La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que deje en suspenso su causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida si avala o revoca la propuesta del magistrado de que sea juzgada ante un jurado popular, informa EFE.
El núcleo del debate jurídico es quién debe juzgar los hechos y qué implicaciones tiene esa elección para el desarrollo del caso. La petición de la defensa no es un gesto menor. Solicitar la suspensión del procedimiento mientras se resuelve la cuestión del jurado implica, en la práctica, ganar tiempo y evitar que la instrucción avance por una vía que podría ser declarada improcedente. La defensa sostiene que, si finalmente la Audiencia revoca la propuesta del juez Peinado, todo lo actuado en esa dirección podría quedar comprometido.
Este tipo de maniobras procesales son habituales en causas de alta sensibilidad política y mediática. La figura del jurado popular –reservada para delitos concretos como cohecho, malversación o tráfico de influencias– introduce un elemento adicional: la valoración ciudadana frente a la técnica jurídica de un tribunal profesional. Para la defensa, clarificar este punto antes de continuar es esencial.
El juez Juan Carlos Peinado ha sido protagonista de varias decisiones controvertidas en esta causa. Su propuesta de que sea un jurado popular quien juzgue a Gómez ha generado debate entre juristas, ya que no todos consideran que los hechos investigados encajen de forma inequívoca en los delitos competencia del jurado.
La defensa argumenta que la propuesta del juez podría carecer de base suficiente y que, por tanto, la Audiencia Provincial debe pronunciarse cuanto antes. Hasta que eso ocurra, sostienen, continuar con la instrucción podría vulnerar garantías procesales. Este choque procesal refleja una tensión más amplia: la que existe entre la interpretación estricta de la ley y la lectura más expansiva que algunos jueces aplican en casos de relevancia pública. Analizar cómo la Audiencia resuelva este punto permitirá entender mejor los límites del procedimiento penal español. Aunque la causa no afecta directamente al presidente del Gobierno, su dimensión política es evidente. Cada paso procesal se interpreta en clave partidista, lo que añade presión al sistema judicial. La solicitud de suspensión busca también rebajar la intensidad mediática y evitar filtraciones o interpretaciones prematuras.
En esa línea, el abogado Antonio Camacho ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado que dirige Peinado, en el que argumenta que no puede continuar el procedimiento hasta que la Audiencia no resuelva los diferentes recursos presentados contra decisiones del magistrado, añade EFE.
En concreto, alude al que presentó la Fiscalía contra la resolución en la que Peinado adecuaba la causa al procedimiento del jurado, y el recurso de queja que el propio abogado interpuso contra el auto en el que el juez proponía juzgar a Begoña Gómez y otros dos investigados por un jurado popular.
Hace apenas unos días, el magistrado rechazó ya otros recursos, los que presentaron los tres investigados –Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés–, y ratificó su decisión de proponer que sean juzgados por un jurado.
La Audiencia Provincial de Madrid, órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones de Peinado, ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido “indicios concluyentes y consistentes”. Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será de nuevo evaluada por la Audiencia.
En su escrito, el abogado de Gómez defiende que es “manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento”.