La mañana de hoy, mientras la actividad política parecía transcurrir dentro de sus márgenes habituales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en las sedes de la multinacional española Acciona en Madrid y Bilbao. La operación responde a una pieza secreta abierta en el Tribunal Supremo que gira en torno a Santos Cerdán, antiguo número tres del PSOE y figura clave del engranaje interno que sostuvo a Pedro Sánchez en sus fases más delicadas de poder. Ahora, el exdirigente socialista se encuentra en el epicentro de una investigación que sugiere la existencia de una presunta red de contratos públicos amañados y comisiones ilegales.
El instructor del caso, el juez Leopoldo Puente, sospecha que Cerdán habría cobrado comisiones de una de las grandes familias empresariales del país: los Entrecanales. La compañía Acciona, insignia de este clan empresarial, habría presuntamente abonado más de seis millones de euros a la mercantil vinculada a Cerdán, Servinabar 2000 SL. A cambio, el político habría intervenido, presuntamente, para orientar la adjudicación de más de una decena de concursos de infraestructuras en beneficio de la compañía.
La operación no se limita a Acciona. Otras empresas, también bajo el foco investigador, habrían pagado sobornos y obtenido ventajas similares gracias a la mediación de Cerdán. Una pieza clave dentro de este mosaico de adjudicaciones sospechosas es la construcción de los nuevos túneles de Belate, en Navarra, una obra valorada en 76 millones de euros que ahora se examina con lupa.
La UCO busca documentación que pueda esclarecer la posible manipulación de estos concursos. Los registros simultáneos en Madrid y Bilbao sugieren un operativo articulado y de alcance amplio. Sin embargo, la investigación se mueve aún en el terreno de lo reservado: la causa permanece bajo secreto sumarial y los detalles avanzan con cuentagotas.
Más allá del impacto judicial, el caso adquiere relevancia por la figura del investigado. Santos Cerdán fue durante años uno de los personajes más influyentes del PSOE. Su papel en la estructura interna del partido, especialmente cercano a la figura de Pedro Sánchez, otorga a la investigación una dimensión política inevitable. No se trata únicamente de determinar si existió un intercambio de favores entre una gran constructora y un político bien situado, sino de evaluar cómo se gestionó el poder en una etapa reciente y trascendental del socialismo español.
Mientras el Tribunal Supremo continúa desgranando la red de relaciones empresariales y políticas que rodean a Cerdán, la operación reabre el debate sobre la permeabilidad entre la obra pública y los intereses privados. El caso apunta, en última instancia, a una cuestión más profunda: la capacidad del sistema para detectar, corregir y sancionar los posibles desvíos éticos de quienes ejercen poder en el reparto de recursos públicos.
Por ahora, la investigación avanza en silencio. Pero sus efectos, políticos, judiciales y empresariales tanto en España como en el extranjero, apenas comienzan a manifestarse. Y, dependiendo de su rumbo, podría convertirse en uno de los episodios más incómodos para la arquitectura institucional que rodeó al poder socialista en los últimos años.