En los informes de Bruselas, el FMI, la OCDE y los discursos de Moncloa, España vive un momento de bonanza. Crece más que sus vecinos europeos, el empleo alcanza cifras récord y la inflación parece bajo control. Pero en la geografía real del país (en los supermercados, en los juzgados de lo mercantil, en los barrios donde el alquiler consume más de la mitad del salario) la historia es otra: la de una recuperación desigual, concentrada en las élites económicas y acompañada de una pobreza persistente que la retórica del crecimiento no logra ocultar.
Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), uno de cada cuatro españoles (12,5 millones de personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El dato resulta tanto más inquietante cuanto que coincide con un ciclo de expansión económica. España, pese a crecer, sigue fracturada por una frontera invisible: la del norte próspero y el sur precario; la de quienes pueden pagar la factura de la luz y quienes se endeudan para llegar a fin de mes.
Dos países, una misma bandera
La cartografía de la desigualdad española no es nueva, pero sí más nítida. El eje norte-sur es, cada vez más, una división estructural. Comunidades como Euskadi o Navarra exhiben tasas de pobreza comparables a las de los países más desarrollados de la UE (en torno al 14%), mientras que Andalucía, Murcia o Extremadura superan el 27%. La cohesión territorial, tantas veces invocada como principio constitucional, se deshace en la práctica: el lugar de nacimiento sigue determinando las oportunidades vitales.
La pobreza infantil ilustra mejor que ningún otro indicador el carácter intergeneracional del problema. Casi tres de cada diez menores españoles crecen en hogares pobres. En Murcia o Andalucía, la cifra se eleva a dos de cada cinco. Esta no es una estadística, sino una herencia: una sociedad donde el punto de partida condiciona el futuro, y donde las políticas de redistribución actúan como paliativo, no como solución.
Ilusión de crecimiento
El gobierno de Pedro Sánchez insiste en que España “va bien”: el PIB crece un 2,5%, el desempleo desciende, los salarios suben un 3,5%. Pero el dato macroeconómico ha dejado de ser un espejo fiel de la realidad social. Lo que crece no es el bienestar, sino el diferencial entre los balances empresariales y las cuentas domésticas.
Las cifras del Consejo General del Poder Judicial son un contrapunto elocuente. Los concursos de acreedores personales han aumentado un 24,4% en el último año, mientras que las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 75,8%. No son las grandes corporaciones las que quiebran, sino las familias trabajadoras. El dinamismo económico de España, por tanto, descansa sobre una base frágil: hogares que mantienen el consumo a crédito y que dependen, en gran medida, de las transferencias públicas para no caer en la pobreza.
EAPN-ES lo resume con una frase inquietante: “Sin la red de ayudas del Estado, la pobreza en España se duplicaría”. Las pensiones, subsidios y prestaciones reducen la tasa del 42% al 19%, pero no la eliminan. En otras palabras, el gobierno de Sánchez no está generando prosperidad, sino administrando la escasez.
La trampa del empleo
España crea empleo, pero no riqueza para quienes trabajan. El 13% de las personas con trabajo sigue en riesgo de pobreza. La ecuación que durante décadas garantizaba movilidad social, es decir, trabajar para mejorar, ya no funciona. Los nuevos empleos, concentrados en el turismo, la hostelería y los servicios, son precarios, mal remunerados y temporales.
Mientras tanto, los precios crecen más rápido que los salarios. Desde 2021, los alimentos básicos se han encarecido más de un 30%; la leche un 44%, la carne un 45%, los huevos un 66%. La electricidad, el transporte y los servicios esenciales absorben cada euro ganado. La inflación oficial ronda el 3%, pero para las familias trabajadoras, que destinan la mayor parte de sus ingresos a productos básicos, la inflación real es mucho mayor.
Es un fenómeno que los economistas definen como “estancamiento distributivo”: una economía que crece en términos agregados, pero cuya expansión se concentra en los márgenes del capital, no en la renta del trabajo. Las grandes empresas tecnológicas y financieras acumulan beneficios de dos dígitos; las familias ajustan la dieta.
Vivienda, el epicentro de la desigualdad
Nada refleja mejor la nueva pobreza que el acceso a la vivienda. Los precios del alquiler han subido un 39% desde 2014, el doble que las hipotecas. En ciudades como Madrid, Barcelona o Palma, el 40% del ingreso medio se destina al pago del hogar. En la práctica, la vivienda ha dejado de ser un bien social para convertirse en un activo financiero, en el que el capital global encuentra refugio y rentabilidad.
La paradoja es evidente: el país que presume de récords de inversión inmobiliaria es también aquel donde los jóvenes no pueden emanciparse hasta los 30 años y donde los lanzamientos judiciales, aunque se han reducido, afectan todavía a miles de familias cada trimestre.
Redistribución hacia arriba
El discurso de “crecimiento inclusivo” del gobierno se sostiene sobre un espejismo. El sistema fiscal español, altamente dependiente de impuestos indirectos, castiga más al consumidor que al capital. El IVA y los tributos sobre energía o consumo pesan mucho más que los impuestos directos sobre beneficios empresariales. La política redistributiva, en lugar de corregir desigualdades, las perpetúa.
El resultado es una redistribución hacia arriba: los hogares financian, a través del consumo, el crecimiento de un modelo que premia la concentración de beneficios. Las ayudas y bonos alivian temporalmente la presión, pero no alteran la estructura del problema.
Desigualdad estable
Lo que el informe de EAPN-ES y los datos judiciales revelan es una constante incómoda: España no sufre una crisis abierta, sino una normalización del malestar. La pobreza ya no es un accidente económico, sino un estado permanente para una parte significativa de la población.
En un contexto así, la política económica se convierte en retórica. El gobierno de Sánchez celebra los indicadores que tranquilizan a Bruselas, pero evita los que inquietan a los votantes: el aumento de las quiebras familiares, la sobrecarga de vivienda, la pobreza infantil. El resultado es una desconexión peligrosa entre relato y realidad, entre la economía oficial y la cotidiana.
La España de Sánchez se encoge desde abajo
En contra de lo que afirma el PP y la ultraderecha, España no se hunde, pero sí se encoge. Lo hace desde abajo, lentamente, a medida que las clases trabajadoras pierden poder adquisitivo, los jóvenes retrasan su independencia y las familias recortan en bienestar para sobrevivir. La cohesión social que sostuvo la Transición, la promesa de que cada generación viviría mejor que la anterior, se resquebraja.
El “milagro español” de Pedro Sánchez es, en última instancia, una paradoja: un país que presume de crecimiento mientras normaliza la precariedad; que se proyecta como modelo de estabilidad mientras convive con 12 millones de personas al borde del abismo.
El reto no es volver a crecer, sino aprender a repartir. Porque la pobreza no es una fatalidad histórica, sino una elección política. Y hoy, en la España de Pedro Sánchez, esa elección sigue beneficiando a los de siempre.