La pasada semana, agentes de la UCO declaraban en el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La opinión pública quedó atónita cuando, en un momento del interrogatorio, uno de los mandos reconoció, a preguntas de la defensora de García Ortiz, que no habían investigado a las más de 500 personas que supuestamente habían podido tener acceso al correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía para reducir la pena por delito tributario contra su defendido. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, dijo el jefe de la UCO ante las carcajadas de los asistentes.
Nadie entendió entonces que la investigación por revelar el correo de la pareja de la presidenta de Madrid se centrara solo en el fiscal general del Estado, ya que hubo otros muchos posibles destinatarios de esos mensajes y no fueron sometidos a vigilancia. Las pesquisas se centraron en García Ortiz y solo en García Ortiz, como máximo responsable de la Fiscalía. De alguna manera, el derecho a la presunción de inocencia saltó por los aires. Una sospecha que se confirmó cuando todos los periodistas llamados a declarar como testigos ante el Tribunal Supremo declararon que esa información confidencial no les había llegado a través del fiscal general del Estado, sino por terceras personas cuyos nombres se reservaron acogiéndose al derecho profesional a no revelar las fuentes periodísticas.
Hoy, cuando apenas ha transcurrido una semana de aquello, la UCO vuelve a situarse en el ojo del huracán después de que El Confidencial, un diario de la derecha, haya publicado a cinco columnas que la trama del PSOE del caso Koldo manejaba una tarifa del 2 por ciento en comisiones por obra amañada y que incluso quería pactar con el PNV para mantener su negocio. Por este asunto están siendo investigados el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exasesor ministerial Koldo García. Los investigadores sostienen que la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE hasta el pasado junio, Santos Cerdán (hoy en prisión), utilizó varias sociedades para ocultar sobornos de constructoras y desviarlos posteriormente a personas de su confianza.
Hasta ahí, todo perfecto. Sin embargo, se escapa un pequeño detalle: a día de hoy los agentes siguen sin encontrar el dinero físico de las presuntas mordidas, por mucho que haya dado por identificadas y documentadas las operaciones económicas, sociedades y transferencias que apuntan a comisiones vinculadas a contratos de obra pública. Se han analizado empresas como Servinabar 2000 SL, vinculada a Cerdán, que habría servido para canalizar pagos irregulares. Además, la UCO ha registrado las sedes de la constructora Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, incautando documentación que relaciona a Cerdán con contratos amañados. Y, según los informes, Cerdán habría gestionado al menos 620.000 euros en comisiones pagadas por Acciona, con otros 450.000 euros pendientes de cobro, lo que elevaría el total a más de un millón de euros. Otras fuentes hablan de hasta 7 millones. Todo ese dinero sigue sin aparecer mientras Santos Cerdán sigue guardando silencio, como una tumba, en la cárcel de Soto del Real, donde permanece en prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025. Allí fue enviado por orden del magistrado Leopoldo Puente, instructor de la Sala Penal del Supremo, por presuntos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal. La Justicia creía que Cerdán terminaría desmorándose y cantando sobre las "chistorras y las lechugas", o sea el dinero negro, pero hasta la fecha, y va ya para medio año, eso no ha ocurrido.
Lo único cierto a día de hoy es que los investigadores han rastreado cuentas y participaciones societarias, pero no han localizado aún el dinero en metálico ni los depósitos directos a su nombre. Y ya se sabe que, en toda investigación patrimonial por delitos económicos, hallar el botín del robo resulta no solo esencial, sino prioritario. No hay maletines ni bolsas con dinero, el modus operandi en este tipo de casos. Cualquiera con sentido común sabe que las sumas procedentes de la corrupción no se ingresan o transmiten por transferencias bancarias que dejan un rastro fácil para los inspectores de Hacienda y los policías de las unidades especializadas en alta corrupción. Todo ese dineral suele moverse directamente, es decir, con entregas directas en metálico mano a mano.
Así las cosas, la investigación se centra ahora en la documentación contable y societaria, no en hallazgos físicos de dinero. Los indicios son evidentes (contratos, sociedades, transferencias), pero la ausencia de dinero localizado complica la prueba judicial directa. El caso refuerza la presión sobre el PSOE, ya que Cerdán fue número dos del partido y figura clave en la etapa de José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo instruye el sumario por la condición de aforado de Santos Cerdán, y la UCO sigue rastreando posibles cuentas y sociedades en España y fuera del país. No obstante, todas las pesquisas llevadas a cabo hasta la fecha han resultado fallidas. La UCO no ha encontrado el dinero físico de las comisiones, por mucho que haya acreditado un entramado de sociedades y pagos que apuntan a que Santos Cerdán gestionó más de un millón de euros en mordidas vinculadas a obra pública. El caso sigue abierto y en fase de rastreo patrimonial.