Isabel Díaz Ayuso acudió este miércoles 15 de julio al Libertas Forum del Partido Popular Europeo para hablar de libertad y terminó describiendo España como un país al borde de la autocracia, invadido por millones de inmigrantes y gobernado por una organización que manipula elecciones, medios de comunicación, empresas y tribunales.
El discurso constituye la versión más extrema de una arquitectura política que la presidenta madrileña lleva años perfeccionando: el mercado representa la espontaneidad, el individuo y la prosperidad; el Estado, cuando regula, recauda o redistribuye, se convierte en tutela, abuso y amenaza.
"Nuestra Administración ni tutela ni dirige: sirve al ciudadano", proclamó. Después recuperó su lema: "A Madrid se viene a que te dejen en paz". También defendió "el orden espontáneo de una sociedad que prospera con naturalidad" y arremetió contra la burocracia y los "impuestos confiscatorios".
El discurso completa así la tesis del artículo anterior. Shoshana Zuboff atribuye a Eric Schmidt, entonces consejero delegado de Novell y futuro máximo ejecutivo de Google, unas declaraciones realizadas a la BBC en 1998 en las que resumió el credo de Silicon Valley como "anti-government, anti-regulation, anti-Congress". Según la investigadora, Schmidt reclamó libertad para perseguir los intereses propios y exigió que el Gobierno dejara en paz a las empresas tecnológicas. Ayuso sustituye los «intereses» por los «proyectos» y las empresas por los ciudadanos, pero conserva la premisa: la libertad comienza cuando el poder público se aparta.
Un Estado selectivo
Ahí aparece una contradicción fundamental. El Estado debe retroceder ante los negocios, los impuestos y la regulación, pero fortalecerse para controlar fronteras, imponer "ley y orden" y combatir a quienes quedan fuera de los llamados «valores occidentales».
Es un Estado selectivo: ligero para el mercado y contundente contra el adversario.
Ayuso presentó el ideal madrileño como la superación de los enfrentamientos entre ricos y pobres, trabajadores y empresarios, naturaleza y empresa, público y privado. La "pretendida lucha de clases" sería una invención que separa artificialmente a personas destinadas a prosperar juntas.
El tópico borra de una frase la desigualdad salarial, la precariedad, el precio de la vivienda y el distinto poder de negociación de una multinacional y un trabajador. Las diferencias materiales desaparecen bajo una palabra total: libertad.
Después, el discurso entró en el terreno de la alarma. España estaría gobernada por un «movimiento de destrucción del Estado de derecho» y avanzaría hacia una «democracia popular». Venezuela y Cuba funcionan como atajos emocionales: no explican la situación española, pero convierten al adversario democrático en una amenaza civilizatoria.
Verdades estiradas hasta la conspiración
Ayuso utilizó algunos hechos ciertos, pero los amplificó hasta convertirlos en pruebas de una operación política coordinada. España mantiene prorrogados para 2026 los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023 y el último debate sobre el estado de la nación se celebró en julio de 2022. Son anomalías políticas relevantes, pero ese debate todavía no tiene una periodicidad anual obligatoria: se trata de una convención parlamentaria cuya regulación se está tramitando precisamente ahora.
También es cierto que el Tribunal Supremo condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados. Lo que la sentencia no establece es que dirigiera una "operación ilegal contra adversarios políticos", como sostuvo Ayuso. Una condena por unos hechos concretos pasa a presentarse como demostración de una maquinaria estatal organizada contra la oposición.
La presidenta afirmó asimismo que en España "no gobierna el principal partido político ni se le permite intervenir". La frase es falsa en términos constitucionales. En una democracia parlamentaria no gobierna automáticamente la candidatura con más escaños, sino quien obtiene la confianza del Congreso. Pedro Sánchez fue investido por la Cámara y el PP dispone actualmente de 137 diputados, participa en los órganos parlamentarios, presenta iniciativas y ejerce el control al Gobierno.
Los "cerca de 130 imputados" por corrupción tampoco constituyen una estadística judicial oficial. La cifra procede de declaraciones del dirigente popular Elías Bendodo y no va acompañada de un listado público que permita comprobar qué personas incluye, qué relación mantiene cada una con el PSOE o si mezcla investigados, acusados y condenados. Es una contabilidad partidista presentada como dato consolidado.
El bulo del censo migrante
La falsedad más grave llegó con la inmigración. Ayuso habló de entradas "sin control" por Barajas, las fronteras y ahora también Gibraltar; de más de tres millones de personas, otros tres millones fuera de control y una supuesta concesión de ciudadanía destinada a «viciar los censos electorales» en beneficio del Gobierno.
La regularización extraordinaria de 2026 concede una autorización temporal de residencia y trabajo, no la nacionalidad española. Exige acreditar presencia anterior en España, una permanencia mínima y la ausencia de antecedentes penales. El propio Ministerio de Inclusión aclara expresamente que regularización y nacionalidad son procedimientos distintos.
Solo los ciudadanos españoles pueden votar en elecciones generales. Los ciudadanos comunitarios pueden participar, cumpliendo determinados requisitos, en elecciones municipales y al Parlamento Europeo. Convertir una autorización de residencia en un plan para fabricar electores de Sánchez es un bulo sin fundamento legal. (Instituto Nacional de Estadística)
La cifra de tres millones parece aprovechar otra realidad: España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. No son personas desaparecidas del control administrativo, sino trabajadores registrados que cotizan.
Tampoco Gibraltar se ha transformado en una frontera descontrolada. El nuevo acuerdo atribuye a España los controles Schengen en el puerto y el aeropuerto gibraltareños y la última palabra sobre los permisos de residencia. Ayuso invierte el contenido del pacto para convertir un mecanismo de control fronterizo en una amenaza migratoria.
Una rectificación no convierte RTVE en Venezuela
Ayuso aseguró que RTVE está "condenada por manipular" y sometida al Gobierno como no se había visto en Europa. La resolución judicial reciente que encaja con esa referencia ordenó rectificar una información concreta emitida en Mañaneros 360 sobre una subvención de la Comunidad de Madrid al Colegio de la Abogacía. No declaró que toda RTVE fuera un aparato gubernamental ni acreditó una manipulación estructural comparable con la televisión venezolana.
Este es el mecanismo central de la intervención: un hecho parcial se expande hasta describir el sistema entero. Una condena individual demuestra la destrucción del Estado de derecho; una rectificación periodística convierte RTVE en propaganda gubernamental; una regularización administrativa se transforma en fraude electoral; la prórroga presupuestaria anuncia una autocracia.
La libertad como coartada
El discurso amplía el credo atribuido a Schmidt. La libertad ya no es únicamente la ausencia de regulación reclamada por los magnates tecnológicos. Es una marca capaz de presentar la bajada de impuestos como emancipación, la redistribución como abuso y el Estado del bienestar como una subvención permanente de problemas.
Pero esa promesa tiene un reverso: miedo a los inmigrantes, sospecha sobre los medios públicos, deslegitimación del Gobierno investido por el Parlamento y comparación constante con dictaduras. Ayuso no ofreció una descripción fiable de España. Construyó un relato en el que cada hecho verdadero se exagera, cada cifra dudosa se convierte en certeza y cada conflicto democrático desemboca en Venezuela.
Menos Estado para quienes poseen capital y más Estado contra quienes son señalados como amenaza. Ese es el contenido final del «que te dejen en paz»: libertad para unos, vigilancia y miedo para los demás.
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