El cerco se estrecha alrededor de la trama Koldo. La Guardia Civil centra sus pesquisas en el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hombre de confianza de Pedro Sánchez. La UCO, la unidad de élite anticorrupción, considera que la “principal fuente de ingresos” de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación. Así de duro y así de rotundo suena el informe pericial.
De confirmarse, estaríamos ante un golpe letal para el Gobierno. Que la mano derecha del presidente del Gobierno esté ahora mismo bajo sospecha de haber recibido sobornos y de haberlos canalizado hacia una empresa en su órbita personal y familiar resulta extremadamente grave. Es cierto que el dinero de las supuestas comisiones manejadas por Santos Cerdán no ha aparecido hasta la fecha. Se habla de diferentes cantidades, entre uno y siete millones de euros. Pero lo que se va sabiendo hasta el momento pesa como una losa en el PSOE y en Moncloa.
Santos Cerdán sigue en prisión (como preso preventivo) y, hasta donde se sabe, sigue sin revelar el destino de las supuestas mordidas. Pero todo apunta a que, en silencio y sin hacer ruido, está empezando a colaborar con la Justicia. El último informe que ha elaborado la UCO sobre la situación patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso Efe, y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, es demoledor.
La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un “acuerdo de colaboración” para “explotar futuras oportunidades de negocio”. Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público, añade Efe.
La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, “en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública”. Y precisa que la relación entre estas empresas “estaría articulada personalmente” por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.
Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban “medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias”. Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado los directivos de Acciona Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados el 3 de diciembre junto a Pelegrini.
La Guardia Civil pone el foco en tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), las dos primeras de la Dirección General de Carreteras y la última de ellas de Adif que estaban en proceso de licitación cuando llegó Jose Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, de las que habrían derivado “presuntos pagos” al exministro y a su exasesor Koldo García, que “habrían sido gestionados por Santos Cerdán”.
Pero el escándalo tiene una segunda derivada. El último informe de la Guardia Civil revela que la empresa Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Santos Cerdán y revela la preocupación de su dueño, Antxón Alonso, por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista. “La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021.
El informe apunta decenas de pagos de la familia Cerdán cargados a la cuenta de Servinabar, empresa de la que Cerdán se habría hecho con un 45%, según una escritura localizada en un registro, aunque él asegura que nunca se llegó a formalizar.
Las revelaciones del caso Koldo empiezan a ser definitivas y entre los socios del Gobierno de coalición cunde la sensación de que nos encontramos a las puertas de algo demasiado grande. Un inmenso caso de corrupción que va más allá de unas cuantas “chistorras y lechugas”, como aseguraban los implicados de la red para referirse al supuesto dinero negro. Comisiones, presuntos sobornos, adjudicaciones ilegales, tarjetas empresariales para usos familiares. Un escándalo de proporciones gigantescas que apunta hacia una red organizada por el número 2 de Ferraz y que podría tener ramificaciones. Hace bien la Justicia en depurar responsabilidades y en indagar si existió algún tipo de financiación ilegal del partido orquestada por los cabecillas de la trama.