informa Efe. El juez rechazó llamarle a declarar a petición de Begoña Gómez cuando, según su abogado, “nadie mejor que quien compartió la dirección” de la cátedra “puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultado”.
Cabe recordar que tras más de dos años de investigación ni la UCO y la Fiscalía han encontrado pruebas de lucro ilegal en las cuentas de Begoña Gómez. Es más, los agentes han concluido en su reciente informe que la actividad docente de la mujer de Sánchez es incompatible con un enriquecimiento personal.
“Su declaración [de José Manuel Ruano de la Fuente, codirector del Máster de Transformación Social Competitiva] es imprescindible para pronunciarse sobre la apertura del juicio oral”, aduce la defensa, que cuestiona que el juez nunca haya citado a Ruano “a lo largo de una instrucción de extraordinaria extensión y duración, durante la cual se ha tomado declaración a decenas de testigos, algunos de ellos en más de una ocasión”.
Ruano podría aportar tres tipos de elementos clave al caso Begoña Gómez: contexto interno de la Universidad Complutense, valoración técnica del funcionamiento de las cátedras y másteres, y testimonio directo sobre decisiones adoptadas por el rectorado. Su papel es relevante pero Peinado, según el abogado de Moncloa, lo ha descartado.
Ruano estuvo directamente implicado en la creación y funcionamiento del máster y la cátedra extraordinaria asociada a Gómez. Puede aclarar cómo se gestaron estas iniciativas, qué procedimientos se siguieron y si hubo presiones externas para la contratación de Gómez, lo que probaría o permitiría descartar el delito de tráfico de influencias.
La defensa de Begoña Gómez ha cuestionado que el magistrado que ha propuesto juzgarla, Juan Carlos Peinado, haya puesto “una velocidad de crucero” en la causa “absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal”, como “si tuviera excesiva prisa” en acabarlo, según informa Efe. El abogado y exfiscal Antonio Camacho denuncia la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.
Una resolución con un razonamiento “jurídicamente inaceptable”, según argumenta el letrado en su recurso, en el que cuestiona que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.
Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez Peinado quiere que sean juzgados por un jurado popular, y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos. A la mujer de Pedro Sánchez el juez le imputa presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos que giran en torno a la citada cátedra que codirigió, al software que se creó en su seno, y a las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de Begoña Gómez.
Imputaciones que la defensa refuta, entre otros elementos, con varios informes periciales sobre “los tres ejes fácticos sobre los que se construye la acusación” –si hubo perjuicio económico para la Complutense, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre Gómez y su asesora– que ahora el juez no le permite que sean ratificados en la audiencia preliminar.
Entre esos informes figura, por ejemplo, el que concluye que el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo “un superávit” de casi 13.000 euros. La Complutense, en cambio, se personó en enero como actor civil y reclama “daños y perjuicios” ante una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que ascienden a alrededor de 113.000 euros.
El abogado cuestiona que Peinado no le permita “contradecir pericialmente” dichas acusaciones antes de decidir si enviar a juicio a los procesados, lo que supone “una quiebra del principio de igualdad de armas”, y subraya que el juez le ha denegado “la práctica totalidad de las diligencias” que ha pedido.