El juicio contra Álvaro García Ortiz entra esta semana en su tramo final con nuevas declaraciones de periodistas y agentes de la UCO. Más allá del relato penal, el proceso revela un intento sostenido de deslegitimar la acción autónoma de la Fiscalía en un contexto de confrontación partidista. Lo que se discute no es únicamente una filtración, sino el modelo de independencia del Ministerio Público en un escenario de disputa política creciente.
El Tribunal Supremo vuelve a sentar este martes al fiscal general del Estado en la sala, en un proceso que desde el inicio se mueve entre dos planos: el estrictamente judicial y el político-mediático. García Ortiz está acusado de haber filtrado a la prensa un correo enviado por el abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Esa presunta filtración es la base sobre la que se sostiene la acusación de revelación de secretos.
Sin embargo, el desarrollo del juicio ha mostrado una realidad más compleja. Los periodistas que declararon en sesiones anteriores insistieron en que la información circulaba en redacciones antes de que el fiscal general tuviera conocimiento de ella. Esa línea se vuelve a retomar hoy con la comparecencia de seis profesionales de distintos medios, entre ellos Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, cuya declaración inicial ya dejó claro que el correo no le llegó desde la Fiscalía.
En ese punto se concentra una parte sustancial del proceso: definir quién tuvo acceso a la información, cuándo y a través de qué canales, en un entorno donde fuentes judiciales, fiscales y de defensa intercambian documentos con frecuencia. Lo que se está juzgando no es solo un acto concreto, sino la credibilidad de una institución.
La presión sobre los testigos y el clima previo
Además de los periodistas, declaran hoy el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, la fiscal jefa de Inspección y el delegado de protección de datos de la propia Fiscalía. Su testimonio no es accesorio: sirve para delimitar procedimientos internos y verificar si existió o no actuación irregular en la gestión documental.
El miércoles será el turno de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que registraron los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa de Madrid el pasado 30 de octubre. La documentación incautada y los informes elaborados a posteriori han sido utilizados por la acusación para sostener la tesis de la filtración. Sin embargo, la defensa insiste en que ninguno de esos informes acredita transmisión directa o intencional.
Será en esa línea donde el propio García Ortiz tendrá que declarar, probablemente haciendo hincapié en la trazabilidad de los correos y en los tiempos de acceso, elementos que hasta ahora favorecen su versión.
El lugar de la Fiscalía en la arquitectura institucional
En un juicio como este, el contexto es tan importante como la acusación.
La Fiscalía es un órgano que históricamente se ha visto sometido a lecturas partidistas, pero existe una diferencia relevante entre la crítica política y la tentativa de erosionar su legitimidad funcional.
Desde hace meses, la figura de García Ortiz se ha convertido en un punto de fricción para bloques políticos que buscan situar al Ministerio Público como escenario de confrontación. Este proceso no se produce en el vacío: llega tras años de tensión sobre el papel de los fiscales en casos que afectan a figuras públicas, especialmente en territorios de alta polarización institucional.
Por eso el juicio funciona también como escaparate de poder. En él se visualiza un intento de condicionar el espacio de autonomía de la Fiscalía, convertida en diana cuando sus decisiones no encajan con determinadas agendas políticas.
Lo que viene ahora
Tras las declaraciones, el día 13 se escucharán los informes de acusación y defensa, y el caso quedará visto para sentencia. No hay previsión de fallo inmediato.Tampoco de cierre mediático.Lo que está en discusión no se resolverá con una cifra de años o con una inhabilitación sí o no, sino con el relato que quede fijado: si la Fiscalía tiene derecho a actuar con independencia o si cada decisión suya debe ser interpretada como extensión de una disputa partidista.