Cuando la causa Begoña Gómez parecía terminada, vista para señalamiento de juicio con jurado y a la espera de que el juez Peinado se pronunciara sobre las medidas cautelares contra la esposa del presidente del Gobierno (retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado), el magistrado ha sorprendido a propios y extraños abriendo una nueva línea de investigación con la imputación de dos delitos más: prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Sin embargo, todo obedece a un nuevo error del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. A primera hora de la mañana, Peinado incluía a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés en la nueva investigación, pero a mediodía rectificaba y excluía a Gómez y a su asistenta de la investigación, dejando solo al industrial. Todo ello sin perjuicio de que, más adelante, se pueda ampliar las imputaciones. El asunto es grave, ya que durante horas el nombre de Begoña Gómez estuvo en todas las portadas de los digitales, radios y televisiones como imputada en un delito de prevaricación y fraude a la UE. Más leña para el escarnio público a una mujer que lleva más de dos años en la picota.
De inmediato, el Gobierno censuró el “furor” del juez Peinado al “cometer errores” con una nueva pieza para inculpar a Begoña Gómez. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, criticó el dislate y lanzó dudas de sospecha sobre la politización del caso. El ministro ha criticado la “investigación claramente prospectiva” del juez de Plaza de Castilla que tiene “consecuencias para el honor y el buen nombre de las personas”. Desde el PSOE han calificado de nuevo disparate la nueva investigación del juez Peinado, a quien han acusado de seguir alargando un juicio político a una persona inocente. “Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con ese contrato”, han trasladado los socialistas en un mensaje publicado en la red social X.
De esta manera, tras más de dos años de investigación por el máster de Begoña Gómez para la Universidad Complutense, Peinado abre otro frente y solo a dos meses para su jubilación. Es evidente que le va a dejar trabajo a su sucesor.
El magistrado, que celebró el pasado lunes una audiencia preliminar por la parte principal del procedimiento (paso necesario para poder sentar en el banquillo ante jurado a la esposa del presidente por delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida), acordó este jueves dar luz verde a una nueva pieza separada por un presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea.
Peinado se basa en una supuesta carta de recomendación que afectaría a Begoña Gómez para la formalización de un contrato, lo que a juicio del magistrado podría suponer un fraude a los fondos europeos.
De momento, la apertura de la pieza separada por dos delitos más ya está dando titulares a la prensa de la derecha. “El magistrado investiga la adjudicación de un contrato de apoyo a pymes financiado con fondos europeos, después de que la Fiscalía Europea le trasladara un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y dejara sin efecto su propio decreto de apertura de diligencias”, asegura OK Diario.
“La providencia, fechada este 18 de junio de 2026 y consultada por este diario, ordena además dar traslado al Ministerio Fiscal para que emita informe sobre la tipicidad de los hechos. El origen de este nuevo capítulo del caso Begoña Gómez está en el Expediente de Red.es relativo al ‘Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento’, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de junio de 2020, con un presupuesto base de licitación de 4.053.500 euros. La UTE adjudicataria estuvo formada por Innova Next SL –la empresa del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés– y KPMG, y su financiación corrió a cargo de fondos FEDER”. Barrabés es uno de los procesados por Peinado por su supuesta colaboración en la organización del máster de Begoña Gómez.
Mientras tanto, las partes están a la espera de conocer aún la decisión de Peinado sobre si sienta en el banquillo a la mujer del líder del PSOE y de si le retira el pasaporte por riesgo de fuga, como reclamó la acusación popular liderada por Hazte Oír. De momento, el instructor ha agotado los tres días establecidos por la ley sin adoptar las medidas, una nueva irregularidad según fuentes del entorno de la defensa de la primera dama.