El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que España es la economía que más crece entre las grandes de Europa, sobre todo tras las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Los titulares oficiales hablan de “fortaleza macroeconómica”, de récord de empleo y de una inflación “controlada”. Pero tras esa narrativa de éxito, la realidad cotidiana de millones de familias españolas cuenta otra historia: una de empobrecimiento progresivo, estancamiento salarial y una inflación estructural que devora cada euro que entra en los hogares porque está golpeando sobre todo a los productos básicos.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un punto en apenas cuatro meses, del 2% en mayo al 3% en septiembre. Una cifra que, sobre el papel, podría parecer moderada, pero que en la práctica se traduce en un golpe sostenido a los productos básicos: electricidad, transporte, alimentos, vivienda y educación. La subida del 7,1% en la electricidad o del 14,5 % en la tasa de basuras no son simples fluctuaciones, sino síntomas de una economía que traslada sus costes a los más vulnerables mientras mantiene intactos los beneficios empresariales.
En los despachos del Ministerio de Economía, el Gobierno celebra el crecimiento del PIB. En los supermercados, las familias miden la leche al mililitro y los filetes a la unidad. Desde 2021, los alimentos se han encarecido un 31,3%. Los huevos cuestan un 66% más, la leche un 44%, la carne más del 45%, y el café, ese pequeño lujo cotidiano, casi un 50%. La inflación, que el Ejecutivo describe como “contenida”, se ha convertido en una forma de impuesto silencioso que redistribuye riqueza hacia arriba.
Espejismo de crecimiento
España crece, pero lo hace para unos pocos. Las cifras macroeconómicas se han divorciado de la economía real. Las grandes empresas tecnológicas y financieras (beneficiarias de una estructura fiscal indulgente y de fondos europeos) han visto dispararse sus beneficios. Las familias, en cambio, pagan más por los bienes esenciales y ahorran menos que nunca porque los salarios se están empobreciendo.
Los salarios han subido un 3,5%, pero los precios de los productos imprescindibles han subido mucho más. Con ese 3,5% hay que hacer frente a alimentos, vivienda y energía que se encarecen a doble dígito. Solo un tercio de los trabajadores cubiertos por convenios ha experimentado incrementos salariales superiores al 3%, lo que deja a dos tercios del país perdiendo poder adquisitivo año tras año.
Esta brecha no es coyuntural, sino estructural. En España, el modelo de crecimiento se apoya en sectores de baja productividad (turismo, hostelería, servicios temporales) y en una intervención estatal orientada más a sostener los indicadores macroeconómicos que el bienestar real. La deuda pública se mantiene por encima del 108% del PIB, mientras los salarios reales apenas crecen y el acceso a la vivienda se ha convertido en una utopía para la generación joven.
El gobierno presume, el consumo se desploma
El relato oficial insiste, utilizando las mismas palabras de José María Aznar, en que “España va bien”. Pero los datos de consumo cuentan lo contrario: los hogares compran menos carne, menos pescado, menos fruta, y recurren más a las marcas blancas. Las familias con hijos son las más castigadas, pues la educación infantil y primaria se ha encarecido un 3,9% en un solo mes, y la secundaria un 3,4%.
Las políticas públicas no parecen haber seguido el ritmo del deterioro social. Los bonos y ayudas han funcionado más como parches electorales que como herramientas estructurales. Mientras tanto, los precios de la vivienda continúan disparados y el parque público de alquiler sigue siendo marginal.
El gobierno de Sánchez ha logrado blindar su relato macroeconómico en Bruselas, pero internamente enfrenta un problema político más profundo: la desconexión entre la narrativa del éxito y la experiencia de las clases media y trabajadoras. Cada vez más españoles sienten que el crecimiento es una estadística abstracta que ocurre “en otro país”.
Inflación que ahoga
La inflación no deja respirar. La verdadera inflación no es la de los indicadores, sino la de los productos que se compran cada semana: huevos, leche, carne, aceite, café.Es esa inflación invisible, la del supermercado, la factura eléctrica o el transporte, la que define el malestar económico. El IPC general, al ponderar bienes prescindibles y consumos minoritarios, oculta la erosión de la renta disponible real.
Las familias de clase trabajadora, que destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentación y energía, soportan una inflación efectiva muy superior al promedio. En cambio, las élites urbanas y empresariales, protegidas por rentas del capital, vivienda en propiedad y deducciones fiscales, apenas notan el impacto.
El resultado es un país que se fractura silenciosamente entre quienes pueden absorber la inflación y quienes viven permanentemente al borde del descubierto.
Redistribución hacia arriba
El problema no es solo económico, sino político. Bajo la retórica progresista de “crecimiento inclusivo”, la España de Sánchez ha consolidado un modelo que redistribuye hacia arriba. Los impuestos indirectos, como el IVA, penalizan al consumidor, mientras que las grandes corporaciones disfrutan de regímenes especiales y márgenes de beneficio récord.
La subida de salarios, celebrada por el gobierno como signo de prosperidad, es en realidad un espejismo estadístico: una corrección mínima frente a un encarecimiento generalizado de la vida. La política fiscal, por su parte, sigue dependiendo del consumo y de los asalariados, mientras que los sectores que más se benefician del ciclo expansivo contribuyen relativamente menos.
Las élites financieras y energéticas, con beneficios de doble dígito, capitalizan el discurso del “milagro español” mientras las familias recortan en carne y calefacción. Es un modelo que recuerda a la paradoja de la “prosperidad sin bienestar”: el PIB crece, pero el país no.
Pedro Sánchez ha construido su legitimidad sobre la promesa de estabilidad frente al caos de la derecha. Pero esa estabilidad tiene un coste político: la normalización del malestar social. El Gobierno evita el conflicto, confía en que las estadísticas macroeconómicas basten para sostener su relato, y delega en Bruselas el aval de sus políticas. Sin embargo, bajo la superficie, se acumula una tensión que es producto de una generación que trabaja más, gana menos y no ve horizonte.
España se encoge desde abajo
España no vive una crisis visible, sino una erosión silenciosa. La inflación se modera en los informes, pero no en los hogares. El empleo crece, pero con una precariedad sistémica y salarios que no cubren una vida digna. Sin embargo, el gobierno celebra su éxito macroeconómico mientras las familias aprenden a sobrevivir con menos.
El “milagro económico” de Sánchez puede resistir en los gráficos, pero no en la cesta de la compra. Y cuando el crecimiento solo llega a las élites, la verdadera pregunta no es cuánto crece un país, sino para quién.