Las quiebras de familias trabajadoras se disparan un 24,4% en un año

Los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran una realidad que desmonta totalmente la euforia macroeconómica del gobierno de Pedro Sánchez dado que las ejecuciones hipotecarias también se han disparado en un 75,8%

16 de Octubre de 2025
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Quiebras Familias Trabajadoras

En pleno auge de los titulares y declaraciones que celebran la recuperación económica española y el crecimiento macroeconómico que el gobierno de Pedro Sánchez suele exhibir como su gran logro, los datos oficiales de los concursos de acreedores y ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de 2025 cuentan otra historia: la de una economía que crece para unos pocos mientras los hogares trabajan bajo presión constante.

Según las cifras del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los concursos de acreedores aumentaron un 18,9% respecto al mismo trimestre de 2024, consolidando una tendencia al alza que comenzó en 2020. No son las grandes empresas ni los empresarios los que impulsan este aumento: los concursos de personas jurídicas disminuyeron un 7,4% y los de personas naturales empresarios cayeron un 16,6%. La carga recae, en cambio, sobre las personas naturales no empresarias, es decir, en las familias trabajadoras, cuyos concursos se dispararon un 24,4%.

El contraste es evidente: mientras el gobierno se jacta de cifras macroeconómicas que parecen robustas, la realidad de los hogares muestra que cada vez más familias no pueden afrontar sus deudas básicas. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran la mayor parte de estos concursos, un reflejo de que la presión financiera no es uniforme sino que golpea con especial intensidad a los grandes centros urbanos y a las comunidades más pobladas.

La situación se agrava al observar las ejecuciones hipotecarias: subieron un 75,8% en comparación con 2024, pese a que los lanzamientos cayeron un 11,6%. Este aumento es una señal clara de que la deuda inmobiliaria sigue siendo una amenaza para la estabilidad de las familias. Los datos desagregados muestran que Cataluña lidera este indicador con 3.102 ejecuciones, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana. El índice por habitante refleja que las regiones más densamente pobladas son también las más vulnerables.

Paralelamente, las demandas por despido cayeron apenas un 2,2%, y los expedientes de regulación de empleo (ERE) un 12%, cifras que podrían interpretarse como leves señales de estabilidad laboral. Sin embargo, el incremento estructural de los concursos de personas naturales no empresarias indica que esta aparente estabilidad laboral no se traduce en solvencia económica real para la mayoría de los ciudadanos. La precariedad laboral, la parcialidad, los bajos salarios y los costes de vida crecientes se combinan para producir un efecto acumulativo que las estadísticas macroeconómicas simplemente no reflejan.

El análisis de los procedimientos monitorios (reclamaciones de deudas dinerarias líquidas) muestra también un descenso del 18,4%, pero esto no implica que los hogares tengan menos problemas económicos; más bien refleja la dificultad de acceso al sistema judicial o la renuncia de los acreedores menores a perseguir pequeñas deudas, que también forma parte de la economía cotidiana de millones de españoles.

Mientras tanto, la narrativa gubernamental de éxito económico se centra en indicadores agregados de crecimiento del PIB y empleo, esquivando la evidencia de que la prosperidad está concentrada en las élites y grandes empresas. Las familias trabajadoras, que viven al día y enfrentan fuertes incrementos en los precios de los servicios y productos básicos, no perciben este crecimiento. Los concursos y ejecuciones hipotecarias son, en realidad, una expresión tangible de la fragilidad financiera que afecta a la mayoría.

La paradoja es evidente: España puede registrar un crecimiento macroeconómico del 2% o 3%, pero si ese crecimiento no llega al bolsillo de los hogares, si las personas físicas no empresarias continúan quebrando y perdiendo sus hogares, la narrativa oficial se convierte en un relato de éxito vacío, un maquillaje estadístico que oculta el verdadero riesgo social y económico.

En términos de política económica, esto plantea que el gobierno no puede sostener su narrativa de euforia mientras los tribunales mercantiles y de primera instancia registran récords de concursos y ejecuciones hipotecarias.

Los datos oficiales sugieren que, bajo la superficie de la prosperidad macroeconómica, la economía española mantiene una base social inestable, en la que el crecimiento real de los hogares no solo es limitado, sino que incluso retrocede frente a las presiones financieras y la inflación de necesidades básicas.

Pedro Sánchez pretende que su legado económico sea recordado como un periodo de prosperidad sostenida, sin embargo, sin abordar la desigualdad estructural y la precariedad de los hogares todo quedará en propaganda. Los titulares de crecimiento no alimentan a las familias ni detienen los concursos de acreedores. La realidad judicial y económica apunta a que la verdadera recuperación está aún pendiente y que la euforia macroeconómica es, en gran medida, un espejismo que beneficia solo a la minoría del 1%.

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