Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, agota todas las balas que le quedan para evitar que la causa instruida por el juez Peinado llegue a juicio. La batería de recursos que están presentando sus abogados va en la línea de acreditar que en ningún momento se ha roto la presunción de inocencia, ya que no se ha aportado ninguna prueba de corrupción. De hecho, tanto la UCO como la Fiscalía descartan un enriquecimiento personal ilícito de la primera dama.
Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que, de llegar a juicio con jurado, se la absuelva de los cuatro delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado, ya que “los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno”. Se trata del escrito de conclusiones provisionales de cara al posible futuro juicio con jurado popular, en el que el letrado Antonio Camacho recuerda que ha mantenido durante todo el proceso esa postura y por tanto lo procedente sería archivar la causa, informa Efe.
El magistrado Juan Carlos Peinado rechazó a principios de este mes los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. La Audiencia Provincial tendrá que decidir al respecto.
Ahora, en el escrito de conclusiones provisionales protocolario de cara a un futuro juicio, la defensa de Gómez sostiene que no incurrió en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, subrayando que la mujer del presidente del Gobierno inició su colaboración con la Universidad Complutense en 2012, momento en el que su cónyuge, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ostentaba responsabilidad pública alguna.
Y solicita que las acusaciones sean condenadas en costas, incluidas las de esta defensa, por haber actuado “con temeridad y mala fe”, al insistir en el proceso pese a la “inexistencia absoluta” de indicios, con el fin de instrumentalizar la causa como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional.
Así esta defensa propone un “relato fáctico alternativo”, que arranca explicando que Gómez inició su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2012, cuando Pedro Sánchez no tenía responsabilidad pública: fue codirectora de estudios sobre fundraising (recaudación de recursos) y luego codirectora de un máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Paralelamente siguió su actividad profesional en la empresa Inmark, que dejó cuando su marido fue nombrado presidente en 2018 “con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel”.
En 2020 Begoña Gómez fue nombrada codirectora de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, un cargo que le fue ofrecido por la Complutense, precisa el escrito. Insiste el letrado de Gómez en que “la Cátedra Extraordinaria no conllevaba la percepción de retribución alguna”, que para codirigirla no es necesario tener titulación universitaria, y que el software que se creó en el seno de la misma contó con la colaboración de distintas empresas que aportaron diferentes cantidades “que fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM”. El software no se finalizó y no llegó a usarse, de modo que esas cantidades “quedaron en el patrimonio de la UCM”, que “no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno”.
Tras descartar otras supuestas actividades ilícitas en la Complutense, la defensa de Begoña Gómez también descarta irregularidades relacionadas con el trabajo de la asesora Cristina Álvarez. Sobre la relación con Juan Carlos Barrabés, que según las acusaciones la ayudó en la cátedra a cambio de que ella firmara cartas a favor de sus proyectos, la defensa explica que el empresario participó en el máster de Begoña Gómez “dando alguna clase” y “no tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo” de la cátedra investigada.