El caso que mantiene entre rejas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dejado de ser solo una cuestión de presunta corrupción para convertirse en un termómetro de las tensiones entre justicia, política y poder institucional en España.
La defensa del dirigente socialista ha vuelto a solicitar su puesta en libertad argumentando una evidente contradicción: mientras el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, imputados en la misma trama, afrontan el proceso en libertad provisional, Cerdán permanece en la cárcel de Soto del Real. La diferencia, sostienen sus abogados, no responde a criterios jurídicos sino a un cálculo político.
El instructor, Leopoldo Puente, justificó la prisión preventiva por el “papel principal” de Cerdán en la presunta trama de sobornos vinculada a contratos públicos. Pero, a ojos de la defensa, los argumentos del propio juez en resoluciones recientes (que descartaban riesgos equivalentes en Ábalos y Koldo) desmontarían la coherencia de esa decisión. Si quienes tienen contactos internacionales y acceso a cuentas no localizadas permanecen en libertad, se pregunta el equipo jurídico de Cerdán, ¿qué justifica mantener entre rejas a quien carece de esos indicios?
El equipo legal de Cerdán sostiene, además, que su encarcelamiento vulnera su derecho a la participación política y distorsiona la representatividad parlamentaria. El argumento no es menor: el exsecretario de Organización era diputado cuando fue detenido, y su ausencia ha tenido consecuencias tangibles en el Congreso. Desde su salida, el Gobierno ha sufrido reveses legislativos que evidencian una mayoría frágil.
La defensa alega que la Guardia Civil inició investigaciones sobre un aforado sin la preceptiva autorización del Congreso, y que ese exceso (derivado de una presunta “autodeterminación de la Policía Judicial”) vulneraría el equilibrio institucional. En otras palabras, los abogados pretenden que el caso de Cerdán se convierta en un banco de pruebas sobre los límites del poder judicial frente al legislativo.
El argumento se agrava cuando la defensa denuncia posibles irregularidades en la obtención de pruebas: grabaciones filtradas, teléfonos intervenidos y la sospecha de una “investigación prospectiva”, es decir, sin indicios previos suficientes. Un escenario que evoca episodios de la política española donde la vigilancia y el espionaje se han entrelazado con la contienda partidista.
La figura de Santos Cerdán encarna una paradoja. Como uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez y principal enlace con las federaciones territoriales del PSOE, su presunta implicación en la trama golpea el corazón del aparato socialista.