El mercado inmobiliario español encara el final de 2025 con una doble cara. Mientras las agencias del sector prevén un repunte de ventas y una estabilización en la captación de nuevas viviendas, el alquiler sigue tensionado por la escasa oferta y la demanda creciente. La última Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI) de idealista revela que más de la mitad de las agencias consultadas esperan que los precios de las casas continúen subiendo en el último trimestre del año.
Por otro lado, el acceso a la vivienda en alquiler se mantiene como uno de los grandes retos sociales: casi la mitad de los agentes inmobiliarios anticipa un nuevo encarecimiento de las rentas, mientras el Gobierno de Isabel Rodríguez defiende la intervención pública para evitar la especulación y garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Un mercado de compraventa que se estabiliza
Según la encuesta de idealista, el 49% de las agencias espera captar más viviendas para vender que en el trimestre anterior, y un 30% prevé mantener el mismo nivel. Solo un 16% cree que recibirá menos stock disponible. En cuanto a las operaciones, el 53% de los encuestados confía en cerrar más ventas antes de que termine el año, frente al 29% que prevé mantenerse igual y un 15% que espera una caída.
Más de la mitad de los agentes —un 51%— coincide en que los precios seguirán subiendo, aunque con una leve moderación respecto al trimestre pasado. Apenas un 5% anticipa bajadas. El índice de confianza en la venta se sitúa en 71,5 puntos, una ligera caída frente al trimestre anterior, pero aún por encima de los niveles de hace un año.
Esta tendencia sugiere un mercado que, aunque más prudente, continúa moviéndose en un entorno de precios altos y oferta limitada, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, donde la demanda interna se suma a la inversión extranjera.
El alquiler, cada vez más inaccesible
El panorama es distinto —y más preocupante— en el mercado del alquiler. El 45% de las inmobiliarias consultadas espera que los precios suban todavía más en los próximos meses, y un 41% prevé que se mantengan en niveles elevados. Solo el 3% vislumbra una posible bajada.
El índice ESI de alquiler cae ligeramente hasta los 59,4 puntos, su cifra más baja desde mediados de 2024, lo que refleja un enfriamiento del optimismo en el sector. Sin embargo, los precios siguen siendo altos debido a la falta de oferta: un 26% de las agencias reconoce que captará menos viviendas en arrendamiento que el trimestre anterior, mientras que otro 28% ya ni siquiera gestiona alquileres, en parte por las nuevas medidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Esta combinación de factores —poca oferta, alta demanda y restricciones normativas— mantiene el mercado del alquiler bajo una presión constante, con consecuencias sociales cada vez más evidentes: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y barrios expulsando a su población residente por el avance de la turistificación.
El Gobierno defiende intervenir frente a la especulación
Ante esta situación, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de intervenir el mercado y limitar los precios de forma temporal. Durante una sesión en el Senado, respondió a las críticas del PP, que calificó de “comunista” la medida, recordando que “evitar la especulación es un mandato constitucional” y que “el derecho a la vivienda debe primar sobre los intereses del mercado”.
Rodríguez denunció que “la presidenta de la Comunidad de Madrid llama a los extranjeros ricos para que vengan a comprarse Madrid entero”, mientras el acceso a la vivienda para los madrileños se complica. Defendió, además, que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 multiplicará por tres la inversión pública hasta los 7.000 millones de euros, con el objetivo de reforzar la vivienda protegida y asequible.
“Hace falta más oferta y hay que construir más, pero no de cualquier manera —explicó Rodríguez—. Queremos más vivienda pública, no solo más ladrillo para la especulación”. Según la ministra, el Gobierno busca “un equilibrio entre oferta y protección” que permita recuperar la función social de la vivienda.
El PP y Vox rechazan el control de precios
El Partido Popular y Vox se oponen frontalmente a esta intervención. La senadora popular Paloma Martín calificó el plan de vivienda de “unilateral y autoritario” y advirtió de que “los controles de precios son contraproducentes y hunden la oferta”. En la misma línea, Vox acusa al Ejecutivo de “inseguridad jurídica” y de no afrontar problemas como la ocupación ilegal o la “inquiocupación”.
Pese a las críticas, la Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado una iniciativa del PP que obliga a la ministra a comparecer cada tres meses para informar sobre la evolución de los precios y la aplicación de la Ley de Vivienda. La medida salió adelante gracias a los votos de populares y Vox, mientras PSOE y Sumar votaron en contra.
Desde Sumar, la diputada Verónica Martínez Barbero reclamó “medidas más valientes” y advirtió de que “si el Gobierno no se atreve a frenar la especulación, habrá fracasado en su compromiso con la ciudadanía”.
Teletrabajo y despoblación: un reto paralelo
El debate sobre el mercado inmobiliario se cruza con otro desafío: la repoblación de la España vaciada. El PSOE propone impulsar el teletrabajo en zonas rurales aprovechando la expansión de la red 5G, pero formaciones como Esquerra Republicana consideran la iniciativa “insuficiente”. “El mundo rural se apaga mientras las ciudades se lo tragan todo”, denunció la diputada Teresa Jordá.
Para muchos partidos, el reto pasa no solo por atraer trabajadores remotos, sino por invertir en servicios, infraestructuras y vivienda pública rural. “El campo no puede ser solo un decorado bucólico —afirmó Jordá—, es una parte viva y productiva del país”.
Un cierre de año entre expectativas y urgencias
Con la compraventa estabilizada y el alquiler al borde del colapso, el final de 2025 se presenta con un diagnóstico claro: España necesita más vivienda asequible y políticas coordinadas entre administraciones. El mercado muestra síntomas de recuperación en ventas, pero la desigualdad en el acceso a la vivienda sigue siendo el mayor desafío estructural.
Como señaló la ministra Rodríguez en su intervención más reciente, “la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de lujo, sino como un derecho básico”. El problema, cada vez más evidente, es que para muchos españoles ese derecho sigue siendo, por ahora, un privilegio.